La disputa energética del T-MEC puede ser la punta del iceberg

Por Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno), Viviana Patiño (@viviana_paal) y Alberto Chávez (@betOOrnado)

En México, el sector energético sigue en penumbra, afectado por el pasmo que supone tener un alto potencial para generar electricidad con energías renovables con la participación de inversión pública y privada, y una política energética impulsada por el Gobierno federal que va en contrasentido.

Los cambios recientes en el gabinete del presidente López Obrador, con la sustitución de Tatiana Clouthier y Luz María de la Mora por líderes y equipos más alineados ideológicamente con la convicción soberanista, anticipan las posiciones con las que México jugará en las próximas semanas. En la antesala al probable inicio del panel entre Estados Unidos, México y Canadá por presuntas violaciones al T-MEC en materia energética, la tensión es clara. El Gobierno federal presiona, por la vía de la fricción política, para seguir utilizando fuentes fósiles y dar mayor poder de mercado a Pemex y a la CFE (en detrimento de sus competidores), al tiempo que no invierte lo suficiente en líneas de transmisión y distribución para robustecer la capacidad productiva del país. ¿Tendrá conciencia nuestro presidente de las implicaciones de sus decisiones?

De acuerdo con la firma Morgan Stanley, las exportaciones en México podrían aumentar su valor en unos 155 mil millones de dólares (mmdd) –aproximadamente el 10% del producto interno bruto (PIB)– en los próximos cinco años. Pero eso depende del progreso de la mencionada disputa, del proceso y resultado de las elecciones del 2024, de las perspectivas de seguridad pública en el país, y de la efectividad de la transición energética hacia la electromovilidad. Sin embargo, las oportunidades palidecen cuando observamos el desplome de la inversión en el sector eléctrico mexicano. Por ahora, la firma financiera identificó proyectos cancelados o pospuestos equivalentes al 2.5% del PIB.

En nuestro estudio La paradoja energética: motivos para abandonarla (México Evalúa) documentamos que entre 2012 y el primer semestre de 2022 nuestro país acumuló una inversión extranjera directa (IED) en electricidad equivalente a 15,607 millones de dólares (mdd), de los cuales 10,000 mdd entraron entre 2014 y 2018, y una quinta parte en lo que va de este sexenio (2019-2T 2022). Esto indica que la política energética orientada a robustecer el Sistema Eléctrico Nacional por medio de inversiones públicas en transmisión y distribución, y a impulsar la inversión pública y privada de generación de electricidad, dio frutos. En esos años, el país gozaba de certidumbre suficiente como para atraer inversiones frescas que nos llevaron a ser ejemplo mundial. La Comisión Reguladora de Energía incluso llegó a concretar algunos avances para ir abriendo la competencia en el mercado de la comercialización, donde la CFE tiene el monopolio. Romper esa inercia ha sido muy costoso, sobre todo si contemplamos el futuro inmediato…

Las inversiones en energías limpias, motor de la recuperación

El Banco Mundial (BM) ha anticipado que el PIB del planeta podría decrecer de 5.7% de 2021, a 2.9% al cierre de 2022. Sin embargo, también anticipa que la inversión mundial en energía aumentará un 8% en 2022, hasta alcanzar los 2.4 billones de dólares, debido principalmente a las políticas que muchos países siguen para impulsar nuevas inversiones en energía limpia, como consigna a su vez la Agencia Internacional de Energía (AIE). Específicamente para la transición energética, la inversión global en 2021, según BloombergNEF, fue de 775 mmdd, cifra[1] 27% superior a la de 2020. A pesar de este incremento, un esfuerzo adicional deberá hacerse para alcanzar las metas de net zero, pues si se quiere lograr una transición energética completa, se necesitará invertir aproximadamente 2,063 mmdd entre 2022 y 2025 (poco más de 2 billones de dólares), unas tres veces más que el total en 2021. Los países que más recursos destinaron a este concepto en 2021 fueron China y Estados Unidos, con 266 y 114 mmdd respectivamente, seguidos de Alemania (47 mmdd), Reino Unido (31 mmdd), Francia (27 mmdd) y Japón (26 mmdd).

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, para 2030 la fuentes limpias podrían aportar el 65% de todo el suministro de energía eléctrica mundial. Y para 2050 podría llegarse a descarbonizar el 90% del sector energético, lo que supondría un recorte masivo de las emisiones de carbono a la atmósfera y la mitigación de los efectos del cambio climático. En tal contexto, el aumento de los financiamientos dirigidos al combate contra el cambio climático –conocido como finanzas sostenibles– presentan una gran oportunidad para capitalizar las transiciones energéticas de los países. No obstante, los mejores financiamientos se concentran en las economías avanzadas: 80% de emisión de deuda sustentable en 2021. Las economías emergentes, como México, deben prepararse mejor si quieren ofrecer mejores condiciones a la inversión.

Por muy evidente que sea la pertinencia de perseguir los objetivos de desarrollo sostenible o de emprender la lucha contra el cambio climático, hay políticos que en los hechos dirigen las políticas energéticas en contra de esa dirección, aunque pongan a un país entero (a sus ciudadanos y su territorio) en la lamentable posición de tener que pagar el costo. El presidente López Obrador y sus subordinados son muestra de ello.

