(In)justicia para las mujeres

Por Chrístel Rosales (@Chris_Ros)

El año pasado se caracterizó por la violencia contra las mujeres y la falta de justicia. El 35% de las mujeres a nivel mundial experimentó alguna violencia física o sexual y el número de llamadas de auxilio por parte de ellas se quintuplicó. En México la tendencia fue similar: cerramos el año con 3,874 homicidios de mujeres, más de 8 mil mujeres y niñas desaparecidas y casi 700 mil llamadas de auxilio por violencia en el hogar.

El encierro en 2020 a causa de la contingencia sanitaria implicó la reducción de los delitos en 10%, pero la violencia de género y la violencia familiar se incrementaron en 27% y 5%. Ante esta realidad, todo el aparato de seguridad y justicia en México tendría que mirar los fenómenos delictivos a partir de los lentes de género.

Hace unos días, desde México Evalúa presentamos la octava edición de Hallazgos, con una radiografía precisa de la justicia en el país. Los resultados dejan ver claras brechas y desigualdades para las mujeres. En 12 años de tránsito hacia un sistema de justicia diseñado para atajar espacios de corrupción e impunidad y poner en el centro los derechos de las personas, no hemos logrado que la ciudadanía acuda a denunciar y que se respeten los derechos de víctimas e imputadas.

Me explico. La cifra negra no ha variado ni un punto porcentual desde que se tiene registro (2010), y en 2020 ascendió a 93.3%. Es evidente la falta de confianza ciudadana en la justicia y la falta de expectativa sobre su utilidad. En efecto, una mínima parte de los delitos se denuncia, pero igual observamos un sistema penal saturado e incapaz de dar respuesta, que sólo logra resolver el 5.2% de los contados casos que conoce. Sí, prácticamente la totalidad se queda rezagada o archivada. Si incluso una riña vecinal puede quedar en el cajón denominado técnicamente “archivo temporal”, imaginen lo que sucede con un feminicidio, una violación o una desaparición.

Sabemos que para muchas víctimas la expectativa de justicia no se traduce necesariamente en un castigo, sino en el esclarecimiento de los hechos, la localización de un familiar o en prevenir que la violencia de casa escale a un potencial feminicidio. Ni hablar de la reparación de los daños, que alcanza sólo al 0.30% de las víctimas y, si llega, suele monetizarse, sin prestar atención a los efectos de mayor impacto del delito, que para muchas mujeres se traducen en daños psicológicos.

Ésta es parte de la radiografía cuando las mujeres enfrentan la justicia como víctimas, pero ¿cuál es el panorama cuando nos acusan de haber cometido un crimen? Aunque se insiste en la neutralidad de las leyes, en la práctica la discriminación campea. Los derechos de las mujeres suelen ser menos respetados: enfrentamos un trato desigual caracterizado por prejuicios, roles y estereotipos.

Cuando las mujeres somos detenidas tenemos menos posibilidades de contactar asesoría jurídica, se nos presiona más para dar otra versión de los hechos, se nos informa menos sobre nuestros derechos y se nos amenaza con hacerle daño a un familiar. También se nos asocia con un mayor riesgo de fuga o riesgo para la sociedad: mientras a los hombres la prisión preventiva se impone en tres de cada 10, en mujeres es una de cada dos. Finalmente, las penas de prisión mayores a 21 años son impuestas principalmente a mujeres.

El sistema penal sin un enfoque de género no sólo cierra el acceso a la justicia a las mujeres, sino que también se convierte en parte del problema, pues reproduce los efectos discriminatorios y perpetuadores de la violencia. Esta revisión de datos es una llamada de auxilio.