La Fiscalía autónoma que no fue…

A seis años de la publicación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la investigación de los delitos y la persecución penal sigue igual de deficiente, y en algunos rubros —como la transparencia— hay un franco retroceso.

Susana Camacho (@Su_Kmacho) | Programa de Justicia

En 2018, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República fue la primera reglamentación nueva aprobada por el partido mayoritario en el Congreso de la Unión. Nació del diálogo entre organizaciones de sociedad civil —congregadas en el colectivo #FiscalíaQueSirva—, con actores del gobierno electo de Morena. Era el paso natural para implementar la reforma constitucional en materia político electoral publicada desde 2014, por la que se establecía la autonomía del Ministerio Público y su transformación en Fiscalía.

A seis años de su publicación, sin embargo, la realidad de la investigación de los delitos y la persecución penal sigue igual de deficiente, y en algunos rubros —como la transparencia— hubo un franco retroceso.

Mucho más que un cambio de nombre

El paso hacia Fiscalía implicaba mucho más que un cambio de nombre. Desde la sociedad civil se plantearon cuáles serían los Lineamientos de Transición de PGR a FGR. Por ejemplo, para proteger la objetividad de las investigaciones y la persecución penal, este organismo ya no sería una dependencia del Ejecutivo. Incluso, tendría que modificar sus procesos internos a un sistema acusatorio oral. También establecía una renovación de personal profesional, que estaría enfocado a coordinar investigaciones criminales contundentes y fortalecer el rol de los fiscales en juicio.

Lo que se buscaba era que la Fiscalía fuera un órgano autónomo, tuviera políticas claras de persecución y que su planeación estuviera abierta al escrutinio público. Además se abrirían canales de comunicación con otros actores para construir casos fuertes y combatir la impunidad.

Todas esas intenciones se vinieron abajo en febrero de 2019 en el Senado. En medio de un proceso de designación cuestionable, se nombró por un periodo de 9 años como primer Fiscal autónomo a Alejandro Gertz Manero. Desde ese momento, se observó que la autonomía respecto del poder Ejecutivo sería endeble. 

Las iniciativas regresivas del Fiscal

Meses después, Gertz Manero presentó un paquete de iniciativas que pretendían regresar al sistema penal escrito inquisitivo, que primero detiene, encarcela y luego investiga; con un proceso penal basado en papeles, en vez de audiencias públicas. Además, propuso una Ley completamente nueva para la Fiscalía. En ella, entre otros retrocesos, se regresaba a la jerarquía vertical, en vez de fortalecer la independencia de criterio de los fiscales. 

Su paquete de reformas no fue presentado debido a la presión que provino de jueces, ministerios públicos y defensores de todo el país, además del rechazo de la academia, sociedad civil e incluso actores dentro de la Suprema Corte y del Ejecutivo. La propuesta de Gertz era a todas luces regresiva para el sistema de justicia. Pero como una concesión al Fiscal, las y los legisladores de todo el paquete sólo aprobaron su nueva Ley de la Fiscalía, y se publicó en mayo de 2021.

En ella se limitaron los efectos y el seguimiento al Plan de Persecución Penal —el instrumento que guiaría la política de persecución de la Fiscalía—, se eliminaron las disposiciones para transitar a un servicio profesional de carrera, y se eliminaron las formas de control y escrutinio público. Además, se quitaron facultades al Consejo Ciudadano cuya función sería orientar la política de la Fiscalía a las necesidades del país. A la fecha, sigue sin designarse a las personas integrantes del Consejo Ciudadano.

Escándalos en las Fiscalías en los estados

Haciendo eco del esquema federal, en los estados también se realizaron reformas a las constituciones locales y se expidieron leyes orgánicas de las fiscalías. Sólo faltan los estados de Baja California Sur e Hidalgo, aunque este último ya tiene avanzada una propuesta de iniciativa.

Una de las reglas que se proponía para garantizar la autonomía de la institución, es que la designación de las y los fiscales no coincida con los cambios de gobierno. El hecho es que las personas que fueron nombradas para este cargo en los estados han terminado renunciando conforme los deseos del Ejecutivo o los cambios de administración.

Son constantes los escándalos que han rodeado el nombramiento o ratificación de fiscales que no terminan sus periodos. Los ejemplos más recientes los tenemos en Nuevo León, Ciudad de México y San Luis Potosí. Hasta el momento, el único caso de permanencia transexenal es el Fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez, quien terminará en 2024 el periodo de siete años para el que fue nombrado. 

El proceso electoral 2024 nos pone en alerta sobre lo que sucederá con las Fiscalías. Es necesario observar lo que sucederá en los 9 estados que eligen gobernador. La aspiración legítima e imprescindible es que las instituciones encargadas de investigar delitos y perseguir probables responsables en juicio actúen de manera ajena a intereses políticos. En las plataformas de los partidos, todos plantean la necesidad de fiscalías autónomas y eficientes. Así se comprometió Morena en su momento. Lo difícil es mantener y cumplir las promesas.