Ciudad de México, 28 de abril de 2022

La iniciativa que el coordinador de la bancada del PAN presentó ante el Congreso del estado de Chihuahua para reformar la Constitución local pone en riesgo la división de poderes y la independencia judicial en la entidad.

La iniciativa plantea un nuevo procedimiento de designación de magistrados y magistradas que limitaría de forma importante la participación del Poder Judicial en este proceso, y sustituiría un proceso de selección meritocrático por uno de consensos y acuerdos entre poderes. Si se aprobara la reforma, cuando exista una vacante de magistrado/a se crearía una comisión especial integrada por un representante del Ejecutivo, otro del Legislativo y uno más del Poder Judicial. La comisión conformaría una terna de candidatos que sería sometida al Legislativo, y de ella se seleccionaría a la persona que ocuparía el cargo. Actualmente el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Chihuahua es quien, a través de un concurso de oposición, propone una terna al Ejecutivo, quien selecciona a la persona que ocupará la vacante y, a su vez, la envía al Congreso para su ratificación. Esto promueve el servicio profesional de carrera en la Judicatura, porque garantiza que las personas candidatas cuenten con experiencia, además de evitar la elección de candidatos a partir de criterios políticos o por imposición por parte de los otros dos poderes.

Otro aspecto que plantea la iniciativa es la ampliación del requisito de antigüedad para ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia: se propone que las candidatas y candidatos a ese cargo tengan siete años desempeñándose como magistrada/o al día de la elección, en lugar de los cinco años que se requieren actualmente. Desde ya, esto excluiría de la posibilidad de presidir el Tribunal Superior de Justicia a las y los magistrados nombrados por el anterior gobernador, al tiempo que beneficia a los que fueron designados por sus predecesores, entre ellos César Duarte, quien podría ser extraditado próximamente a México para ser juzgado por la justicia local en Chihuahua.

La iniciativa también plantea que los consejeros de la Judicatura puedan ser reelectos por un segundo periodo. De hecho, se modificaría la forma misma de trabajar del Consejo de la Judicatura, ya que, con la reforma, las decisiones se tomarían siempre en Pleno, y no en comisiones, como está establecido actualmente. Esto podría impactar en las cargas de trabajo y en los ritmos de la toma de decisiones.

Por lo anterior, las organizaciones y personas abajo firmantes solicitamos al Congreso del estado de Chihuahua que no apruebe esta reforma sin un análisis riguroso y basado en evidencia de sus consecuencias, y que justifique de forma clara las razones para promover estos cambios en el Poder Judicial. Además, creemos que es indispensable la realización de un parlamento abierto a partir del cual se llegue a soluciones efectivas de los retos que tiene el sistema de impartición de justicia, fomentando su rendición de cuentas y el respeto por la independencia del Poder Judicial.

Firmantes

• Alejandro Leyva Martínez
• Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
• Buscadoras Guanajuato
• Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
• David Fernandez Mena
• Delta Abogados
• Eliana García Laguna
• Fundación para el Debido Proceso -DPLF
• Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.
• Fundación Renace SLP
• Instituto de Justicia Procesal Penal
• Jaime Chávez Alor
• José Luis Caballero Ochoa, académico
• José Luis Contreras Cruz
• José Mario de la Garza Marroquín
• Juntos por la igualdad y los derechos humanos AC
• México Evalúa
• Mexiro AC
• Observatorio de Designaciones Públicas
• Ulises García Soto