En un país con altos niveles de violencia letal, el diseño inadecuado de los programas de seguridad se traduce en desprotección a la ciudadanía.

Por Mariana Campos (@mariana_c_v) | Publicado en: Opinión 51

El debate sobre seguridad pública en México suele concentrarse en estrategias operativas, despliegues federales o reacomodos institucionales. Sin embargo, hay un factor estructural que se sigue evadiendo en la discusión pública: el financiamiento sostenible de la seguridad. Esto es particularmente crítico en el ámbito municipal, donde en la práctica se juega la primera y más decisiva línea de contención del delito.

Menos recursos para una problemática creciente

El análisis del gasto público en seguridad y Estado de derecho muestra que México arrastra una subinversión crónica. Con sólo 1.25% del producto interno bruto (PIB) destinado al gasto en seguridad y justicia, el país se ubica en la parte inferior de la comparativa internacional, por debajo de países como Costa Rica (2.65%) o Estados Unidos (1.85%). Esta brecha no es menor: refleja una insuficiencia prolongada de recursos para construir instituciones capaces de garantizar el orden público.

A esta debilidad histórica se sumó, en el sexenio 2018–2024, un cambio profundo en la orientación del gasto. Mientras los recursos destinados a instituciones militares crecieron de forma sostenida, el gasto en corporaciones civiles perdió peso relativo. La militarización, primero fue operativa y luego constitucional. El costo de esa decisión ha sido el desgaste progresivo de las capacidades estatales y municipales para prevenir, investigar y contener el delito desde lo local.

Las transferencias federales etiquetadas para seguridad dejaron de ser un instrumento para construir esas capacidades. Más allá del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) —ambos regulados en la Ley de Coordinación Fiscal—, el país ha transitado por una secuencia de subsidios no regulados en la ley que aparecen y desaparecen. Hablamos de programas como el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) o el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP). Esta volatilidad presupuestaria impide planear a mediano plazo y dificulta la profesionalización de los cuerpos policiales. Como resultado, se debilita tanto la capacidad institucional de estados y municipios, como el liderazgo del Gobierno federal.

El caso del Fortamun es especialmente ilustrativo. Por ley, los gobiernos locales están obligados a destinar un 25% de este fondo a seguridad. Sin embargo, su falta de objetivos y de mecanismos efectivos de coordinación y cumplimiento, ha incentivado el uso discrecional sin garantía de resultados.

A ello se suma otro problema estructural: sus fórmulas de distribución privilegian el tamaño de la población e ignoran la dimensión territorial. Proteger territorios extensos exige más infraestructura, más subcomandancias, más patrullajes y más personal. Sin embargo, esa realidad no se refleja en los criterios de asignación. El resultado es una desventaja sistemática para municipios grandes en extensión y relativamente pequeños en población, que deben enfrentar mayores costos operativos con menos recursos per cápita. En un país con altos niveles de violencia letal, el diseño inadecuado de estos programas se traduce en desprotección a la ciudadanía.

Policías desprotegidas

La precariedad financiera mantiene la erosión del capital humano en las policías locales. Prácticamente en todo el país los municipios tienen menos agentes de los que requieren. Más grave aún, en algunos este número ha disminuido y en otros incluso la policía ha desaparecido. La función policial no es atractiva por una combinación de salarios bajos, alta exposición al riesgo y prestaciones insuficientes. Siete de cada 10 corporaciones municipales no pagan el salario mínimo recomendado por el propio gobierno federal, y ocho de cada 10 policías no tiene seguridad social ni acceso efectivo a vivienda.

Esta precarización tiene un efecto corrosivo: el Estado compite en el mercado laboral con las organizaciones criminales por el mismo perfil de trabajadores. Sin embargo, lo hace desde una posición desventajosa. Sin estabilidad, sin carrera profesional y sin protección patrimonial, la policía municipal se convierte en una de las ocupaciones más riesgosas y menos protegidas del país.

La debilidad estructural de las haciendas municipales

Durante el sexenio anterior, además, el crecimiento de las participaciones y aportaciones federales fue más lento que en periodos previos. De hecho, como proporción del PIB, en ese periodo el gasto federalizado promedio se redujo de 7.9% a 7.6%. Ello restringió aún más la capacidad de los gobiernos locales para sostener funciones esenciales. 

Con el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum se observa un esfuerzo de recomposición: el Proyecto de Presupuesto 2026 busca acortar la brecha entre gasto militar y civil. Es una señal positiva. Sin embargo, los niveles del gasto total siguen por debajo de los máximos históricos: en términos per cápita y como porcentaje del PIB, el país no ha recuperado los estándares de inversión en Estado de derecho que tenía hace una década. En 2015, el gasto per cápita en este rubro era de 3,500 pesos; para 2026 se proyectan 2,500. Como porcentaje del PIB, caemos de 1.3% a 0.9%. Es decir, avanzamos… pero seguimos muy atrás.

El problema de fondo es más profundo y remite a la debilidad estructural de las haciendas municipales. El impuesto predial en México recauda apenas 0.25% del PIB, una cifra que prácticamente no se ha movido en 20 años y que nos rezaga incluso frente a economías comparables, como las de América Latina. Sin ingresos propios sólidos, es inviable financiar policías profesionales, con condiciones laborales dignas y con capacidad real de respuesta.

Pero aún donde sí existe potencial recaudatorio, las deficiencias persisten. Esto sugiere que el déficit no es únicamente financiero, sino institucional y cultural: la seguridad sigue viéndose como un gasto inevitable y no como una inversión estratégica para el desarrollo económico, la cohesión social y la gobernabilidad democrática.

La solución está en lo local

La disminución en la violencia letal observada durante 2025 no puede sostenerse indefinidamente sin corporaciones civiles profesionales, sin financiamiento estable, sin haciendas municipales sólidas, sin reglas claras de asignación presupuestaria y sin coordinación entre las policías de los distintos órdenes de gobierno. Sin estos elementos, cualquier estrategia de seguridad está condenada a ser intermitente y desigual.

Por eso resulta indispensable avanzar hacia la construcción de la carrera policial con estándares nacionales de condiciones laborales: tal como se construyó la carrera militar. Esto debe acompañarse de modelos de costos transparentes y esquemas de financiamiento diversificados. Se necesita fortalecer el predial, crear cuotas específicas para la seguridad y complementar con otros impuestos y aportaciones que permitan vincular los ingresos locales con un servicio que es esencialmente territorial.

Financiar la paz desde lo local no es un asunto técnico marginal: es una condición imprescindible para construir el Estado de derecho en México. La pacificación del país será cara, pero sale más caro vivir entre violencia.