La máquina incineradora
David Ramírez-de-Garay (@DavidRdeG ) | El Sol de México
El 17 de septiembre de 2018 medios nacionales publicaron una nota sobre el descubrimiento de un tráiler que contenía más de 150 cuerpos en Jalisco. Unas horas después se comprobó que se trataba de cuerpos que estaban bajo el resguardo del gobierno estatal. Junto con los cadáveres encontrados en dos tráileres y los que se encontraban en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se llegó a una cifra de 440 cuerpos, de los cuales sólo 60 contaban con los registros para personas fallecidas no identificadas que marca la ley.
El pasado 30 de enero, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEDAP) presentó el reporte “Incineraciones de cuerpos no identificados. Crímenes sin justicia”. La organización documentó dos casos y presentó cifras sobre miles de cuerpos no identificados que fueron incinerados por las autoridades de Jalisco sin cumplir con los protocolos de establecidos por las leyes federales.
Este trabajo logra documentar el desorden que existe en las instituciones de seguridad y justicia. Comparando diversas fuentes, como solicitudes de información, información oficial y trabajos periodísticos, este documento nos muestra de manera muy clara que, por la forma en que las instituciones están enfrentando el problema, estamos muy lejos de poder garantizar el acceso a la verdad y la justicia, así como el respeto a la dignidad de las víctimas.
Desafortunadamente, el caso de Jalisco es uno de los pocos que han logrado salir a la luz. Lo más probable es que esta situación se esté repitiendo en otros estados que llevan varios años enfrentando crisis de inseguridad y aumentos de violencia letal.
A finales de enero de este año se publicaron los resultados anuales del Mecanismo de Evaluación y Transparencia del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Púbica (FASP) del Sistema Nacional de Seguridad. Para el ejercicio 2018, el subsidio federal destinó poco más de 9 mil millones de pesos para las entidades. Como referencia, para el mismo periodo, el presupuesto aprobado para las fuerzas armadas (SEDENA y SEMAR) fue de más de 112 mil millones de pesos.
El FASP es un subsidio que se transfiere a las entidades para que éstas inviertan en 10 programas con prioridad nacional, como las ciencias forenses son uno de ellos. Sin embargo, en sólo se destinaron 520 millones de pesos para este ámbito en 2018. Es decir, solo el 6% de los recursos totales se invirtió en el mejoramiento de las ciencias forenses.
La desatención presupuestal es claramente parte del problema. No obstante, cuando se hacen públicos casos como el de Jalisco es inevitable pensar que también se trata de un problema de institucionalización de la crueldad. Los organismos públicos han desarrollado rutas para administrar las tragedias sin el menor respeto a la dignidad humana y a los derechos de las víctimas. Esto nos habla de un sistema que ha optado por crear mecanismos que hacen cada vez más difícil el acceso a la justicia y a la verdad. Gracias a ello, amplios sectores de la población se tienen que enfrentar día con día al desinterés y la frialdad procesal con la que las autoridades abordan las tragedias de miles de familias en todo el país.
Desafortunadamente, en el país de los más de 37 mil desaparecidos, nos encontramos con más frecuencia historias como las documentadas por CEDAP que con propuestas claras y contundentes por parte de las autoridades para comenzar a desarticular a esta cruel maquinaria.
