Gastar bien es casi un arte. Implica desarrollar capacidades para que los recursos públicos apoyen programas o políticas que promuevan soluciones a problemas colectivos. Gastar bien implica, por igual, contar con blindajes institucionales que prevengan que el gasto sea capturado por grupos particulares. Porque hay que reconocer que un componente de la política es ése: la disputa por recursos públicos y privilegios. Esta disputa, en el marco de instituciones débiles, provoca marcados sesgos en la asignación del gasto y en quienes se benefician de él. En otras palabras, el gasto público no es un instrumento neutral de la política económica. Todo lo contrario, es un instrumento privilegiado para hacer política. Y por eso, nuestra estructura de gasto y sus resultados están como están.

La propuesta de realizar un presupuesto base cero parte de un argumento técnico: que es posible hacer un barrido de los programas presupuestales que conforman el gasto programable y con argumentos técnicos de eficiencia y eficacia discriminar entre los que sirven y los que no. El primer problema con este planteamiento es que el tablero de control que el ejercicio supondría, en realidad no existe. Tenemos algunas indicaciones de aquellos programas que funcionan. Pero también es cierto que una buena porción del gasto no cuenta con indicadores, tampoco lineamientos o reglas de operación que sirvan como medida de su desempeño.

El ejercicio de revisión del gasto, sin embargo, no se limita a problemas de información incompleta. Ojalá así fuera. El problema real es político. Nada mejor para evidenciarlo que la coyuntura actual. Por un lado, la Secretaría de Hacienda anuncia recortes al gasto para evitar un desbalance mayor en las finanzas públicas y, por el otro, la Secretaría de Gobernación negocia prebendas con liderazgos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para comprar la distensión. Paradojas que anticipan que las expectativas en torno a un planteamiento de un presupuesto base cero se pueden frustrar. Pero también que los recortes presumiblemente se harán en los eslabones más débiles de la cadena, aquellos donde los beneficiarios no representan un oposición política amenazante o no cuentan con suficiente poder relativo para pintar en el mapa político nacional.

El gran reto para la reforma del gasto en el país es desmantelar los privilegios que ciertos grupos fueron adquiriendo a lo largo del tiempo, precisamente, por su capacidad de chantaje o por su lealtad incondicional a los liderazgos del viejo régimen. Estos grupos fueron en su momento pilares del corporativismo mexicano y sirvieron muy bien a sus propósitos. Hoy pesan mucho en la estructura de gasto y minan los esfuerzos redistributivos del Estado mexicano. Sería interesante ver que el gobierno, emanado del partido que los encumbró, ahora los acote con un manejo del presupuesto más racional.

La evidencia no sirve para alentarnos. Regreso al sector educativo. El Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe) dejó al descubierto lo que era un secreto a voces. Que en la nómina docente hasta los muertos cobran. La repercusión presupuestal de las irregularidades detectadas por el Censo puede alcanzar hasta los 50 mil millones de pesos, según un estudio de Marco Fernández, investigador de México Evalúa. Esto representa una enorme bolsa de recursos que podría ponerse al servicio de otros fines en esta época de astringencia fiscal y de enormes carencias en amplios grupos de la población.

Ante la evidencia del desorden, el gobierno federal decidió hacerse cargo de esta nómina tal como la recibió. Al parecer no hubo un esfuerzo por ordenarla, limpiarla, antes de hacerla suya. Frente a la resistencia magisterial en algunos puntos del país, el gobierno federal calculó el precio de tocar privilegios amasados a través de los años. Así las cosas, seguiremos sosteniendo aviadores, comisionados, fallecidos y jubilados en un contexto de limitación fiscal y de un enorme costo de oportunidad de los recursos que se desperdician.

La lección que me deja todo esto es muy sencilla. No se puede hacer un planteamiento de presupuesto base cero, cuando no existe la intención de tocar a quienes capturaron buenos tramos de gasto desde hace años. Siendo así las cosas, nuestra reforma de gasto se hará en el margen y quizá se sacrifique a quienes no tienen voz en nuestro sistema político, los excluidos de siempre.