La captura política de los puestos judiciales todo lo corrompe
Por Alejandra Quezada (@quezada_as) | Animal Político
El reciente episodio de la detención de la jueza estatal de Veracruz Angélica Sánchez ha demostrado, una vez más, lo dañina que puede resultar la captura política de los más altos cargos judiciales.
A estas alturas, no queda duda de que la mente detrás de la detención fue el gobernador de Veracruz, quien en reiteradas ocasiones acusó a la juzgadora de ser corrupta y de haber liberado a un delincuente (incriminaciones, por cierto, que violan no solamente la presunción de inocencia de la jueza, sino también la del como del presunto delincuente, cuya no vinculación a proceso ella dictó después de que un juez federal le ordenara revalorar las pruebas y reponer su sentencia).
Sin embargo, alguien más jugó un papel relevante en este episodio: la presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. En primer lugar, hay que considerar que la misma jueza Sánchez explicó que la presidenta solía dar línea a los jueces, y así lo hizo cuando le instruyó vincular a proceso a ese imputado. Por otra parte, trascendió que al día siguiente de que se impusiera prisión preventiva a la jueza, la presidenta supuestamente reunió a los juzgadores de la entidad para decirles que, si no acataban sus órdenes, les podría pasar lo mismo que a la jueza Sánchez. Esto, casi sobra decirlo, representa una flagrante violación a la independencia judicial.
He aquí una ilustración detallada de lo que pasa cuando los magistrados son designados no con base en criterios meritocráticos, sino por sus afinidades políticas[1].
Retratos de lo inadecuado
Lamentablemente, la mayoría de los procesos de designación judiciales en el país siguen respondiendo a una lógica que puede generar nefastas consecuencias. Es recurrente que tanto a nivel federal como local los nombramientos de magistrados o consejeros de la judicatura estén cobijados por la opacidad, la discrecionalidad y el reparto de cuotas, o están ‘congelados’ por falta de acuerdo político.
No olvidemos que hace más de un año que el Senado no designa a un consejero(a) de la judicatura federal, proceso que antes de mandarse a la congeladora se caracterizó por su falta de transparencia y de participación ciudadana[2]. Como se ve, en ocasiones no se realiza el proceso; en otras se realiza, pero con deficiencias, y en otras los perfiles designados no sean idóneos para el cargo, ni independientes. Esto nos preocupa porque incumple con los estándares internacionales[3] referentes a los procesos y perfiles para las designaciones del personal judicial.
Recientemente dos de estos procesos llamaron en particular nuestra atención. Uno, la designación de cuatro personas magistradas en Jalisco, y otro más de una persona consejera de la Judicatura en Chiapas.
En el caso de Jalisco, las vacantes se ‘abrieron’ cuando dos magistrados[4] se retiraron por haber alcanzado los 70 años de edad; uno más optó por la jubilación[5] de retiro voluntario y otro más[6] no fue ratificado para ocupar el cargo en un segundo periodo. Así, en la primera quincena de diciembre se emitieron dos convocatorias[7] públicas para designar a quienes ocuparían las cuatro vacantes disponibles, supuestamente bajo el principio de paridad de género[8].
Ambas convocatorias preveían la postulación y publicación de perfiles en enero, la realización de las evaluaciones –de entorno social, examen de conocimientos, entrevistas individuales y evaluaciones de currículum por parte del Comité de Participación Social– durante febrero y la designación por parte del Pleno del Congreso de Jalisco a más tardar el 9 de marzo. Sin embargo, llegamos a mitad del año y las designaciones no se han realizado.
Sólo se dio a conocer el motivo de tal omisión en el caso de una de las vacantes. El mismo 12 de diciembre, cuando se aprobaron las convocatorias, se supo que el magistrado Villanueva había presentado un amparo y obtenido una suspensión provisional, por lo cual se mantendría en el ejercicio del cargo hasta en tanto se resolviera el fondo del litigio. En consecuencia, la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Jalisco, en sesión extraordinaria del 18 de enero[9], acordó suspender la convocatoria respecto a esta vacante, precisando que la otra vacante de la misma convocatoria seguiría su curso.
Sin embargo, el 24 de enero el Congreso suspendió en su totalidad las dos convocatorias sin explicar por qué, y hasta hoy no las ha reactivado ni ha emitido nuevas, lo que ha generado afectaciones en el Tribunal, pues a decir de su presidente, tres magistrados han tenido que trabajar el doble para ‘sacar’ el trabajo.
