Genuina justicia social para los mineros de Coahuila

La justicia dará paz, y también trabajos.

—Ramon Llull (1235-1315)

Por Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno) y Viviana Patiño (@viviana_paal) | Animal Político

Se cumplen dos semanas del incidente que dejó a 10 mineros atrapados en un pozo de Las Conchitas, en Sabinas, Coahuila. La angustia ineludible que aumenta cada día no nos impide tomar un poco de distancia para recordar que en esa entidad, desde 2006 hasta la fecha, han perecido más de 80 mineros en minas, pozos y cuevas. Tragedias causadas en buena medida por el incumplimiento de las normas de seguridad industrial en las minas de carbón, por irregularidades en los procesos de adjudicación y, sobre todo, por una falta de estrategia que construya de cara al futuro opciones laborales y de crecimiento económico que tiren de una vez por todas la altísima dependencia (71.37%) que tiene la matriz eléctrica de las energías fósiles. Pero comencemos por una tarea precisa y urgente: revisar la situación de las contrataciones para la explotación de carbón en nuestro país.  

Las tres grandes plantas carboeléctricas de México^[1] pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad y comenzaron a operar entre 1983 y 1993, con una capacidad combinada de aproximadamente 5,400 MW, que ha permitido generar entre 9% y 13% de la electricidad de México a largo de las últimas dos décadas. Es verdad que dicha contribución ha disminuido gradualmente a medida que han entrado en funcionamiento nuevas plantas, principalmente las que usan gas natural y energías renovables. En 2021, México generó sólo el 2.7% de su energía con plantas carboeléctricas, lo que pone a nuestro país en una posición desde la cual  puede desplazar con relativa facilidad el carbón, para favorecer otras fuentes de generación más sustentables. El compromiso adquirido por México en el Acuerdo Climático de París, establecido en su informe de Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de 2020, exige una reducción del 22% en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y del 51% en las emisiones de carbono negro para 2030. Además, desde 2017 nuestro país ha sido miembro de la Powering Past Coal Alliance, un grupo de naciones que se han comprometido a eliminar gradualmente las plantas de carbón existentes.

Sin embargo, el gobierno del presidente López Obrador, desde que llegó al poder en 2018, provocó un cambio decidido en la política energética que ha favorecido el uso de combustibles fósiles a expensas de las energías renovables. En este sexenio el compromiso declarado de México con la descarbonización se ha contravenido directamente, con los llamados a una mayor inversión en carbón y otros combustibles fósiles. A partir de 2020, México aumentó sus compras de carbón al tiempo que impuso nuevas reglas que desalientan los proyectos solares y eólicos, de tal forma que nos hemos alejado aún más de cumplir con los compromisos de energía limpia en virtud de lo acordado en París.

Las alertas estaban allí

Desde México Evalúa publicamos un estudio de caso en 2021 que advertía, con información de 2020, sobre los riesgos potenciales en materia de corrupción de las compras de carbón realizadas por CFE. Concluimos que su actual política de compras incumple con las buenas prácticas internacionales y también con el propio marco normativo en materia anticorrupción de CFE. Por tanto, es poco adecuada para garantizar el mejor costo-beneficio para la empresa. El mayor riesgo se desprende del hecho de que tal esquema incentiva procesos no competitivos que abren puertas a la corrupción, y que ponen en riesgo las condiciones de seguridad de los trabajadores en su cadena de proveeduría.

En nuestro estudio también identificamos la falta de seguimiento a las irregularidades identificadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en estas compras. Además, documentamos importantes voces desde la sociedad civil, como la Familia Pasta de Conchos y el Centro ProDH, que han llevado casos a instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, diversas notas y reportajes periodísticos han señalado indicios de conflictos de interés, tráfico de influencias, trabajo infantil, inseguridad industrial, falta de prestaciones a los trabajadores, entre otros problemas. Por todo lo anterior, advertimos con nuestra investigación la existencia de riesgos en materia de corrupción que podrían materializarse en pérdidas humanas, el precio más alto que se paga por incumplir la ley y omitir las buenas prácticas.

No obstante, después de dos años, la CFE no sólo ha ignorado las alertas y recomendaciones; también eligió para 2021 y 2022 reforzar su apuesta por lo que llama “compras con justicia social”, término inexistente en el marco jurídico de compras que consiste en privilegiar la adjudicación directa a productores pequeños, en omisión de la obligatoriedad establecida en el artículo 134 constitucional que establece la licitación pública como figura prioritaria para las contrataciones públicas, y la necesidad de fundamentar el uso excepcional de la adjudicación directa. De hecho, ya se han adjudicado 52 contratos más para 2022-2024.

