¿Estamos listos para elegir a los magistrados por voto popular?

Por Laurence Pantin (@lpantin) y Alejandra Quezada (@quezada_as) | Proceso

El nepotismo y el amiguismo en el Poder Judicial, que tanto se han denunciado a nivel federal y que han sido usados como justificaciones para las reformas emprendidas por el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, también son prácticas comunes a nivel local. El pasado 15 de julio, un artículo de prensa recapituló casos de magistrados en activo y hasta retirados del Poder Judicial de Guerrero que intervinieron para obtener puestos, en su mayoría de jueces y juezas, para sus familiares, a menudo sin que ellos contaran con las aptitudes para el cargo, de acuerdo con abogados litigantes.

Esto ya había sido reporteado en Proceso hace dos años, cuando se dieron a conocer los resultados de un concurso de oposición interno en el que se designaron a 13 jueces, seis de los cuales son familiares de magistrados, consejeros o del entonces secretario general de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia –ahora magistrado–, y otros seis eran colaboradores cercanos del presidente, de magistrados o consejeros. Sin embargo, el artículo más reciente aportó un dato interesante: en mayo de este año fueron propuestas ciertas personas, en su mayoría hombres, para ocupar cuatro de las cinco vacantes para magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Estos candidatos no tenían carrera judicial, pero habían sido funcionarios en el Congreso y en el Poder Ejecutivo. Al final, el gobernador tuvo que modificar su propuesta ante la inconformidad de algunos jueces y juezas, ya que no sólo incumplían con los principios de la carrera judicial, sino también con la paridad de género.

Es en este contexto que, hace unas semanas, se presentaron ante el Congreso local tres iniciativas ciudadanas para reformar la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. Desafortunadamente no pudimos tener acceso a las iniciativas[1], pero notas de prensa[2] señalan que sus objetivos principales son dos: que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia sean designados mediante voto popular[3], y que el presidente del Tribunal no encabece el Consejo (ni el Fondo auxiliar).

Sobre este último punto es importante mencionar que para que un Consejo de la Judicatura realmente pueda fiscalizar a los magistrados y salas del Tribunal Superior de Justicia, la separación de las presidencias de ambos organos es indispensable. Así lo describimos en nuestro reporte de investigación Independencia y buen gobierno de los poderes judiciales, una recomendación, por lo demás, también emitida por la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados en 2011 y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Otro aspecto que llamó nuestra atención con respecto a estas iniciativas fue la forma en que se presentaron, ya que para llevarlas se realizó una marcha hacia la sede del Congreso local, encabezada por Rubén Cayetano, un diputado federal. Queda la duda de qué tan ciudadanas resultaron ser las iniciativas[4], pero lo cierto es que el legislador logró reunir más de seis mil firmas para respaldar cada una de ellas.

Ahora, el hecho de que sea una iniciativa ciudadana puede ser un argumento de peso a la hora de su aprobación, ya que propone quitar al gobernador la facultad de nombrar a los magistrados para que éstos sean elegidos por la vía de las urnas. Y, ciertamente, puede parecer atractivo buscar desvincular la designación de estos cargos del Ejecutivo, con el fin de consolidar la independencia judicial.

De hecho, éste fue el argumento que varios senadores del Partido del Trabajo esgrimieron para impulsar una iniciativa similar a nivel federal en diciembre de 2018, la cual propone que la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se realice mediante el voto popular y no con base en ternas propuestas por el presidente, entre las cuales debe escoger el Senado.

La exposición de motivos retoma el análisis de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al respecto de la importancia y la necesidad de que el Estado garantice la independencia judicial y, en particular, de que los procesos de selección no dejen espacio a la discrecionalidad y las intervenciones políticas. De hecho, hace patente que tanto la ONU como la CIDH han identificado como problema el alto grado de politización en las selecciones de funcionarios de los poderes judiciales, que comienza con las altas jerarquías pero puede llegar a afectar el funcionamiento de toda la institución.

No podríamos estar más de acuerdo con el diagnóstico. El problema es que la solución propuesta por los senadores del PT o por los ciudadanos liderados por el diputado federal por Guerrero tampoco resuelve el problema.

De hecho, no queda claro cómo llegaron a la conclusión de que, para evitar la politización y privilegiar la independencia judicial, la mejor alternativa es realizar una elección popular. La exposición de motivos de la iniciativa a nivel federal no hace referencia a ningún estudio diagnóstico y, como ya dijimos, no tuvimos acceso a las iniciativas guerrerenses.

