Impulsar la competencia en gasolinas… #DesdeLoLocal
Por Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno) | Animal Político
En las últimas semanas se han realizado varias actividades del Grupo de Trabajo Especializado para la disminución de Trámites y Mejora Regulatoria de Estaciones de Servicio de Gasolinas y de Gas LP, convocado por la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer) (Aquí describimos su contexto e integración deseable). El objetivo del Grupo es analizar y presentar al Consejo Nacional de Mejora Regulatoria (CNMR) recomendaciones que tomarán forma de directrices para guiar a las autoridades locales en el perfeccionamiento de regulaciones y la simplificación de trámites. El Grupo[1] está conformado por diversas dependencias de la Administración Pública Federal, órganos autónomos, representantes de cámaras industriales, asociaciones de profesionistas, académicos y sociedad civil. México Evalúa tiene el honor de integrarlo.
Ésta es la primera vez que en México se realiza un esfuerzo de esta índole. La idea es que no se quede solamente en buenas intenciones, sino que se traduzca en el corto plazo en mejoras reales con efectos positivos para el bienestar de los consumidores y para la atracción de inversión. En el caso del mercado de gasolinas, dada la variedad de instituciones que lo conforman y la novedad de la iniciativa, la agenda para este semestre se configuró alrededor de una prioridad acordada: generar recomendaciones concretas para la desarticulación de los obstáculos a nivel estatal y municipal que actualmente impiden la instalación de nuevas estaciones de servicio, y que representan una de las cuatro barreras a la competencia en dicho mercado, según las identifica la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) en sus diagnósticos.
Vulnerabilidad en el suministro de gasolinas
La selección del tema atiende una problemática que entraña varias aristas: la urgencia de encontrar soluciones ante la necesidad de mejorar precios y productos; una diversificación más amplia en el mercado importador de combustibles que aproveche las ventajas del TMEC, y el combate desde lo estructural al robo de combustible.
De acuerdo con datos de Cofece y del Banco de México, nuestro país tiene una baja densidad de gasolineras. En 2015, por ejemplo, en Estados Unidos había 1,640 vehículos por gasolinera; en España, 2,800 autos, mientras que en México se llegaba a los 3,326. Según datos de la CRE, a la fecha existen en nuestro país aproximadamente 12,500 estaciones, divididas en 75 marcas, para las cuales Pemex distribuye el 94% del combustible. La mayoría de las estaciones de servicio en México están concentradas –a veces al nivel de saturación– en zonas de urbanas, autopistas y carreteras muy transitadas. Resulta muy preocupante, además, que en México existen municipios que a la fecha no tienen gasolineras que puedan abastecer a su población. Por ejemplo, en Yucatán se han identificado 57 municipios que carecen de estaciones de servicio. Lo anterior aumenta la vulnerabilidad de zonas en el país donde el único suministro de gasolinas se da a través de la venta ilícita de combustible.
Para resolver lo anterior, Cofece ha identificado que es necesario duplicar el número de estaciones de servicio y que existe un potencial de inversión de 5,000 estaciones de bajo consumo para abastecer legalmente a zonas marginadas. Sin embargo, el objetivo requiere modificaciones a nivel regulatorio local que permitan que proyectos con nuevas tecnologías resulten viables. La instalación de gasolineras tradicionales en esos lugares resulta imposible, pues el costo actual para instalar una estación tradicional oscila entre 40 y 50 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 9 millones se destinan a pagar costos relacionados con el cumplimiento de regulaciones tanto locales como federales. En el mundo ya existe tecnología de bajo costo que permite instalar estaciones de bajo volumen (40 mil litros) a un costo de 2 millones de pesos. Entonces, para atraer ese tipo de inversión es urgente bajar el costo regulatorio. Con más entrada de competidores, el mercado mayorista e importador de petrolíferos también tendría incentivos para crecer y aprovechar los beneficios del comercio exterior.