El presidente también reconoció que no hay impedimento legal para que se realicen los nombramientos de las tres vacantes que no están afectadas por la suspensión concedida al magistrado Villanueva, y que es posible que esas designaciones no se hayan realizado debido a cuestiones políticas. Si nos remitimos a lo ya visto en Jalisco, es posible que la situación se deba a que, con la designación pospuesta, el acuerdo político que habían alcanzado las fuerzas políticas para ‘repartirse’ las cuatro vacantes se haya roto, y no se lograra encontrar un nuevo acuerdo cuando solamente quedaba tres vacantes a distribuirse.
En Chiapas, por su parte, la designación de una consejera de la Judicatura sí se realizó, pero el proceso no cumplió con estándares de objetividad, rigor, transparencia y participación ciudadana, lo cual impide saber si la persona nombrada es idónea.
La Constitución de Chiapas establece que la composición del Consejo es de cinco miembros, el presidente y cuatro personas que sean o que hayan sido magistrados/as o jueces/zas, las cuales son designadas por el Legislativo, dos a propuesta de quien presida el Tribunal Superior de Justicia del Estado y dos a propuesta del titular del Poder Ejecutivo.
La designación más reciente correspondió con este último supuesto; es decir, intervinieron únicamente órganos políticos: el Poder Ejecutivo para la propuesta y el Legislativo a cargo de la decisión final. En contraste con la recomendación de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que apunta a que un órgano independiente sea el que realice este tipo de designaciones.
Por lo demás, no fue posible encontrar una convocatoria o documento con el que se diera inicio al proceso de selección emitido por el Ejecutivo. Esto no es extraño, ya que por lo regular no se realiza una convocatoria (por lo que no hay nada que publicar), ni existe un proceso de selección como tal, pues se trata de una decisión unilateral del Ejecutivo. El problema entonces es que resulta imposible saber bajo qué criterios el Ejecutivo llegó a la propuesta que presentó.
Es así que a mitad de la opacidad y sin un proceso objetivo y meritocrático visible, el gobernador de Chiapas entregó al Congreso el oficio OG/0020/2023 (que tampoco se encuentra publicado) por medio del cual hizo del conocimiento de los diputados y diputadas locales “que nombró como Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, a la licenciada Zelmira Perla de Rocío Gutiérrez Beltrán, quien se desempeña como Jueza de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado”.
El proceso en el Congreso fue exprés, sin transparencia, participación ciudadana ni un análisis minucioso. En efecto, según el acta de la sesión del Congreso del 13 de abril, apenas tres días después de la recepción del oficio del Ejecutivo se dio lectura a dicho oficio y al currículum de la jueza Gutiérrez, y se sometió a discusión. Ésta debió permitir la intervención de dos oradores en contra y de dos a favor, lo cual no tuvo lugar, ya que nadie solicitó el uso de la voz. Por ello, acto seguido el nombramiento se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad, o para ser más precisos, por 31 votos a favor y cero en contra, aun y cuando la lista de asistencia de esta sesión solamente comprendía a 30 legisladores(as). En ese mismo momento se tomó protesta a la jueza, ahora como consejera.
De la consejera Gutiérrez[10] se sabe que es licenciada en Derecho, con maestría en Ciencias Penales y doctorado en Derecho Penal, con varios cursos acreditados, un par de actividades docentes y, una trayectoria de casi 30 años en el Poder Judicial estatal, donde inició su carrera como actuaria. En la prensa se reporta que en 2019, cuando era jueza de control, fue cambiada de adscripción, luego de señalamientos por parte de policías y abogados en su contra, supuestamente por haber ordenado la no vinculación a proceso de presuntos delincuentes a cambio de sobornos. No se sabe si estas acusaciones fueron investigadas[11], comprobadas o desmentidas. De cualquier forma, la simple existencia de los señalamientos ameritaba que los órganos encargados de la designación realizaran el análisis, con mayor razón cuando la designación corresponde a un puesto que tiene entre sus responsabilidades la vigilancia, disciplina y sanción del personal del Poder Judicial.
