Edna Jaime / El Financiero

Nadie puede defender lo que teníamos, porque los resultados están a la vista. 2018 cerró con más de 34 mil homicidios dolosos. Pero la propuesta que la nueva administración nos plantea implica un proceso de desinstitucionalización en materia de seguridad y justicia. Me permito afirmar categóricamente que nos miente cuando nos dicen que militarizar la seguridad es la única opción posible. Que es eso o el caos. No es así. Existe una avenida no explorada que incluye revisar lo hecho hasta ahora, identificar los problemas y plantear una solución que implique fortalecer la institucionalidad y la vía civil. Difícil es. Requiere de hombres de Estado. De visión de Estado.

Actualmente está a discusión el proyecto de dictamen de reforma constitucional que plantea la creación de una Guardia Nacional, un cuerpo de formación y mando militar que se hará cargo de la seguridad pública. Una iniciativa mal concebida, mal articulada y que no alinea los incentivos para construir instituciones de seguridad efectivas y sostenibles en el tiempo en los tres órdenes de gobierno. Hace lo contrario, propone formalizar y perpetuar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública con contrapesos y mecanismos de disolución endebles. Al hacerlo, demuele la construcción institucional imperfecta que habíamos logrado a la fecha.

Hace un par de días en estas páginas, Pedro Salazar hacia una reflexión sobre la implicación de la propuesta de Guardia Nacional sobre nuestro orden constitucional. Frente su argumentación, resultaría temerario que los legisladores aprobaran el dictamen en sus términos. Déjenme plantear preocupaciones más acotadas, pero no menos importantes.

La profundización del deterioro institucional. Como lo planteé, el dictamen aprobado en esta materia dejó de lado la construcción institucional que se venía haciendo a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que pretendía generar un mecanismo de coordinación y gobernanza en materia de seguridad. Si bien no se ha logrado que las entidades y los municipios avancen de manera más clara y homogénea en el desarrollo de las capacidades institucionales, eso no implica que este sistema de corresponsabilidad se tenga que abandonar, se tendría que mejorar. Al respecto, el dictamen no elabora algo congruente.

Falta de transparencia y rendición de cuentas. El dictamen no señala mecanismos para que la Guardia Nacional transparente sus recursos, los criterios de selección de las regiones en las que intervendrá ni resultados obtenidos.

El único mecanismo de rendición de cuentas establecido en la propuesta consiste en presentar al Congreso una evaluación integral del desempeño de la Guardia Nacional al tercer año de su operación. Pero, ¿qué instancia realizará esa evaluación? ¿La metodología será pública? ¿Por qué esperar hasta el tercer año y no empezar desde el primero? ¿Habrá consecuencias en caso de que los resultados no sean favorables?

Violaciones a Derechos Humanos. Uno de los principales errores de la propuesta es asumir que la solución contra las violaciones de Derechos Humanos está en los mandos con buenas intenciones y en la disciplina militar. Si la disciplina militar tuviera algún efecto en las violaciones de Derechos Humanos, las Fuerzas Armadas tendrían que registrar menos hechos violatorios que instituciones civiles con funciones similares y no es así.

Según datos del INEGI (ENPOL 2016), 88 por ciento de las personas en prisión que reportó haber sido arrestado por la Marina, y 86 por ciento de las arrestadas por el Ejército, señalaron haber sufrido al menos un tipo de tortura o malos tratos.

Lo que ignora la iniciativa es que ni la voluntad de los mandos ni la disciplina militar son suficientes para garantizar los Derechos Humanos.

Incremento de impunidad. El dictamen omite el tema de procuración e implementación de justicia como variable para combatir a la inseguridad. Si en 10 años de implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio todavía no se ha logrado capacitar a las policías para que cumplan con los nuevos requerimientos, ¿por qué se asume que la capacitación de la Guardia será diferente, mejor y en menor tiempo?

La puesta en marcha de una Guardia Nacional que tendrá que ser auxiliar del Ministerio Público federal, generará una tensión entre los requerimientos del nuevo sistema. La falta de, o la apresurada capacitación de este cuerpo, resultará en aprehensiones que no se puedan judicializar y continuarán los altos niveles de impunidad.

Enfrentar la violencia es apremiante, pero no podemos seguir teniendo respuestas condicionadas por la urgencia y aceptar que la vía militar es el único camino.

Espero que los legisladores asuman con responsabilidad el papel que juegan en la transformación del país y que no sigan adelante con una iniciativa que haría todavía más difícil construir una salida para la crisis.