La impunidad en México permanece por encima del 90%: Hallazgos 2023

Apenas 7 de cada 100 casos que llegaron a las fiscalías estatales contó con una resolución durante 2023. La impunidad se ha mantenido por encima del 90% desde 2018 y puede encontrarse en el reporte Hallazgos 2023.

Alejandra Hernández (@_alehg) | Programa de Justicia

El Índice de Impunidad estima cuántos casos, de los que son conocidos por las autoridades, reciben una respuesta efectiva durante el año. El resultado de este indicador para 2023 apunta a que apenas 7 de cada 100 casos que llegaron a las fiscalías estatales contó con una resolución. Es decir, la impunidad directa alcanzó al 93.63% de los expedientes que se encontraban bajo investigación durante 2023. Aunque esta es una mejora de casi tres puntos respecto de 2022, este indicador se ha mantenido por encima del 90% desde 2018.

Esta y otras métricas relevantes pueden encontrarse en Hallazgos 2023, el reporte que anualmente hace un seguimiento y evaluación de la justicia penal mexicana. Esta publicación, la más longeva y exhaustiva en su tipo, desde hace once años lleva a examen a cada una de las instituciones de justicia: fiscalías, tribunales, comisiones de víctimas, defensorías públicas, unidades de supervisión de medidas cautelares, sistema penitenciario y seguridad pública. Lo hace bajo un lente que pone en el centro a las personas, sus necesidades en términos de justicia, y el respeto a sus derechos humanos. Es elaborado por México Evalúa con apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y de la Agencia para el Desarrollo Internacional USAID.

Cifras lamentables en impunidad, aunque queda algo de esperanza

En el ámbito federal, la historia en términos de impunidad y resolución efectiva de casos es similar a los datos estatales. Para el año 2022, último año para el que contamos con información completa, la impunidad directa alcanzó al 95.5% de los casos conocidos por la Fiscalía General de la República (FGR). Este indicador permanece prácticamente sin cambios desde que se inició su medición en 2018. 

Adicionalmente, de 2021 a 2023 se observa una tendencia decreciente en las causas penales que son iniciadas por el Poder Judicial Federal, lo que apunta a que la FGR judicializa cada vez menos hechos delictivos. No sólo están disminuyendo los casos que la Fiscalía presenta ante los tribunales, sino que la gran mayoría corresponde a delitos que guardan estrecha relación con una detención de flagrancia, como el de portación de arma de fuego de uso exclusivo (51.25%) y delitos contra la salud (17.92%). Esto sugiere una actuación más reactiva que estratégica y puede asociarse a que la FGR —en violación franca a su ley orgánica— opera actualmente sin un política de persecución penal. 

Para el índice de impunidad por delito, encontramos resultados igualmente adversos. Este indicador permite hacer tiros de precisión hacia el desempeño de las fiscalías para una colección de 12 delitos. En lo positivo, estos organismos han comenzando a implementar políticas de persecución penal para transitar de la investigación tradicional del “caso por caso” hacia una persecución estratégica, diferenciada, orientada hacia la atención de fenómenos o delitos prioritarios.

Actualmente son 14 las fiscalías (43.75%) que cuentan con alguna política o programa de este tipo, la mayoría publicadas a partir de 2022. No obstante, esta incursión aún no muestra un impacto decidido en la disminución del índice de impunidad para delitos clave como homicidio doloso (96.86%), feminicidio (86.78%), desaparición forzada (99.51%), secuestro (87.08%), y extorsión (98.36%). Pese a estas cifras lamentables, hay algo de esperanza: estados como Querétaro, Coahuila, Michoacán y Zacatecas comienzan a mostrar tendencias de reducción de la impunidad para delitos específicos.

Algunas métricas relevantes que se pueden encontrar en Hallazgos 2023

En esta entrega de Hallazgos 2023, los datos apuntan a que persisten barreras importantes para la denuncia, un uso incipiente de los mecanismos alternativos de solución de controversias, altas tasas de congestión tanto en fiscalías como en tribunales, un bajo porcentaje de casos judicializados, y elevados índices de impunidad. Las brechas que identificamos entre el deber ser y la realidad que experimentan a diario las víctimas y las personas procesadas, permanecen a la espera de una estrategia nacional con visión sistémica que atienda sus verdaderas causas estructurales, una clara oportunidad para la administración entrante.

El reporte Hallazgos 2023 comienza por explorar los resultados alcanzados en cada tramo del proceso penal. Desde la recepción de las denuncias y el inicio de las carpetas de investigación, pasando por los casos que permanecen en trámite o que son archivados, hasta aquellos que son llevados ante los tribunales por las fiscalías, la forma en que son resueltos y el tiempo que transcurre hasta su conclusión. Esto, seguido de un apartado que aborda las posibles causas detrás de estos resultados, en términos de la incidencia delictiva registrada, la abrumadora carga de trabajo que enfrentan las y los servidores públicos, los modelos de gestión y políticas con las que operan las instituciones, y el presupuesto ejercido por éstas.

A su vez, se presenta un capítulo dedicado al enfoque de género en la justicia penal, así como un análisis sobre nuestra más reciente encuesta sobre percepción y conocimiento del sistema de justicia penal. Por último, presentamos una serie de recomendaciones basadas en los hallazgos y las problemáticas más apremiantes.

Cuál debe ser la ruta de acción a seguir para atender la crisis de impunidad

Este 31 de octubre, México Evalúa presenta la onceava edición de Hallazgos 2023, con un llamado a tomar en serio la discusión, basada en evidencia, en torno a cuál debe ser la ruta de acción a seguir para atender la crisis de impunidad por la que atraviesa la justicia penal. Una ruta que no pasa por comprometer la independencia de los tribunales, ni debilitar el control judicial que actualmente se ejerce sobre la actuación de las fiscalías y las policías.  Tampoco por comprometer la garantía de los derechos humanos mediante una política de seguridad militarizada. Por el contrario, la ruta inicia por reconocer la corresponsabilidad que cada institución lleva en los resultados observados, por construir una coordinación interinstitucional duradera y por implementar políticas que pongan al centro a las personas, a sus derechos y a sus reclamos de justicia.