Islotes de seguridad: pistas para su construcción
En México coexisten dos realidades en materia de seguridad. De un lado están los estados presionados por la diversificación criminal. Del otro, los “islotes de resiliencia”, donde estrategias locales reducen la incidencia delictiva.
Por Armando Vargas (@BaVargash) y Yair Mendoza (@yair_mendozacg) | Programa de Seguridad
Publicado en: Animal Político
Mes a mes, en México Evalúa realizamos un monitoreo del comportamiento de la violencia letal. Lo llamamos Violencia y Pacificación y en él analizamos la tasa por cada 100 mil habitantes de la sumatoria de homicidios dolosos, culposos, feminicidios, otros delitos contra la vida y personas desaparecidas. Consideramos todos estos indicadores porque, por sí solo, el homicidio doloso, aunque sigue siendo el más mediático, se ha vuelto obsoleto para dimensionar la violencia frente al deterioro institucional y al empoderamiento criminal que laceran varios territorios del país.
Además, de manera cuatrimestral, ampliamos el espectro para incluir otros delitos tales como extorsión, narcomenudeo, secuestro, robo de vehículo, robo a transportista y robo a negocio. Con ello buscamos una lectura integral y multidimensional del contexto de seguridad pública, capaz de asociar tendencias delictivas con políticas implementadas.
La lógica evaluativa es sencilla: con base en la tasa por cada 100 mil habitantes y el cambio porcentual, se construyen balances. Si una entidad está por debajo del promedio nacional y muestra tendencia a la baja, el balance es positivo. Si está por debajo, pero al alza, es regular. Las entidades por encima del promedio tienen balance negativo si la tendencia va a la baja, y muy negativo si tal tendencia es ascendente.
En el segundo cuatrimestre de 2025 (enero–agosto) nuestro análisis revela la coexistencia en México de dos realidades en materia de seguridad.
Dos países: violencia expandida y resiliencia local
De un lado están las entidades presionadas por la diversificación criminal que enfrentan al mismo tiempo violencia letal, extorsión y delitos de alto impacto. Guanajuato sigue atrapado en una espiral de homicidios y extorsión a pequeños negocios. Morelos combina tasas elevadas de feminicidio y desapariciones con un narcomenudeo en expansión. En Baja California, el deterioro responde a las disputas por corredores de trasiego hacia Estados Unidos. En esos mismos niveles de problemática están San Luis Potosí y el Estado de México.
Del otro lado aparecen los “islotes de resiliencia”. Estas entidades no están exentas de delitos, pero sus estrategias locales han logrado contener o reducir la incidencia. Yucatán mantiene tasas bajas en casi todos los indicadores y reporta descensos en violencia letal, narcomenudeo y robo a negocio. Campeche logró reducciones sostenidas en extorsión, robo de vehículo y robo a negocio, consolidándose como un espacio con avances estables. Durango muestra retrocesos en violencia letal y extorsión, gracias a acciones coordinadas con municipios y federación. Aguascalientes y Querétaro, por su parte, conservan niveles bajos en secuestro y en delitos patrimoniales, reforzando su perfil como entidades con entornos de seguridad relativamente controlados.
Llama la atención que, en medio del incesante flujo de noticias sobre violencia y deterioro en varias regiones del país, exista este segundo grupo de casos. La presencia de entidades que han logrado contener o incluso reducir la incidencia delictiva contrasta con el panorama dominante. Sobre todo muestra que, aun en un contexto nacional adverso, hay experiencias locales que resisten y ofrecen pistas sobre cómo construir seguridad desde lo territorial. ¿Qué explica estos casos?
La contribución federal y sus límites
La administración de Claudia Sheinbaum arrancó con cuatro líneas: 1) estrategia contra generadores de violencia, 2) incautación de drogas y armas, 3) combate al huachicol y 4) estrategia contra la extorsión. Esta apuesta marca un desmarque respecto a la política de seguridad de López Obrador. A diferencia del énfasis en la Guardia Nacional como fuerza todoterreno y la idea de “abrazos, no balazos”, la presidenta ha buscado construir un relato de acción más focalizada y de recuperación de territorios. Su estrategia está encabezada por actores civiles y emplea la inteligencia como insumo prioritario. Con ese enfoque ha asestado golpes a los principales flagelos.
Sin embargo, se ha focalizado sobre todo en entidades con disputas criminales abiertas, como Sinaloa, donde los operativos contra capos y el aseguramiento de arsenales han marcado la agenda mediática. El énfasis en estos territorios envía la señal de que la pacificación se juega en el desmantelamiento de grandes estructuras, pero al mismo tiempo deja claro que quizá las claves de la pacificación están en lo local: en la capacidad de los gobiernos estatales y municipales para contener la violencia cotidiana, articular a las comunidades y fortalecer instituciones de seguridad que operen en contacto directo con la ciudadanía.
Lo local parece importar (y mucho)
Mediante la revisión de acciones de gobierno disponibles en fuentes abiertas (notas periodísticas e informes de diversas dependencias públicas) identificamos algunas acciones en materia de seguridad pública que, probablemente, están contribuyendo a la construcción de los islotes de seguridad.
En Yucatán y Campeche, la visión comunitaria ha generado redes ciudadanas en contacto directo con la autoridad: comités de vecinos, empresarios y escuelas que funcionan como alertas tempranas. No es glamour institucional, pero esa proximidad permite que la policía reciba información oportuna sobre consumo de drogas, violencia doméstica o comportamientos sospechosos en el espacio público.
Durango y Aguascalientes destacan por la coordinación intergubernamental, incluso entre actores de distintos partidos, y por fortalecer capacidades policiales: compra de patrullas, capacitación y operativos limítrofes para controlar el ingreso de vehículos.
Querétaro, por su parte, endureció sanciones y mejoró la tasa de recuperación de armas y autos robados. Además implementó un modelo de gestión de la justicia penal y la seguridad, que ha dado buenos resultados. Estas acciones no garantizan paz duradera, pero muestran que coordinación, equipamiento y profesionalización policial, junto con participación ciudadana, parecen ser piezas mínimas para resistir al crimen.
La articulación requerida
La diversidad del país confirma que no existen recetas únicas para enfrentar la violencia, pero los casos aquí analizados ofrecen lecciones valiosas. La política federal de Claudia Sheinbaum, al poner la mira en los grandes flagelos nacionales, es un giro relevante respecto al sexenio anterior. Sin embargo, corre el riesgo de quedarse corta si no contempla que la construcción de paz ocurre en lo local. Los “islotes de resiliencia” sugieren que la inclusión de la ciudadanía, la coordinación institucional sin importar colores partidistas, y policías equipadas y capacitadas son la base mínima para contener al crimen. Por supuesto, habrá que hacer las pruebas de hipótesis correspondientes.
El reto para el nuevo gobierno es doble: sostener la presión sobre las estructuras criminales nacionales y, al mismo tiempo, aprender de estas experiencias locales. Si su efectividad se demuestra , es deseable replicarlas y fortalecerlas. Solo así será posible pasar de las islas de seguridad a un verdadero archipiélago de paz que dé respuesta a la exigencia ciudadana.
