La extorsión se ha convertido en un delito central en el debate público mexicano, a pesar de quedar escondido detrás de una cifra negra —que no se denuncia— de 97,4% (ENVIPE, 2022). Para romper la barrera del silencio, nuestra última investigación se enfoca en empresarios y comerciantes, partiendo de una preocupación central: en Tijuana, ¿quién me protege de la violencia? ¿El Estado u otros proveedores que compiten por un mercado paralelo de la protección?

El resultado de esta investigación de campo muestra cómo la extorsión y el cobro de piso, si bien crecen en el silencio de sus víctimas y de las autoridades, tienden a escalar rápidamente hacia delitos muy visibles: violencias físicas, daños en propiedades y, en el extremo, homicidios dolosos.