Jueces elevan la calidad de la justicia en San Luis Potosí y Querétaro
- México Evalúa presentó Calidad de la justicia: Observatorio de Audiencias y Resoluciones Judiciales, una evaluación hecha a partir de la observación de 32 procedimientos penales en Querétaro y San Luis Potosí.
- Los resultados de este reporte muestran la forma en que los jueces elevan la calidad del sistema; entretanto, los ministerios públicos, defensores y asesores de víctimas mantienen estándares de desempeño bajos.
- San Luis Potosí cuenta con mayor eficiencia en el tratamiento de asuntos relativos a delitos patrimoniales, al proponer salidas alternas con más efectividad. Por su parte, Querétaro muestra una buena coordinación interinstitucional y un amplio conocimiento en técnicas jurídicas.
Ciudad de México, 24 de mayo de 2022
Los jueces elevan la calidad del sistema de justicia penal, mientras que, en general, el desempeño de los ministerios públicos, defensores y asesores de víctimas presenta todavía varios aspectos susceptibles de mejora. Así lo advirtieron especialistas durante la presentación de Calidad de la justicia: Observatorios de Audiencias y Resoluciones Judiciales, un estudio de México Evalúa.
Al observar los resultados por tipo de operador, los mejores calificados fueron los jueces, con un puntaje promedio de 81 de 100 puntos. Los ministerios públicos tuvieron una calificación de 74.82; la defensa, de 60.22 puntos y la asesoría de víctimas obtuvo la calificación más baja, con 27.16 puntos.
Para la evaluación, realizada para esta edición del Observatorio en Querétaro y San Luis Potosí, se analizaron 32 procedimientos penales completos, desde la audiencia inicial, hasta la sentencia. La muestra contempló casos rutinarios, como robos, así como de alto impacto social, como homicidios, secuestros o violaciones. Se analizaron aspectos como el apego a los principios del sistema de justicia penal acusatorio; la gestión y el uso del tiempo en las audiencias; la calidad del litigio; el respeto a los derechos de las partes, así como la calidad de las sentencias.
En cuanto al apego a los principios del sistema de justicia penal acusatorio, se observó que Querétaro obtuvo la mejor calificación, con 77 puntos según la metodología, mientras que San Luis Potosí obtuvo 70.
La calidad de la justicia depende de la capacidad del sistema de justicia penal para proteger los derechos de las personas. En este sentido, señala el documento, existen importantes aspectos de mejora, especialmente respecto a la perspectiva de género. En este tipo de casos se observa que no se terminan de internalizar en la práctica los enfoques de atención diferenciados de la violencia de género en contra de las mujeres y niñas, ni se aplican suficientemente los protocolos de actuación específicos para delitos como el feminicidio.
En general, el sistema de justicia penal no está siendo capaz de generar respuestas diferenciadas para los casos. “No encontramos un desempeño distinto entre los casos rutinarios y los de alto impacto social, en los que las autoridades deberían de cumplir con deberes de protección reforzados en materia de derechos. De hecho, la calidad de la justicia en estos casos es menor”, apuntó Chrístel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, durante la presentación virtual.
Por otro lado, el estudio confirma que en lo que respecta a la reparación del daño, se necesitan considerar reparaciones integrales para garantizar la protección de derechos de las víctimas del delito.
El documento destaca que San Luis Potosí cuenta con mayor eficiencia en el tratamiento de asuntos relativos a delitos patrimoniales, al proponer salidas alternas o de terminación anticipada con más efectividad. Querétaro, por su parte, tiene una buena coordinación interinstitucional entre el Poder Judicial, la Fiscalía y la Defensoría, así como la posibilidad para los agentes del Ministerio Público de conocer el caso desde el inicio y hasta el final del proceso, lo que repercute en un desempeño de mayor calidad.
Para elevar la calidad del sistema de justicia penal, el documento propone:
- Garantizar la especialización de las personas operadoras, especialmente en casos de violencia de género y desaparición forzada, a través de mecanismos que certifiquen conocimientos, habilidades y trato digno.
- Identificar, desde el inicio del proceso y en cada una de las etapas, los enfoques diferenciados y la debida diligencia reforzada que deban ser aplicados, como en los casos de violencia de género o desaparición forzada.
- Asegurar la participación diligente de los asesores jurídicos, aun cuando no se encuentre presente o incluso localizable la víctima, de tal forma que sus derechos se vean garantizados, e institucionalizar la reparación del daño para que sea integral.
- Asegurar competencias en argumentación, lógica jurídica aplicada y la creación y aplicación de metodologías y planes de investigación, con la finalidad de que estén articuladas las acciones que realiza cada una de las personas operadoras.
- Contar con un mecanismo que auxilie en la programación de horarios para las audiencias, con la finalidad de no empalmarlas, evitar su diferimiento y la vulneración del principio de inmediación y continuidad.
El documento completo puede descargarse aquí
La presentación puede recuperarse aquí
Contacto de prensa
Cynthia Castañeda
55 2302 9582
cynthia.castaneda@mexicoevalua.org