Así, entre las recomendaciones que están surgiendo del Grupo de Trabajo destaca la necesidad de que autoridades locales no limiten o impidan la instalación de nuevas estaciones de servicio. Algunas ‘medidas’ que alimentan los obstáculos son: la fijación de distancias entre competidores dentro de una misma zona geográfica y la obligación de cumplir con superficies mínimas, realizar múltiples requisitos ambientales o cumplir con requisitos muy onerosos que sólo aplican a contratos de franquicias Pemex y que no deberían trasladarse a otro tipo de contratos entre particulares.
Es necesario que se eliminen esas regulaciones fallidas y se adapten nuevos procesos, se homologuen criterios y tiempos de respuesta por parte de las autoridades locales para la expedición de permisos.
Los siguientes pasos
Los temas que se acuerden en el Grupo de Trabajo serán redactados a manera de directrices para que el CNMR los autorice, presente y publique a manera de recomendaciones, las cuales irán acompañadas de materiales y elementos de diagnóstico que faciliten la comprensión de las directrices. Por ley, las autoridades locales estarán obligadas a informar al CNMR sobre las acciones a desarrollar para su implementación, en un término de 30 días a partir de que sea comunicado por el secretario técnico, pudiendo negarse a implementarlas. Los informes serán públicos y en datos abiertos.
Los retos
Es importante entender que las normas a nivel local pueden ser completamente válidas en términos de protección a la salud o protección civil. Pero también se ha identificado que a veces su lógica obedece más a intereses monopólicos, políticos o de extracción de rentas, en detrimento del bienestar de los consumidores. Esto se ha observado en regulaciones que argumentan restricciones de orden ecológico, que a veces resultan más restrictivas que las normas federales que la ASEA ha publicado y que ya incluyen el cumplimiento con principios o normas internacionales.
A través de este proceso de discusión sin precedentes, el CNMR exhortará a las autoridades a aportar análisis finos, particularmente en caso de que expresen una opinión negativa con respecto a las directrices. En otras palabras, Cofece y Conamer han realizado una labor importante en identificar obstáculos y trazar recomendaciones de procesos de mejora con base en argumentos técnicos, pero serán las autoridades locales las que tendrán la última palabra. Por ello, así como será obligación de parte de la autoridad federal el respetar la autonomía de aquellos estados y municipios que decidan no acatar la recomendación en sus regulaciones, también será indispensable que las autoridades locales tomen este ejercicio de manera seria y ponderen los beneficios que obtendrían de una mayor inversión en sus localidades, tras la implementación de las recomendaciones. Es importante notar que, de acuerdo con la Ley General de Mejora Regulatoria, si los funcionarios locales son del todo omisos a las recomendaciones del CNMR –es decir, si no articulan ningún tipo de respuesta a ellas– podrían incurrir en responsabilidades administrativas.
Por otro lado, como toda la información que derive de las directrices del CNMR será pública, el punto fino consistirá en llevar a cabo un ejercicio completo de transparencia para visibilizar las respuestas de las autoridades locales. Dado que ello podrá implicar determinados costos políticos para las autoridades locales, será crucial la participación de sociedad civil en este proceso como observadores, vigilantes y facilitadores de una nutrida discusión sobre mejora regulatoria a partir de casos específicos.
Desde México Evalúa celebramos la instalación de un
Grupo de Trabajo en el que participan tantos
actores relevantes, incluyendo a la Comisión Reguladora de Energía, cuyo papel
es fundamental para establecer regulaciones que propicien una mayor eficiencia
en los mercados energéticos. Asumimos nuestro rol con el compromiso de
contribuir a la reflexión sobre la urgencia de modificar las condiciones
estructurales que impiden que los mercados energéticos sean competitivos, para
mayor bienestar de los consumidores y para un desarrollo de los mercados
motivado por nueva inversión y tecnología.
[1] Entre las dependencias de gobierno y órganos autónomos asistentes destacan la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), Presidencia de la República, Secretaría de Energía, la Comisión de Competencia Económica (Cofece), la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (ASEA), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) –y cuya presencia es un logro a destacar-, las Secretarías de Economía (SE), Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación (SG), y representantes de Mejora Regulatoria de las 5 regiones del país. Por parte de la iniciativa privada destaca la presencia de CONCAMIN y ONEXPO, y diversos grupos empresariales.
