¿Hay una salida al laberinto de los datos sobre violencia contra mujeres y niñas?
Por Paulina Covarrubias (@paulinacova_) | nexos
En las instituciones gubernamentales, los datos sirven (o deberían servir) para diseñar política pública basada en evidencia y medir su eficacia. Respecto a la violencia contra mujeres y niñas (VCMN), las estadísticas de calidad son especialmente importantes pues permiten mejorar las estrategias para enfrentar la crisis de violencia que desaparece a siete mujeres y asesina a once diariamente.1
Desde México Evalúa, hemos promovido la generación de conocimiento estadístico más allá de la contabilización de casos de violencia y partimos de esta idea para realizar un estudio en Ciudad Juárez y Chihuahua en el que investigamos la generación de datos sobre la VCMN. Nuestro hallazgo general no fue particularmente alentador.
Los datos se generan con materia prima heterogénea y de calidad variada, y producen un laberinto complejo, muchas veces revictimizante e incapaz de lograr una coordinación interinstitucional. Como resultado, tenemos datos escasos, de mala calidad o imposibles de acceder. El problema se agrava más cuando,al sumarse a los miles de casos de violencia denunciados, la información se acumula en archiveros en vez de ser aprovechada para generar políticas públicas que enfrenten la violencia contra mujeres y niñas.
A continuación presento el panorama del laberinto y propongo pistas, desde la experiencia local, para esclarecer el camino del dato y aprovechar la información compartida por las denunciantes.
El registro administrativo: la ruta de salida del laberinto
Actualmente existen tres fuentes públicas principales que producen información sobre la VCMN. En primer lugar, las carpetas de investigación recopiladas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) son apenas la “punta del iceberg” de los delitos denunciados que llegaron a judicializarse. A través de éstas sabemos, por ejemplo, que en 2021 se denunciaron 69 516 casos de delitos contra la libertad y seguridad sexual.2 En segundo lugar se encuentran las encuestas especializadas y de victimización del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), que incluyen información sobre percepción de la seguridad y aquellos delitos no denunciados, es decir, buena parte del cuerpo sumergido del iceberg. Al analizar sus datos es posible calcular que la cifra negra de violencia sexual en 2021 alcanzó el 99.7 %.3 Una tragedia. Por último, están los registros administrativos que recopilan datos de cualquier caso de VCMN que llega a las instituciones locales, por ejemplo, a un Instituto para las Mujeres, un Ministerio Público (MP) o un tribunal. A diferencia de las otras dos fuentes, estos capturan la violencia antes de que se judicialice o escale a un hecho delictivo. Es decir, permiten detectar las violencias que aún no forman parte del “iceberg del delito”, pero que pueden replicarse y escalar. Así, los registros significan fuentes de información estratégicas para consolidar la política de prevención a la VCMN en México.
En 2010, el Estado creó el Banco Nacional de Datos e Información Estadística sobre Violencia Contra Mujeres (Banavim)4 para aprovechar los datos sobre la VCMN contenidos en los registros administrativos y compilarlos en un repositorio nacional. El Banco pretende homologar y ordenar la información para que todas las instancias que atienden a una mujer que sufre violencia —como un Instituto para las Mujeres, MP o tribunal—, reporten en su plataforma los detalles del caso.
En la medida en que se basa en registros administrativos, Banavim ofrece la oportunidad de dar seguimiento a los casos y generar acciones concretas en etapas tempranas para prevenir que la violencia ocurra o escale. No obstante, la realidad es menos reluciente que la teoría.
Al ignorar la realidad de las dependencias locales desde su creación, Banavim no ha logrado su objetivo y, más allá de convertirse en un tedio administrativo, ha perdido la oportunidad de aprovechar la información que ofrecen los registros para enfrentar la VCMN. Además de su falta de consolidación institucional5 y la poca difusión de sus estadísticas,6 Banavim tiene una falla central operativa: sigue un modelo extractivista que ignora a las instancias estatales y municipales que lo alimentan.
