Hacia el cierre del sexenio, queda claro que la militarización fue la única apuesta en materia de seguridad del presidente AMLO, a pesar de sus resultados.

Mariana Campos (@mariana_c_v) | El Universal

En el estudio de “La otra Militarización. Fuerzas Armadas al frente de instituciones estatales de seguridad pública en México, 2011-2024”, que publicó México Evalúa la semana pasada, hallamos que sin importar que los mandos policiales deben ser civiles por ley, en los últimos años ha crecido la participación de mandos militares en las policías civiles de los estados y municipios. La militarización es un proceso que no sólo ha avanzado a nivel federal, sino también en las corporaciones de los gobiernos subnacionales. Durante el periodo de estudio, casi 40% de los titulares de las secretarías de seguridad estatales provenían de las Fuerzas Armadas, mientras que los titulares con carrera policial solo representaron 18%. Lastimosamente, el liderazgo de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública no ha logrado contener la violencia, sino todo lo contrario. Para 2022, estos liderazgos tenían una tasa de homicidios promedio anual de 80 por cada 100 mil habitantes, frente a 34 de los estados con mandos civiles.

La gran pregunta es por qué se mantiene esta estrategia. Posiblemente el presidente consideró que las Fuerzas Armadas ya cuentan con capacidad instalada, a diferencia de las policías, a las que debía invertir muchos recursos y esperar resultados años adelante, después de su sexenio —algo poco atractivo para alguien que está buscando quedar bien para mantener su popularidad y no necesariamente resolver el problema—. Además, los militares gozan de buena aceptación en la opinión pública. La Semar y Sedena tienen la mayor percepción de confianza que cualquier otra autoridad mexicana, muy por encima de las policías. Entregarles la tarea de la seguridad es aceptable para muchos y “quedar bien” con la ciudadanía —como ya lo dije— es quizás la única prioridad para el presidente. Durante el sexenio, varias veces él presumió esa popularidad en su mañanera. Una vez dijo: “Defiendo al Ejército y defiendo a las Fuerzas Armadas. Y, ¿saben quién también defiende al Ejército y a las Fuerzas Armadas? La mayoría del pueblo de México… por eso digo que el soldado es pueblo uniformado”. 

Mientras el presidente hace un performance político todos los días en su mañanera, los mexicanos enfrentamos un aumento de casi 54.1% de homicidios entre 2015 y 2023, pasando de 15.1 a 23.3 muertes por cada 100,000 personas. La tasa de México es la decimocuarta de todo el planeta, de acuerdo con los datos del índice de Paz México 2024.

La militarización es la ruta equivocada

La militarización es la ruta equivocada para resolverlo y el presidente actual, antes de irse, busca escribirlo en la Constitución. Para que sea solamente una medida temporal debe evitarse esa reforma y promover el fortalecimiento de las policías estatales y municipales… y ya vamos tarde. Las autoridades locales tienen poca capacidad para diseñar e implementar políticas de Estado en materia de seguridad. Un factor determinante en esto es la falta de una carrera policial consolidada. Los nombramientos al interior de las instituciones de seguridad están politizados, en especial la designación de jefes de policía.

La titularidad de las secretarías estatales de seguridad experimenta, además, una alta rotación. De 2011 a 2024, los secretarios de seguridad estatales ocuparon el cargo, en promedio, durante sólo poco más de dos años. Entidades federativas como Tlaxcala, Michoacán y Guerrero incluso exhibieron un promedio menor: un titular distinto por año. La excepción es Yucatán, que mantuvo al mismo secretario de seguridad pública durante todo el periodo analizado, y este último estado —por cierto— tiene los mejores resultados en materia de seguridad de todo el país. 

Policías desprotegidos: un pendiente del sexenio

La carrera policial también está desalentada porque las policías civiles están desprotegidas. La mayor parte de las municipales no cuenta con las condiciones laborales mínimas para desempeñar su función. Sólo 66% de las y los policías cuenta con seguridad social, y apenas poco más de 50% con seguro de vida; alrededor de 18% cuenta con fondo de ahorro para el retiro; y menos de 8% con acceso a crédito para vivienda. Los datos provienen de información que los cuerpos de seguridad reportaron en buena lid al Inegi en el “Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023”, y que son citados en el estudio “Policía desprotegida. Ruta para su dignificación laboral. Caso: Ensenada”, también publicado por México Evalúa. Además, los policías están constantemente expuestos a la violencia letal. Un policía de México enfrenta cuatro veces más riesgo de morir en un asesinato que un civil. Revertir esta situación requiere de claridad sobre cuáles son las condiciones que debe tener un policía para hacer su trabajo, inversión y coordinación entre niveles de gobierno. 

Este sexenio cierra con muchos pendientes, como el abandono de la agenda de prevención, la implementación de la justicia cívica y el fortalecimiento de las policías civiles. Además, en vez de impulsar a los mecanismos alternos de solución y a la justicia basada en las personas y sus necesidades, vimos el retorno del sistema penal punitivista. Esto nos hace sentir de vuelta en la casilla uno. Pero la consciencia de saber lo que sirve y lo que no, es un avance que nadie puede arrebatarnos.