Mientras tanto, México entrampado en sus conflictos ante el T-MEC

El proceso de consultas solicitado por Estados Unidos y Canadá en julio de 2022 ha concluido con los términos establecidos en el capítulo 31 del T-MEC. Por tanto, a menos que hayan alargado el proceso por medio de suspensiones, en cualquier momento nuestros socios comerciales podrían solicitar la apertura de un panel. Una ‘derrota’ en el panel por las controversias que hoy se disputan podría suponer para México un golpe de al menos 22 mmdd en inversión privada, según BloombergNEF. Además, las sanciones resultantes en materia energética podrían trasladarse a otros sectores económicos –como el agroalimentario, el automotriz o el de manufactura–, al llevar emparejadas la imposición de aranceles a los productos mexicanos de exportación. Escenario factible si México perdiera un panel del capítulo 31, Estado-Estado, y no quisiera pagar directamente el monto de daños señalado por el panel.

No obstante, las estimaciones de montos por daños son aún preliminares. Expertos como Carlos Flores de Nordex Group afirman que las estimaciones señaladas por Bloomberg se basan en los valores totales de los proyectos de energía que han sufrido afectaciones por el cambio en la política energética, y asumen que México tendría que pagar el valor total de los centros o plantas afectadas. En su opinión, ese escenario es poco plausible. Sin embargo, ante un fracaso total en el panel para México, podrían darse dos escenarios: 1. En una etapa de panel, las empresas solicitarían por derecho el equivalente monetario al “lucro cesante” como resultado de los cambios ejecutados por el Gobierno a la política energética mexicana actual; este monto podría oscilar entre 1 mmdd y 2 mmdd; 2. Agricultores, ganaderos o fabricantes de bienes sufrirían los aumentos en aranceles y sanciones comerciales que derivarían de la resolución del panel. En efecto, serían ellos los que tendrían que pagar un precio alto, quizá demasiado alto, por la pérdida de competitividad, rentabilidad y valor de mercado.

Ahora bien, existe otro escenario a considerar. Aun cuando el capítulo 31 excluye a las partes de acudir a otros foros para resolver su disputa una vez que eligen el panel del T-MEC, el surgimiento y resolución de disputas mediante procesos del capítulo 14, inversionista-Estado, siguen siendo una alternativa para las empresas de Canadá y Estados Unidos. En tal caso, se abrirían procesos de solución de controversias arbitradas bajo las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del grupo del BM; o si las partes lo acuerdan, cualquier otra institución arbitral y cualesquiera otras reglas de arbitraje. En tal caso, cada empresa podría esperar una indemnización por parte del Estado mexicano, en caso de que así lo determine el laudo. El especialista en comercio e inversiones Carlos H. Reyes Díaz considera que es factible que se den reclamaciones Estado-Estado e inversionista-Estado simultáneamente, pues existen antecedentes en controversias resueltas bajo el TLCAN, como el caso de fructosa, en el que México perdió ambos.

En caso de abrirse un panel, los conceptos de violación permanecerían en términos similares a los utilizados en el proceso de consultas. Estados Unidos señala cuatro medidas en las que observa una violación al T-MEC: la reformada Ley de la Industria Eléctrica (LIE) (vs. artículos 2.3 y 14.4); la dilación, negación, inacción y revocaciones a empresas privadas (vs. artículos 2.3, 2.11, 14.4, 22.5.2, y 29.3); el aplazamiento de la obligación de suministrar diésel de muy bajo azufre a Pemex (vs. artículos 2.3 y 22.5.2), y acciones relativas al uso del servicio de transporte de gas natural de México (vs. artículos 2.3 y 2.11). Hay que recordar que Canadá, en su propio proceso de consultas, impugnó en términos muy similares la violación de los acuerdos del Gobierno mexicano. Actualmente, las empresas canadienses tienen cerca de 13 mmdd invertidos en el sector energético mexicano, que representan un tercio de los recursos invertidos por Canadá en IED en Latinoamérica, en gran parte fondos de pensiones de ciudadanos canadienses.

Las consultas previas al panel tienen la finalidad de ser un medio de solución de controversias a través del diálogo y la negociación. Y, para conveniencia de México, podrían darse negociaciones que impidan que el panel coincida con las elecciones intermedias en Estados Unidos este próximo noviembre. Ahí están también las negociaciones en materia de electromovilidad que ha comandado el secretario Ebrard con su homólogo Blinken, y la política estadounidense para promover la manufactura de semiconductores en Norteamérica, a fin de migrar esas cadenas productivas desde Asia. Sin olvidar el reciente anuncio del acuerdo nuclear entre México y Estados Unidos o el compromiso de Pemex para la reutilización de las emisiones de metano, que podrían permitirle a México, quizá, dar pasos diplomáticos para la integración energética de la región. No obstante, los daños económicos por la política energética a empresas privadas, en este caso norteamericanas y canadienses, objeto de las disputas, siguen presentes.

Hay que remarcarlo: bajo el T-MEC existen otros caminos para los reclamos por daños, como arbitrajes inversionista-Estado. Y más allá: México cuenta con un abanico extenso de 14 Tratados de Libre Comercio (TLC), 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) y nueve Acuerdos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), bajo los cuales los inversionistas u otros Estados podrían evaluar la pertinencia de someter algún reclamo.

Por todo lo anterior, de fracasar las negociaciones el panel sería tan sólo la punta del iceberg en relación con el surgimiento de procesos de inconformidades. De no negociar, habrá que pagar en este sexenio y en posteriores, lo que sin duda sería el génesis de un torbellino de afectaciones económicas, presiones políticas y descontento social. De seguir en esta línea, el costo ambiental, político, económico y social lo pagaremos todos los mexicanos.

[1] Incluye materiales sustentables, hidrógeno, energía nuclear, producción de calor, transporte electrificados, captura y almacenamiento de carbón, almacenamiento de energía y energía renovable