Por Mariana Campos (@mariana_c_v) | El Universal

Hace unos días me preguntaron si el actual Gobierno había logrado transformar lo esencial del presupuesto. Respondí que no mejoró la realidad financiera. Y es que seguimos padeciendo las mismas limitaciones estructurales en el ámbito presupuestal; es decir, los ingresos siguen creciendo a menor ritmo que el gasto y el endeudamiento se sigue ampliando. Pero al mismo tiempo veo un cambio estructural relevante, que debemos señalar sin titubeos. Se profundizó el uso del presupuesto federal para alterar el equilibrio de poderes del Estado mexicano. En efecto, la propuesta de Presupuesto 2024 nos confirma que se están promoviendo rasgos institucionales que debilitan la democracia mexicana: el autoritarismo, el centralismo y el militarismo.

Veamos el centralismo. El Gobierno actual ha tomado decisiones sobre cómo se ingresan y gastan recursos públicos que han terminado limitando la cantidad de recursos federales a repartir entre las entidades. Para 2024, el gasto federalizado será 0.7% inferior a lo otorgado en 2018. Nunca había disminuido el gasto al cierre de un sexenio. Esto implica que los estados recibirán 19,400 pesos por persona, 1,100 pesos menos que en 2018. ¿De dónde viene la caída? La disminución de impuestos a Pemex (decidida unilateralmente por el Gobierno federal) merma sus ingresos petroleros y, por ende, la bolsa de recursos para distribuir entre los estados. Además, a falta de una reforma que fortalezca la recaudación tributaria, el endeudamiento ha sido una fuente de ingresos creciente para el actual Gobierno. Sin embargo, hay que notar que no está obligado a compartir con los estados, por la vía del gasto, los recursos que ingresa por endeudamiento. La puntilla es que desde el inicio del sexenio dejó de financiar fondos y convenios, para el trabajo coordinado con estados, no obligados en la Ley de Coordinación Fiscal, y ha promovido la recentralización de los recursos para la salud.

Necesitamos contar con recursos adicionales para financiamiento de áreas muy necesarias para el desarrollo del país, pero tales recursos bien podrían acabar traduciéndose en mayor inversión para el Estado autoritario…

El militarismo, por su parte, ha sido uno de los principales enfoques del presupuesto en el Gobierno de AMLO. En 2018, el monto de recursos destinados a seguridad y justicia gestionados por entes públicos civiles –FGR, Gobernación y SSPC– era prácticamente igual que el monto controlado por Sedena, Semar y Guardia Nacional. Pero en 2024 los recursos gestionados por los entes militares ascenderán a 402 mil millones de pesos, 4.5 veces mayores que los manejados por los civiles. Las Fuerzas Armadas habrán pasado de controlar el 3% de la inversión pública (2018) a hacerlo en el 20% (2024). No olvidemos que Sedena gestionará la construcción del Tren Maya, y Semar el Corredor del Istmo de Tehuantepec.

Finalmente, el debilitamiento de la división de poderes a través del presupuesto ha sido obvio durante todo el sexenio. Los organismos constitucionalmente autónomos sufrieron recortes, con el Poder Judicial como uno de los notables afectados. Hoy tiene más trabajo y menos presupuesto. El gasto por asunto cayó 22% en 2022 vs. 2018, cuando los mexicanos requerimos más justicia, no menos. Esto se suma a una reforma para la extinción de sus fideicomisos que no sólo busca expropiar sus recursos, sino también aplanar su autonomía presupuestaria, sometiéndolo a un régimen especial en materia hacendaria que ningún otro ente público debe observar.

En México Evalúa fuimos analizando y delineando parte de estos rasgos durante el sexenio. Hoy tenemos una película completa, que permite identificar un gran dilema: necesitamos contar con recursos adicionales para financiamiento de áreas muy necesarias para el desarrollo del país –infraestructura pública, servicios de salud, policías o el sistema de justicia–, pero tales recursos bien podrían acabar traduciéndose en mayor inversión para el Estado autoritario.