El asunto parece ser de la más alta importancia para la empresa. El 21 de julio de este año, en su más reciente conferencia de prensa sobre estas adjudicaciones de carbón, la CFE dedicó una hora a exponer cómo las adquisiciones de carbón son “injustamente señaladas por sus adversarios”. A su juicio, las rondas de adjudicaciones directas son un éxito porque cumplen la orden presidencial de apoyar a los más pobres y se cumplen los principios anticorrupción^[2] dictados por el presidente. La CFE argumenta que cuenta con auditorías, verificaciones y registros de dichas adjudicaciones; sin embargo, nada de eso es público A la fecha, no hay claridad sobre quiénes son los concesionarios, los contratistas y cuál es el estatus completo del cumplimiento de la normatividad en el pozo de Las Conchitas.

El futuro exige otro rumbo

Actualmente existen aproximadamente 6,593 plantas activas de generación carboeléctrica en el mundo. De no tomar acciones, se calcula que susemisiones de gases de efecto invernadero (GEI) podrían aumentar alrededor de un 60% para 2050. Por ello, muchos países se han comprometido a no construir nuevas plantas y a clausurar las actuales. Estados Unidos ha cerrado o anunciado planes para retirar más del 65% de sus plantas de carbón en la última década, y se espera que la mitad de las plantas carboeléctricas de Europa sean cerradas en los próximos ocho años. Con todo y las condiciones actuales en el mundo (el incremento del precio del gas ruso posiblemente retrasará el cumplimiento de los objetivos de bajar a cero las emisiones contaminantes [net zero]), queda claro que sólo este camino llevará al planeta a alcanzar la meta para 2050. México, por su parte, ha cancelado sus planes de retiro de plantas desde 2019.

Para lograr retirar de las matrices energéticas la generación carboeléctrica se requiere de un plan que ayude a construir nuevas capacidades mediante el entrenamiento de los trabajadores y el trabajo social con las comunidades. El objetivo debe ser propiciar las condiciones para detonar un cambio tecnológico en una lógica de transición energética, e incentivar la creación de fuentes de empleo productivas, dignas y sostenibles. A esto se le llama transición energética justa, y según el Banco Mundial (BM) la única vía para lograrlo es poner en el centro del diseño de las estrategias a los seres humanos, lo cual pasa por crear métodos y programas específicos para generar diagnósticos y trabajo directo con los mineros y sus familias. Suiza, Polonia y Grecia son algunos ejemplos de países que ya trabajan en esta lógica.

En el mundo hay otros ejemplos de cómo innovar para lograr dejar atrás la generación carboeléctrica y la minería relacionada. Bill Gates, desde su empresa Breakthrough Energy, propone mapear habilidades y sus factores de sustitución directa e indirecta para trazar una ruta de reubicación de los empleos, considerando otros empleos que requieren habilidades similares. Como muestra, las habilidades de los mineros de carbón podrían ser útiles en la extracción de litio o cobre, y también, en un segundo término, sus capacidades podrían utilizarse en el sector de la construcción para la ejecución de obras de infraestructura en proyectos más amigables con el ambiente. Otra voz interesante es la de McKinsey & Company, que analiza cambios en los estándares operacionales de la minería para detonar productividad, eficiencia, seguridad y sustentabilidad. En una entrega anterior comentamos también dos alternativas que ya han demostrado su éxito: la conversión de minas a cielo abierto de carbón abandonadas en campos fértiles para la lavanda, que pueden detonar el desarrollo de nuevas actividades económicas en la cadena de suministro de la industria cosmética; y el caso de la sustitución de las calderas de carbón de las centrales eléctricas por reactores nucleares modulares avanzados.

Está claro que transitar hacia energías más limpias y dignificar el empleo en estas comunidades es la ruta que México necesita para detonar mejoras en la calidad de vida de la población. Así cobraría forma una verdadera justicia social, con la acción colaborativa de los sectores público, privado y social, en línea con estrategias inteligentes y creativas. Ahí están las oportunidades; sólo falta humildad para reconocer los errores, apertura para escuchar alternativas y poner manos a la obra. Se lo debemos a los mineros fallecidos, a los mineros atrapados en el pozo de Las Conchitas, a sus familias y a las generaciones venideras.

^[1] La planta José López Portillo (1982) tiene una capacidad de 1,200 mega wats; la planta Carbón II (1993), 1,400 mega wats; ambas ubicadas en el municipio de Nava, Coahuila. Además, la Planta Plutarco Elías Calles (1993) (conocida como Petacalco), en el municipio La Unión, Guerrero, tiene una capacidad de 2,778 megawatts.

^[2] Los cinco principios son: Cero corrupción, cero coyotaje, preferencia a pequeños productores, honestidad (vender carbón y no tierra) y precios justos.