El impulso legislativo que busca la creación de un Consejo Fiscal es loable y debe contar con apoyo amplio

• El Colectivo Pe$o, integrado por organizaciones especializadas en el análisis del presupuesto para asegurar su sostenibilidad, aplaude los esfuerzos que actores relevantes dentro del Poder Legislativo están haciendo para dar pie a la creación de un verdadero Consejo Fiscal.
• Exhortamos al Congreso a dotar al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del diseño y atribuciones adecuadas para convertirse en un Consejo Fiscal durante la próxima discusión del Paquete Económico 2020.

El 26 de agosto de 2019 el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, señaló que es necesario que México adopte un Consejo Fiscal.
Los integrantes del Colectivo Pe$o –IMCO, Ethos, Gesoc, CEEY, México Evalúa, ITDP y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza– consideramos que el hecho de que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados reconozca la urgencia de contar con un centro que evalúe la política de ingresos, gasto y deuda pública es, de suyo, una señal favorable.
El contexto, además, es promisorio, pues cada vez más autoridades ven con buenos ojos la expansión en el horizonte de análisis y planeación de las finanzas públicas, que actualmente es de un año. Un organismo como el Consejo Fiscal permitiría proyectar su comportamiento en el mediano y largo plazos, y tener la posibilidad de vislumbrar y corregir a tiempo desafíos y riesgos presupuestales que enfrenta el país.
Es positivo el surgimiento de liderazgos comprometidos con el fortalecimiento de las finanzas públicas y con la construcción de confianza en la política fiscal. Sabemos que actualmente Soraya Pérez Munguía y Mario Delgado, entre otras autoridades parlamentarias, están trabajando de forma responsable en iniciativas legislativas en un contexto financiero que exige una actuación pronta.
Tenemos recursos públicos extremadamente limitados, una situación que no da margen de maniobra para atender gastos prioritarios y necesidades de la población en salud, educación, agua, infraestructura, entre otros.
Es necesario subrayar, con mayor detalle, que los gastos obligatorios, como las pensiones y los intereses de la deuda, entre otros, han crecido en los últimos años, al mismo tiempo que los ingresos petroleros continúan en declive, lo que ha producido una fuerte presión financiera que ha reducido la cantidad de recursos que pueden destinarse a financiar la inversión en infraestructura pública, los servicios a la población y los subsidios.
De igual forma, el escenario para 2020 se vislumbra complejo, ya que la propia Secretaría de Hacienda ha estimado[1] la necesidad de recortar nuevamente el gasto, pues en ese año también se esperan menos ingresos petroleros y aumento en el pago de obligaciones.
Pero lo más grave es que hay poca discusión pública sobre las posibles soluciones a los problemas y sobre las consecuencias o costos derivados de su falta de atención. En este sentido, un Consejo Fiscal auténtico resulta esencial.

El diseño ideal para el Consejo Fiscal

En el Colectivo por un Presupuesto Sostenible hemos venido trabajando, desde hace más de tres años, por dar a conocer las ventajas de contar con un Consejo Fiscal, con base en un análisis basado en las mejores prácticas internacionales. La principal: contar con un vehículo institucional para una mayor y mejor discusión fiscal. Por eso, a petición de diversas autoridades, hemos hecho llegar diferentes recomendaciones sobre las funciones y tipo de diseño que la instancia debería tener para poder realizar su trabajo de forma adecuada.
Si bien la Cámara de Diputados ya cuenta con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y el Senado con la Unidad de Finanzas Públicas del Instituto Belisario Domínguez, es necesario un Consejo Fiscal que tenga al menos los siguientes atributos:

• Ser un centro apartidista con autonomía presupuestaria, técnica y de gestión, blindado de la intervención de los partidos políticos.
• Ser voz autorizada en el debate sobre finanzas públicas, lo que incluye pero no se limita a realizar conferencias de prensa periódicas y a publicar todos sus estudios, incluidos los estudios sobre impacto presupuestario que hoy día no se publican
• Dentro de sus atribuciones deben estar: 1) Evaluar la política fiscal, en particular el cumplimiento de la regla fiscal; 2) Elaborar proyecciones de los indicadores macroeconómicos y presupuestarios; 3) Evaluar la sostenibilidad y salud de las finanzas públicas en el mediano y largo plazos; 4) Llevar a cabo un seguimiento del ejercicio del gasto público; 5) Emitir una opinión del paquete económico, entre otras.
• El director del centro, su Consejo directivo y personal deben ser especialistas en finanzas públicas y macroeconomía, y deben ser perfiles apartidistas, que garanticen un trabajo e investigación objetivo, independiente y de calidad, en todo momento.

En el Colectivo Pe$o exhortamos a las autoridades a dotar al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del diseño y atribuciones adecuadas para convertirse en un Consejo Fiscal durante la próxima discusión del Paquete Económico 2020. Es un paso indispensable para atender de manera sostenida los problemas públicos de México.

[1] Precriterios Generales de Política Económica 2020.