Por todas estas deficiencias, el proceso deja inquietudes, más que otra cosa. Eso sí: al menos la designación se realizó, cosa que no se puede decir para los casos del Poder Judicial de Jalisco o del Consejo de la Judicatura Federal. De no haberse hecho, el Pleno del Consejo de la Judicatura no podría sesionar[12] ya que actualmente sólo tiene tres miembros, es decir, funciona apenas con el quorum mínimo, y no se sabe por qué siguen vacantes las dos posiciones cuyos aspirantes deben ser propuestos por quien presida el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
De la preocupación a la acción
Éstos solamente son ejemplos (de nuevo, no aislados, y que vemos a nivel federal y local año tras año) de la baja calidad de los procesos de designación, de su escasa transparencia y nulos espacios para la participación ciudadana, que generan incertidumbre en torno a la idoneidad de los perfiles seleccionados. Es un tema que nos debe preocupar a todas, porque de ello depende recibir justicia independiente y de calidad. De lo contrario, nos arriesgamos a episodios de corrupción inaudita, como el de Veracruz.
Con este ánimo elaboramos desde México Evalúa una Guía para el monitoreo de designaciones judiciales, con la que proponemos una metodología para dar seguimiento a los procesos de designación y analizar los perfiles de las y los aspirantes. Con ella, esperamos conformar una red nacional de monitoreo de designaciones judiciales[13] que contribuya eventualmente a mejorarlas.
[1] La magistrada Jiménez y cinco magistrados más fueron nombrados en 2020 a propuesta del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez y con aprobación del Congreso estatal: https://www.milenio.com/estados/congreso-de-veracruz-aprueba-nombramientos-de-nuevos-magistrados
Además, Roberto Rodríguez Cruz, presidente de Foro Liberal de Abogados del Estado de Veracruz, recordó que un juez federal habría dejado sin efecto el nombramiento de Lisbeth Aurelia Jiménez como magistrada:
[2] Eso ha sucedido también en designaciones que rebasan el ámbito judicial, como es el caso de tres vacantes de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que el Senado no ha realizado, limitando nuestro derecho de acceso a la información, ya que por esta situación, hace más de dos meses que el INAI no tiene quorum para sesionar.
[3] Pueden consultarse el compilado de estándares en la Guía para el monitoreo de designaciones judiciales: https://www.mexicoevalua.org/guia-para-el-monitoreo-de-designaciones-judiciales/
[4] Guillermo Valdez Angulo y Gonzalo Julián Rosa
[5] Manuel Higinio Ramiro Ramos
[6] Luis Enrique Villanueva Gómez
[7] https://www.congresojal.gob.mx/sites/default/files/convocatorias/178_20221212175955.pdf
https://www.congresojal.gob.mx/sites/default/files/convocatorias/179_20221212180217.pdf
[8] Bajo el argumento de alternancia para la paridad de género se publicó una convocatoria exclusiva para mujeres, lo cual es una medida afirmativa, y otra exclusiva para hombres. Esto demuestra el mal entendimiento de la perspectiva de género y de las medidas afirmativas, que están destinadas a igualar las condiciones para un grupo en desventaja.
[9] En la misma sesión se aprobaron dos convenios, uno de colaboración entre el Poder Legislativo del Estado de Jalisco y la Coordinación General Estratégica de Seguridad Pública del Estado de Jalisco para la aplicación de las evaluaciones de control de confianza y otro con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior para el diseño, aplicación y emisión de resultados del examen teórico práctico de conocimientos.
[10] Véase: https://comisiones.senado.gob.mx/justicia/docs/nombramientos/magistrados/CHIAPAS/ZPDR/anexo_4.pdf
[11] En la Plataforma Nacional de Transparencia no se observa (2018-2022 no publicaron información) que la funcionaria haya sido sancionada, y en el portal institucional del Poder Judicial, de 2019 a 2022 se reportó que la funcionaria no tenía sanciones.
En una solicitud presentada en 2021 se preguntó por las quejas presentadas en contra de algunos jueces, incluyendo la actual consejera, y la respuesta institucional fue que la entonces jueza tenía 0 quejas en 2019, 2020 y 2021. Ver: https://tinyurl.com/2hao5hcl
[12] Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas
Artículo 143. El Pleno del Consejo de la Judicatura se integrará por cinco Consejeros, pero bastará la presencia de su Presidente y dos más de sus miembros para que sesionen.
[13] Si quieren sumarse a esta red, pueden enviar un correo a la dirección:
transparencia.justicia@mexicoevalua.org