Sin embargo, existen trabajos que han estudiado el impacto del sistema de elección popular de los jueces que existe en Estados Unidos desde el siglo XIX. El análisis de Lawrence Friedman concluye que el voto popular no ha resuelto el tema de la idoneidad, integridad e independencia de los juzgadores, ya que este mecanismo de elección no necesariamente se ha traducido en mayor interés por parte de la ciudadanía. En efecto, se puede deducir que la gente vota sin estar bien informada. Adicionalmente, en la mayor parte de los casos no existen mecanismos para evaluar los méritos o la idoneidad de los candidatos que se eligen, que en algunos estados del vecino país son postulados por partidos.

Finalmente, uno de los problemas más importantes que menciona Friedman es que la competencia electoral requiere de publicidad, y la publicidad, de dinero. Y allí es donde se ha detectado, por ejemplo, que algunos empresarios o grupos de interés han llegado a gastar montos muy altos para evitar la reeleción de algún juez cuyas deciciones les fueron desafavorables o para apoyar la de un juez benévolo. Esta situación puede generar conflictos de interés y prácticas de corrupción, ya que un juez que es electo o reelecto con este tipo de apoyo podría ser presionado para “pagar el favor”, modificando el sentido de sus sentencias o los criterios que fija. El riesgo es tal, que algunos estados han decidido pasar a un sistema de nombramientos.

En un país como México, donde la afiliación partidista o cercanía con el titular del Ejecutivo por parte de algunos pretendientes al cargo de ministro de la Suprema Corte fue motivo de muchas críticas en los más recientes procesos de nombramiento, imaginar la intervención de los partidos políticos en la postulación de los jueces en procesos de elección popular se antoja surrealista.

Pero ello no significa que debamos conformarnos con el statu quo. Nos queda claro que la ausencia de regulación del proceso, así como la falta de garantías que aseguren que las evaluaciones sean objetivas y permitan examinar los conocimientos y aptitudes, impiden que se realice un proceso de selección riguroso, en el caso de Guerrero y otros poderes judiciales. Sin embargo, no tenemos duda de que los procesos de selección de los magistrados y, en general, de los funcionarios de los poderes judiciales pueden ser mejorados, como lo señalamos en otra de nuestras investigaciones: 20 recomendaciones para consolidar la carrera judicial. Para ello, los procesos de selección deben iniciar con una convocatoria pública y abierta, y realizarse mediante concursos de oposición estrictos y rigurosos a cargo de jurados independientes, con espacios de participación ciudadana y resultados vinculantes. Solamente así podremos tener juzgadores con el perfil idoneo para desempeñar el cargo y evitar que se perpetúe el nepotismo y el amiguismo en los nombramientos judiciales.

[1] A nivel local, el Congreso no tiene un repositorio o buscador donde se puedan consultar las iniciativas, aunque una de sus obligaciones de transparencia es publicar las iniciativas de ley o decretos y puntos de acuerdo, en realidad lo que publican es un link al seguimiento legislativo que contiene el título de las iniciativas, pero no su texto. Por lo que ni en este apartado ni algún otro de la página del Congreso, fue posible consultar las tres iniciativas ciudadanas antes señaladas. Lo cual puede resultar contradictorio si pensamos que, idealmente fueron un producto de la ciudadanía organizada, pero los ciudadanos no las podemos leer para conocer cuáles son los motivos y el diagnóstico en el que se basan las propuestas.

[2] Véase: https://guerrero.quadratin.com.mx/elegir-en-urnas-a-magistrados-de-guerrero-plantea-diputado-federal/

[3] En Guerrero, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, la carrera judicial, que regula los procesos de selección, promocióm y vigilancia de los funcinarios jurisdiccionales, comprende los cargos de actuario y secretarios hasta los de jueces y magistrados. Es importante mencionar que pocos poderes judiciales en Méxio incluyen los cargos de magistrados en la carrera judicial, pues, cuando es el caso, generalmente, implica que éstos son nombrados con base en un concurso de oposición o algún tipo de examen que permita evaluar sus habilidades. Sin embargo, no es el caso en Guerrero, donde son nombrados por el gobernador y ratificados con el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes del Congreso. No se detalla el proceso a seguir, salvo que los candidatos del gobernador deben comparecer ante el Congreso.

[4] La elección de esta vía resulta interesante porque la figura de la iniciativa ciudadana suele ser poco utilizada, principalmente por la dificultad de juntar las firmas necesarias para que se tome en cuenta. A nivel federal, este derecho existe desde finales de 2012, gracias a una reforma constitucional, pero de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), en casi una década se han presentado solamente 16 iniciativas ciudadanas, de las cuales nueve fueron desechadas ya sea desde la comisión de origen o en el Pleno, cinco siguen pendientes al 15 de julio de 2021, una fue retirada y otra fue aprobada.