Poco más de la mitad de la población no conoce la reforma al Poder Judicial, pero sí le preocupa la corrupción en este ámbito. ¿Cómo debe de ser la reforma legislativa que ataque este problema de raíz?

Mariana Campos (@mariana_c_v) | El Universal

La encuesta con la que el Gobierno federal busca legitimar la reforma al Poder Judicial confirmó una realidad conocida: la gran mayoría percibe corrupción en esta rama del gobierno. Para atender el problema desde la raíz, la ciudadanía considera deseable una reforma legislativa.

En México Evalúa hemos estudiado este tema a profundidad. Sabemos que para reducir las posibilidades de corrupción en el desempeño de los jueces, es necesario que su perfil cumpla con una serie de requisitos específicos. Debe probarse que cuentan con los conocimientos, experiencia, méritos e independencia. Este último atributo es clave para reducir las probabilidades de corrupción, la mayor preocupación de las mayorías.

En el campo práctico, es indispensable prevenir y controlar efectivamente los conflictos de interés. Para ello deben incluirse prohibiciones relativas a la militancia partidista, la postulación a cargos de elección popular por parte o al interior de partidos políticos; el ejercicio de responsabilidades al interior de instancias religiosas; o que impliquen un vínculo estrecho con la figura del Ejecutivo, como haber ocupado el cargo de consejera o consejero jurídico de la persona gobernadora, el de persona secretaria, subsecretaria de Estado o similar.

También es recomendable establecer una temporalidad suficiente, de modo que dichas prohibiciones en efecto controlen estos posibles conflictos de interés. No hacerlo, podría debilitar la independencia de las y los juzgadores y, en su caso, alentar la corrupción. Causa preocupación que la propuesta principal de esta reforma sea la politización de los procesos de designación. Simplemente va en contra de la exigencia ciudadana que la propia encuesta reveló.

Otros aspectos que favorecen la independencia de los jueces son:

1) Establecer como requisito la carrera judicial en el caso de las personas magistradas, ya que el día de hoy solo existe en el caso de los jueces (esta es una buena práctica que esta reforma podría eliminar).

2) Establecer que los procesos de designación sean realizados por un órgano independiente y especializado, como los Consejos de las Judicaturas, con participación de universidades y/u organismos especializados como organizaciones gremiales.

3) Garantizar la transparencia y participación ciudadana en los procesos de selección de las personas juezas y magistradas, transparentando cómo los aspirantes cumplen con requisitos, sus evaluaciones y permitiendo que los ciudadanos puedan hacer llegar comentarios. En mi opinión, más efectivo que el voto popular que se propone, sería que los ciudadanos tengan la posibilidad de impugnar los procesos de designación.

4) Prever concursos de oposición para el ingreso a las responsabilidades de personas juezas y magistradas. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los concursos de oposición son el mecanismo más robusto para que la designación de personas funcionarias jurisdiccionales se haga con base en el mérito y las capacidades profesionales, además de que fortalece  su independencia porque pueden establecer reglas para su ascenso o salida.

Por último: 5) Establecer la vinculatoriedad de las evaluaciones. Es decir, que el órgano que realice la designación de la persona jueza o magistrada esté obligado a tomar en consideración los puntajes obtenidos durante los procesos de evaluación, que sean vinculantes. Esta recomendación es clave en el contexto de la reforma que se propuso por parte del Ejecutivo. Incluso en un escenario en donde el voto popular sea el mecanismo de designación, debemos asegurarnos que todos los candidatos antes de ser nominados cumplan con los requisitos y sean evaluados en los términos propuestos y que dichas evaluaciones sean vinculantes. De esta manera, los ciudadanos votarían por candidatos que cumplen —casi de manera uniforme— con un perfil idóneo.

Con estas recomendaciones no resolveremos los problemas que impone la actual reforma, pero podríamos paliar las deficiencias en su diseño.

Hay, además, otros riesgos que he identificado (y pienso desarrollar en columnas posteriores). Por ahora, quiero hablar de violencia electoral.

No sobra apuntar el peligro que hoy implica ser candidato a cualquier cargo. La violencia contra personas candidatas a un puesto de elección se ha consolidado en los últimos años y el Estado permanece débil e incapaz de atajarla. Lamentablemente, someter al voto popular la designación de las personas juzgadoras, podría poner bajo amenaza su vida y su integridad. Y abriría la puerta a la injerencia del crimen organizado para definir candidatos, tal como lo hemos visto en el caso de candidatos a cargos de elección popular sobre todo a nivel municipal.

Por último, detecto un conjunto de retos institucionales que hacen a esta reforma prácticamente inviable desde el punto de vista operacional y presupuestal. Los procesos electorales tienen un costo mayúsculo que no es compatible ni con la realidad financiera del Gobierno federal ni con su narrativa de austeridad. Además, tampoco tendría sentido destinar esos recursos a ese fin cuando existen métodos de designación más efectivos y menos costosos. Cambiar a todas las personas juzgadoras en un solo momento podría paralizar la operación en los poderes judiciales e impactar gravemente la vida de las personas y de la actividad económica.

Poco más de la mitad de la población no conoce la reforma al Poder Judicial, pero sí está preocupada por la corrupción en este ámbito. Si deseamos que esta instancia de gobierno esté libre de injerencia política, es toral comunicar a la ciudadanía cuáles son las claves que efectivamente combaten la corrupción en ese órgano gubernamental.