Edna Jaime (@EdnaJaime) | El Financiero

En su primera mañanera de 2020 el presidente expresó su intención de serenar al país, en franca alusión a la situación de violencia que padecemos. Serenar significa tranquilizar. Y para estar tranquilos necesitamos de ciertas certezas básicas. Que lo primordial esté resuelto. Entre estas certezas la más importante es la obligación del Estado, que para eso existe.

Lo primero que podría decir es que, para serenarnos, necesitamos instituciones fuertes que funcionen para lo que están hechas, en todos los ámbitos. Y uno particularmente importante para el país en estos momentos es el de la justicia. Su rezago es monumental y las consecuencias de ello son una fuente constante de zozobra y de agravio. La justicia penal en el país tiene años en un proceso de reforma que no culmina, más bien se estanca. Particularmente lo relativo a la procuración de justicia. Ese eslabón crítico para la justicia penal desde hace mucho nos debe las certezas básicas.

La persecución criminal en el país está en un proceso de cambio. Con excepción de Baja California Sur, Hidalgo y Tlaxcala, el resto de las procuradurías estatales en el país ha transitado o está transitando hacia modelos de fiscalías autónomas. Pero no necesariamente esto arroja buenas noticias. Por el trabajo que se ha hecho desde México Evalúa conocemos que muchos de estos procesos son más nominativos que sustantivos. No hay un verdadero cambio hacia fiscalías autónomas en lo político, en lo operativo o presupuestal. Tampoco hay cambios en los modelos de gestión o en el reclutamiento y capacitación de los operadores. Esto es, muchos de los cambios son simulaciones.

De seguir por esta ruta, estas “transiciones” nos dejarán con las manos vacías. O sea, sin una avenida más ancha y cierta para acceder a la justicia. Y la historia del país seguirá contándose con la injusticia y la impunidad como hilo conductor.

Una transformación anhelada fue la de la PGR hacia la FGR. El tema logró convocar a grupos civiles de los más distintos orígenes y signos. A defensores de derechos humanos, a organizaciones que trabajaban para combatir la corrupción, a grupos de búsqueda de desaparecidos, a quienes trabajan por la seguridad. Todas estas agendas llevaban al mismo lugar: la PGR. Existió un entendimiento compartido de que los grandes temas del país no podrían resolverse sin una procuración de justicia reformada. Así surgió el colectivo #FiscalíaQueSirva, que nutrió el debate de por dónde debía conducirse la transformación. No todo lo planteado se recogió en la reforma a la ley orgánica que dio vida a la Fiscalía. Pero comenzamos el 2019 con el nombramiento del fiscal y con los primeros cambios que los transitorios en la ley marcaban.

Estamos a unos días para que se venzan plazos importantes ahora que se cumple el primer año de operación de la Fiscalía. Y considero que como ciudadanos nos toca seguir de cerca esta transformación. Para que no nos den gato por liebre y para no permitir que se nos cierre esta ventana de oportunidad.

Con ese propósito en mente el equipo de justicia de México Evalúa presentó hace unas semanas el Observatorio de la Transición PGR-FGR. El objetivo es medir el cambio. Seguir a través de una metodología pública y replicable, y por tanto reseñable, los ejes centrales de dicha transición. Cada año se ofrecerán los resultados.

Con la presentación de la metodología del Observatorio se hizo también la entrega de la primera medición. En ella todavía no se percibe cambio alguno en lo que importa. A pesar de que la ley planteaba la obligación de contar con un plan de persecución penal provisional, éste no se refleja en los asuntos que inicia y los poquísimos que resuelve la nueva Fiscalía. La mayoría siguen quedando en archivo temporal. Es difícil esperar un cambio abrupto en una institución que tiene rezagos enormes. Nada más complejo que operar un cambio refundacional en una organización que está en marcha en un contexto por demás adverso. Pero la continuidad que vemos es pasmosa.

Eso no mata las expectativas. LA FGR debe ser el brazo del Estado mexicano para desmantelar redes criminales, las de alto calibre. Esa debe ser su nueva definición. Y para eso se planteó la transición. Ésa es la vara con la que tenemos que medirla.

Esta metodología, que nos dará pauta sobre cómo va la transición a nivel federal, también debe servir para medir los cambios en las entidades federativas. Porque estos cambios pomposos deben derivar en algún beneficio para el ciudadano. Para ofrecerles una puerta más grande a la justicia y a la conflictividad social que se presenta mayoritariamente en asuntos que son del fuero común.

Esperamos resultados. Esperamos recuperar la confianza en nuestras instituciones. Esto es lo que da legitimidad al Estado, más allá de personalidades carismáticas y populares. Es la base en la que se podrá asentar nuestra serenidad.