La democracia violenta
Por Romain Le Cour Grandmaison (@romainlecour) | El Sol de México
Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 16 presidentes municipales en ejercicio, 55 periodistas y 102 personas defensoras. Una explicación se suele blandir: la culpa la tiene ‘el narco’.
Aunque las organizaciones criminales sin duda ejercen un rol en estas violencias, la presunción de que ‘el crimen organizado’ es el único culpable no es una explicación satisfactoria. El argumento contribuye a despolitizar las dinámicas de violencia, a que las autoridades públicas evadan su responsabilidad y a invisibilizar el hecho de que la violencia es un recurso político central, usado por una variedad de actores públicos y privados.
En efecto, hay que analizar con ojos críticos el vínculo entre violencia y política. Empecemos por reconocer que tendemos a minimizar el papel que juegan las autoridades, las fuerzas públicas y diversos actores privados –empresarios, caciques, y más– en la violencia política, a través de la protección o colaboración –activa o pasiva– con actores violentos. Existe evidencia del peso ejercido por las redes político-criminales en actos de represión, amenazas y asesinatos de actores políticos en México. La misma Secretaría de Gobernación reconoce la importancia de atender la participación de autoridades públicas en los asesinatos de personas defensoras y periodistas.
Otro aspecto crucial yace en la geografía política de este tipo de violencias: los territorios afectados no son únicamente las regiones que presentan la mayor actividad o presencia criminal en el país, en el sentido que comprenden los argumentos de ‘fue el narco’. Así, Oaxaca, Puebla o Chiapas forman parte de las entidades con mayor número de incidentes –en periodos electorales o fuera de ellos–, a pesar de no ser ‘tierras de cárteles’.
Por ende, necesitamos producir un conocimiento local y matizado de un fenómeno que no se puede resumir bajo la oposición entre crimen y política. El Estado mexicano ha entendido la importancia del reto hace décadas. Ha diseñado e implementado protocolos, leyes y mecanismos de protección a funcionarios públicos, candidatos, defensores de derechos humanos y periodistas.
Con todo, el aumento de las cifras de violencia durante las ultimas décadas parece indicar que estas iniciativas públicas no están cumpliendo con el objetivo de proteger a personas indispensables para la buena calidad de la democracia.
El desafío, entonces, se recrudece: ¿cómo puede el Estado proteger de una amenaza que él mismo contribuye a crear y ejercer? A partir de este nudo, se abren preguntas centrales para la defensa del Estado de derecho. ¿Qué hay detrás de la violencia política en el país? ¿ Cómo prevenir estas violencias? Y, finalmente, ¿cómo contribuir, desde la sociedad civil, a mejorar la atención?
De esas preguntas se desprenden los ejes con los que desde el Programa de Seguridad y Reducción de la Violencia de México Evalúa tendemos vías de colaboración con las autoridades: documentar, medir e incidir.
Ya habrá espacio para detallar en qué consiste cada plan de acción. Por ahora, basta con subrayar la importancia de construir un análisis de las violencias a ras de suelo, consolidar nuestra capacidad de medirla y reportarla, y acompañar a las entidades públicas encargadas de la prevención y protección de actores políticos en México.
