Guía de buenas prácticas en el uso de nuevas tecnologías para la impartición de justicia
Desde el uso de teleconferencias para facilitar el desahogo de audiencias en procesos penales, laborales y administrativos desde hace décadas, hasta el desarrollo contemporáneo de sistemas integrales de justicia electrónica, es muy amplia la cantidad de recursos y alternativas tecnológicas que han explorado los poderes judiciales para institucionalizar y procesar un creciente número de conflictos y asuntos sociales sin necesidad de que las personas acudan a las oficinas legales.
Este documento ofrece una revisión de decisiones, iniciativas y procesos de implementación de diferentes políticas diseñadas por los poderes judiciales para incorporar el uso de nuevas tecnologías en sus labores. Nos interesa subrayar el papel que pueden jugar estas herramientas no solamente para diversificar las vías a través de las cuales la población accede al servicio de impartición de justicia, sino también para facilitar y mejorar la organización del trabajo en los juzgados y tribunales. También analizamos la forma en que la aplicación de ciertos desarrollos tecnológicos en tareas de justicia, en particular las tele o videoconferencias, ha resignificado la estructura tradicional del proceso judicial al permitir la interacción remota, simultánea y colectiva de los sujetos involucrados. Asimismo, reflexionamos sobre los dilemas, viabilidad y efectos no siempre planeados en el uso de nuevas tecnologías en la impartición de justicia.
Las diferentes experiencias nacionales e internacionales de ‘justicia digital’ se analizan aquí desde el enfoque del momento procesal en que intervienen, es decir, desde la perspectiva del usuario, porque si bien las soluciones tecnológicas pueden tener una gran variedad de objetivos, nos parece que, detrás de cualquier desarrollo tecnológico, siempre debe prevalecer la meta de facilitar, ampliar y mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia. Reportamos diversas experiencias dirigidas a reorganizar la tramitación de los procesos judiciales en las diferentes fases que los estructuran, desde la etapa de activación procesal —presentación de demanda o judicialización de una averiguación penal—, hasta la ejecución de los fallos judiciales —sentencias, laudos—, pasando por la tramitación de los casos —audiencias, actuaciones—. Nos interesa enfatizar que el acceso a la justicia incluye desde la tramitación de los procesos hasta la ejecución oportuna de los fallos judiciales. El siguiente cuadro lo ilustra:
