La inversión en infraestructura, en un sótano histórico

Mariana Campos (@mariana_c_v) | El Sol de México
La deficiencia más grave del Paquete Económico 2020 es el gasto propuesto para inversión física. Para el Gobierno la prioridad es entregar transferencias en efectivo a los ciudadanos, a costa de mantener servicios públicos a todas luces insuficientes. Además, la apuesta en inversión está en los hidrocarburos, mientras que la inversión distinta a Pemex está en el sótano, arrumbada. Ningún modelo económico considera prescindible la inversión, ni el más antineoliberal.
La evidencia: la infraestructura en hidrocarburos gozará de un aumento del 25%, y la que se dirige al resto de los sectores se recortará en 11%. Se propone una caída en la inversión física en agua de 35%, respecto a 2019. En transporte, una disminución de 35%; en seguridad nacional, de 16% y en salud de 5%.
El problema es que se trata de la quinta caída en seis años. El nivel de gasto total en infraestructura para 2020 equivale a 2.4% del PIB, insuficiente para alcanzar cualquier meta –incluso si se trata de aumentar la producción de Pemex–. Si no se considera a Pemex, este gasto es de 1.3%, porcentaje históricamente bajo. Entre 2009 y 2016 se invertían en promedio en la petrolera 2% del PIB, y no se consiguió levantar su producción, como se esperaba. Preocupa que de cada 100 pesos destinados a inversión física, casi 50 pesos sean para Pemex, 3 para salud, 2 para educación y sólo 43 centavos para agua. Los altos recursos canalizados a Pemex implican menores recursos para sectores prioritarios.
El secretario Arturo Herrera sugirió que no se valía comparar a México con los países desarrollados. Asumía, al parecer, que México destaca en América Latina. Pero la mala noticia es que ya está perdiendo esa ventaja. México sale mal parado junto a sus propios pares. El Global Infrastructure Outlook estima que México debería invertir en infraestructura casi el doble de lo que actualmente hace, considerando sus necesidades en este sector. Por otro lado, el faltante de inversión promedio en América Latina es de 27%, en México será de 47% en 2020. El gasto en inversión en nuestras entidades federativas también es muy bajo: 0.3% del PIB en promedio en 2016 (CEPAL). Entretanto, en Colombia el gasto en inversión en los estados, en el mismo periodo, fue de 8.9% del PIB; en Bolivia, 7.9%; Argentina, 2.1%; Perú, 1.9% y Ecuador 1.4%. El caso de Brasil es similar al de México, acaso un poco mejor.
Los estados en México han privilegiado el gasto corriente en detrimento del gasto en inversión pública. Desde 1990, el gasto en nómina (servicios personales) creció 377% como promedio nacional, mientras la inversión lo hizo 54%.
Podríamos tener 32 sistemas de inversión estatales, pero hoy tenemos uno federal y rudimentario. ¡No llegamos ni a ley de infraestructura! Nuestros retos en materia de finanzas públicas –pasivos crecientes e ingresos estancados– reducen el ingreso disponible para financiar infraestructura e imponen desafíos abrumadores. El gobierno debe entender que, en este contexto, él sólo no puede. Requiere de la inversión privada en la infraestructura pública para producir crudo y, en especial, para ofrecer servicios suficientes y de calidad para la personas en situación de pobreza. El presupuesto plantea que los privados participen con apenas 40 mil millones de pesos, y no hay propuesta sobre cómo pueden “contribuir” los gobiernos locales. El gobierno debe enriquecer el Paquete 2020 con una batería de instrumentos –como las concesiones, entre otros– para aprovechar la inversión privada en la infraestructura pública. Ni modo: es indispensable que coordine sus esfuerzos con el sector privado y los gobiernos locales.