Su diseño top-down entorpece la recopilación y análisis de los datos, y resulta inadecuado porque la operatividad del Banco sigue, en realidad, el sentido opuesto. Primero, se omiten datos. Mientras que su plataforma pretende homologar variables sobre los casos, muchos campos quedan vacíos porque las dependencias no cuentan con atribuciones para completar la información.7 Segundo, se hace un doble registro. Para cada expediente, las dependencias utilizan formatos propios (ad hoc a sus necesidades) y después los recapturan en la plataforma de Banavim, lo cual puede provocar pérdida de tiempo, de seguimiento y de fiabilidad en los datos. Finalmente, se captura, pero no se analiza. El Banco no permite que quienes se encargan de capturar, accedan a la información sistematizada de los expedientes, crucen datos o compartan la información para observar patrones delictivos.
Así, en lugar de ofrecer una solución a los enredos burocráticos, el mandato nacional desvinculado de la experiencia local se ha convertido en un laberinto más.
Salir del laberinto: la brújula de lo local
Con el apoyo del Fondo Canadá para las Iniciativas Locales (FCIL) y del funcionariado de Chihuahua y Ciudad Juárez, recopilamos y analizamos experiencias de quienes, además de atender a decenas de mujeres o niñas violentadas diariamente, también alimentan el Banco. Apoyadas de sus relatos, proponemos dos vías para reapropiar el mandato nacional y potenciar la producción de datos de calidad en las instancias municipales y estatales:
1. Crear un estándar mínimo de información homologada comparable, basado en las variables que propone la plataforma de Banavim. Criterios como edad, tipo de violencia, relación entre la persona agredida y la agresora, permiten generar análisis estadísticos que superan la contabilidad de las usuarias atendidas o casos resueltos.
2. Aprovechar el “expediente único de víctima”. Este folio generado automáticamente al ingresar un nuevo caso en Banavim otorga una serie de números para identificar el caso, expediente, entidad federativa, dependencia que lo atendió y si la violencia es reincidente. Expandir su uso fuera de la plataforma permitiría trazar los casos entre dependencias, evitar la revictimización de las usuarias cuando visitan más de una instancia y garantizar su confidencialidad y protección de datos.
Nuestras propuestas buscan articular datos y generar soluciones en lo local, proponiendo convertir los mandatos extractivistas en estrategias colaborativas con utilidades concretas. Si bien hasta ahora Banavim no ha generado un valor para sus usuarias y usuarios, tiene la capacidad de promover mejores políticas de atención y prevención.
El Estado mexicano nos debe a las mujeres y niñas una serie de enmiendas y atenciones. Entre ellas, valorar a quienes denuncian y confían en sus instituciones para que la experiencia de una sea la garantía de no repetición de otras. La información que se comparte a las instituciones contiene pistas para buscar a las 9079 niñas y 12 459 mujeres desaparecidas8 y para prevenir que las violencias se vuelvan letales. Omitir estas pistas no sólo implica que los relatos de las víctimas sigan perdiéndose en el laberinto de la burocracia, sino que las mujeres y niñas que aún pueden ser desvinculadas del círculo de la violencia continúen siendo olvidadas y susceptibles a ser violentadas, desaparecidas o asesinadas.
1 De acuerdo con los datos del Reporte Semestral de la Comisión Nacional de Búsqueda (2021) y de ONU Mujeres (2021) respectivamente.
2 De acuerdo con los datos acumulados del SESNSP para 2021. Estos delitos incluyen: abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, violación simple, violación equiparada, incesto y otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual.
3 Esta cifra se obtuvo comparando las carpetas de investigación del SESNSP y datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana.
4 La creación de Banavim fue estipulada por mandato federal a través de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (artículo 17, fracción III).
5 Desde que entró en funciones, Banavim ha sido operado por la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación y, desde el 2020, por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
6 De acuerdo con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Banco debería publicar semestralmente un informe sobre la información que reúne. No obstante, su plataforma se actualiza de manera anual y no se publican informes o análisis de sus datos desagregados.
7 El tipo de variables que capturan los nueve módulos de Banavim están disponible en su Manual de Usuario.
8 Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas con datos de 1964 al 25 de abril de 2022.
