Hallazgos 2020. Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México

A cinco años de la entrada en vigor a nivel nacional de las reformas al sistema de justicia penal (SJP) en México, su consolidación todavía se antoja prematura y en constante proceso de construcción. Por descontado, en 2020 se dieron condiciones especiales que afectaron el funcionamiento del sistema: la contingencia sanitaria por covid-19, la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, el incremento de la incidencia de delitos como el homicidio y la violencia contra las mujeres, las elecciones para un número importante de cargos federales y locales, y la emisión de nuevos marcos legales de organización para la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial Federal.

En este contexto se empiezan a distinguir dos rutas en el camino de la transformación del sistema de justicia: la que siguen las instituciones federales y la de las entidades federativas. Por una parte, observamos durante el periodo que abarca este estudio una reticencia por parte de las instituciones federales a proporcionar información y a alinear sus estructuras con el marco del sistema acusatorio. Ejemplo de ello son las leyes orgánicas de la Fiscalía y del Poder Judicial Federal que, en vez de transformarse hacia una lógica de audiencias, reafirmaron en sus nuevos marcos legales prácticas basadas en los expedientes. Por otra parte, y en diferentes niveles, identificamos en algunas entidades federativas esfuerzos encaminados a profundizar la lógica que impone el sistema acusatorio, al tiempo que en otras se empieza a visibilizar una tendencia al estancamiento.

Este panorama nos lleva a sugerir la conveniencia de descubrir y difundir las buenas prácticas estatales; de conectar y construir redes de operadores de los sistemas de justicia locales e involucrar a más actores que conozcan y apoyen a instituciones de justicia transparentes y eficientes. Si fortalecemos la reforma del sistema a nivel estatal, en algún momento tendrá impacto en el orden federal. Debemos recordar que el germen de la reforma procesal penal se puede ubicar en los estados, iniciando un movimiento que no se pudo detener y, por el contrario, impulsó a las autoridades federales a su reconocimiento. El rumbo de la consolidación parece regresar nuevamente a los estados, donde se aprecia un mayor nivel de innovación y mejores resultados.

Desde que lanzamos la primera edición de Hallazgos, a la fecha, también hemos sido testigos de un giro hacia una visión más integral y sistémica, donde cada institución toma conciencia del impacto de sus resultados en el trabajo de los demás operadores. Pero de manera paradójica, en este último ejercicio también hemos presenciado cómo los órganos encargados de coordinar a los actores del sistema han perdido empuje, al grado de que en algunos estados han desaparecido y, en el caso federal, han caído en la inactividad.

Como en ediciones anteriores, hemos ejecutado la metodología basada en el análisis de condicionantes, habilitantes, resultados y el examen de calidad que iniciamos en 2019, y que este año se transforma en un reporte por separado. Ahora bien, en nuestra intención de mejorar de manera constante, hemos incorporado en la metodología otras dos herramientas para la construcción del análisis de calidad, las cuales nos permiten observar procesos penales de inicio a fin a través de la observación de audiencias y sentencias judiciales.

(En el Capítulo 2, Condicionantes, tenemos el Ranking Nacional de Avance en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, que mostramos aquí.)

Asimismo, incluimos en el presente documento un capítulo de percepción y conocimiento ciudadano sobre las instituciones de justicia penal, como vehículo de un instrumento de medición del impacto que ha tenido el SJP a 13 años de su nacimiento formal. Así, construimos una encuesta a población abierta (2020) a partir de la comparación de la Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal, levantada por la entonces Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (Setec) en 2012. Al establecer ese contraste pudimos observar si la ciudadanía ha evolucionado en el conocimiento de sus derechos, la reforma y las instituciones de justicia, y el grado de confianza en la transformación y el funcionamiento del sistema.

También en esta edición incorporamos un enfoque de género sobre la operación de las instituciones de justicia, que atraviesa por la mayor parte del análisis y se complementa con un apartado específico del capítulo de Resultados. En este apartado es notable que tanto al interior de las instituciones como en lo que toca a las personas usuarias, ya sea como imputadas o víctimas, existe un sesgo que permite violentar derechos de las mujeres. Un sistema de justicia con enfoque de género es un sistema capaz de visibilizar y atender este arraigado problema.

Finalmente, y como ya lo hicimos en Hallazgos 2019, incluimos al subsistema penitenciario a lo largo del estudio, ya que la fotografía queda incompleta sin el estado que guardan las prisiones en México. Es pertinente adelantar, por cierto, que las instituciones de este subsistema son las que menos información proporcionaron por la vía de solicitudes de transparencia.

Ya que nuestro ánimo no se limitó a retratar y analizar el estado actual de las diversas instituciones que integran el sistema de justicia penal mexicano, cerramos esta edición de Hallazgos con una serie de recomendaciones puntuales que bien podrían ser retomadas por las autoridades y también por los actores que tradicionalmente no se consideran como parte del sistema, pero que son clave para la sostenibilidad de los cambios, como son los medios de comunicación, las organizaciones de sociedad civil y las universidades, por mencionar algunos.

Así, Hallazgos 2020 se encuentra estructurado de la siguiente manera:

• Acceso a la información
• Condicionantes
• Ranking de avance en la consolidación de la reforma
• Habilitantes
• Resultados
• Tubería Procesal
• Índice de confianza
• Género
• Indice de Impunidad
• Percepción y conocimiento ciudadano
• Conclusiones y recomendaciones

Nuestra visión: un enfoque sistémico basado en datos e información y la identificación de buenas prácticas nos conducirá a la construcción de políticas públicas orientadas a los resultados. Sólo con ellas, en última instancia, la ciudadanía puede obtener mejores servicios de justicia, base de la confianza en las instituciones.