Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

Auguro tempestades en la relación del Ejecutivo con el Judicial por el caso de la reforma electoral. Y ante el público, ésta es una riña desigual. El presidente se presenta todas las mañanas haciendo un argumento a favor de la justicia. Se presenta como héroe. Del otro lado, los funcionarios del Poder Judicial y de la máxima magistratura deben ser sobrios: su chamba no es ganar popularidad, sino hacer valer el mandato de la Constitución. Uno es vociferante, los otros deben ser particularmente silenciosos. El presidente puede salir a atacar, los juzgadores responden sólo con sus sentencias. Lo que digo: esto es muy desigual.

Hace apenas unos días el presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta, presentó una iniciativa para que las personas juzgadoras sean electas mediante voto popular, lo que puede verse como una versión modificada de la idea presidencial de hacer que consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral sean también electos en las urnas. El argumento es que, al igual que los otros dos poderes, los funcionarios judiciales deben estar bajo el escrutinio ciudadano y un esquema de rendición de cuentas. Para el senador y los grupos que simpatizan con la iniciativa, la elección por voto directo permitiría que el pueblo bueno elija a juzgadores buenos, en lugar de a emisarios del conservadurismo, que votan en contra de las iniciativas del presidente (muchas de ellas inconstitucionales, por cierto).

Para mí el juzgador nunca puede subirse al ring de las campañas electorales porque no se debe a las preferencias ciudadanas, sino al mandato de la ley. Imagino un escenario: amplios sectores sedientos de venganza eligiendo a juzgadores o algún operador del sector justicia a causa de sus ideas extremas de populismo penal. No faltarán, en el siguiente periodo electoral, quienes propongan la pena de muerte o ideas descabelladas de hiperpunitivismo. ¿Quisiéramos ver a los juzgadores en este duelo de incivilidad?

La verdad es que nuestras leyes dicen poco sobre los procesos de selección. Se establecen algunas condiciones como edad, nacionalidad y otras características que deben tener los ‘suspirantes’, pero no se plantean los atributos que se requieren para el puesto o el perfil detallado…

De los jueces necesitamos capacidad, integridad e independencia. Un juzgador sometido a intereses particulares no sirve, lo mismo si es controlado por el poder. Por eso los mecanismos a partir de los cuales se designan para que ocupen su responsabilidad deben ser muy delicados. Tienen, entre otras cosas, que cerrar la posibilidad de que existan correas de transmisión entre el proceso de selección y una influencia externa. No hay un manual que compile todas las buenas prácticas en la materia, pero sí recomendaciones por parte de organismos internacionales que sirven para avanzar en métodos de selección. También hay buenos estándares. Esto es un requisito para la independencia judicial, base para la protección de nuestros derechos.

El Poder Judicial, por lo menos el federal, ha avanzado bastante en la consolidación de la carrera judicial. Me refiero aquellos procedimientos para la selección y desarrollo profesional de los juzgadores. Por ejemplo, el examen de oposición para el ingreso, que se ha arraigado como práctica común. La ‘Reforma Zaldívar’ al Poder Judicial tiene como uno de sus ejes reforzar estos mecanismos. Quizá habría que hacer más públicos estos procedimientos, porque la gente de a pie se queda con la idea de que los jueces son corruptos y que los nombramientos se dan por nepotismo. Y no es que no tengan razón: hay nepotismo y hay corrupción en el sector, lo mismo que esfuerzos muy serios por erradicarlos. En la medida en que éstos se refinan y se apliquen, mejor para los ciudadanos.

Pero la complejidad de los procesos de selección no se reduce a un examen de oposición. Cargos como el de ministro de la Suprema Corte o consejeros de la Judicatura federal se someten a un proceso de selección en el que intervienen poderes públicos y la política. En estos casos la calidad del proceso determina qué tanto se acota la intervención de criterios más allá de la idoneidad de un candidato. En estos años de obradorismo, hay una cantidad enorme de cargos públicos que están vacantes porque los procesos de selección han sido fallidos o porque así conviene al presidente, que buscar debilitar (hasta hacer desaparecer) a algunos organismos.

La verdad es que nuestras leyes dicen poco sobre los procesos de selección. Se establecen algunas condiciones como edad, nacionalidad y otras características que deben tener los ‘suspirantes’, pero no se plantean los atributos que se requieren para el puesto o el perfil detallado, es decir, las características de idoneidad. Tampoco es claro que existan y sean transparentes los criterios de evaluación, plazos y reglas de decisión. Por eso se nos hace bolas el engrudo y se acaban eligiendo perfiles subóptimos, cuando no inconvenientes, o simplemente no se eligen.

Del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa surgió la iniciativa (que abreva y se coordina con otras, particularmente el Observatorio de Designaciones) para crear una red nacional de monitoreo de designaciones que se aplique, en principio, al sector justicia. Se trata de convocar a un número creciente de personas y organizaciones a que den seguimiento en tiempo real a estos procesos. Contamos con una guía que podrá servir como piso común para aquéllos que quieran participar en este ejercicio, y que define los pasos básicos para hacer una observación con método. Obviamente este esfuerzo requerirá trabajar en el plano legislativo y en prácticas concretas para mejorar los procesos, para que dejen de ser el eslabón fallido y la oportunidad de captura de instituciones.

Ésta es una propuesta alternativa a la del senador Armenta. Queremos despolitizar nombramientos, no politizarlos al extremo.