La iniciativa no busca vulnerar los derechos laborales sino trata de adecuar las capacidades de los docentes a las exigencias de mayor calidad.

“Si detectas que tienes miedo, te tira”, esa es la recomendación que se ofrece a quien se monta en un caballo la primera vez. Lo mismo aplica a muchos ámbitos de la vida: si se procede con miedo, de seguro se pierde. Y esta verdad no se excluye a la política. Si el CNTE y aliados perciben en sus contrapartes miedo y titubeo, olvidémonos de nuestra fiesta reformista y regresemos a lo acostumbrado. El sexenio se acabó.

La reforma en materia educativa suscitaría estas reacciones, no importando su profundidad o pertinencia. No creo que haya un solo ingenuo en partidos y en la propia administración federal que supusiera que una propuesta de reforma como la planteada transitaría sin resistencias. Lo notable no es la reacción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), esa era enteramente anticipable, si no la del gobierno federal que no preparó con suficiencia el terreno para que este duelo tuviera lugar. De Vicente Fox como primerizo en la política, se entiende un tropiezo como el de Atenco, mismo que arruinó su gestión, pero de esta administración que surge de un partido con políticos avezados que entienden y viven para el poder, se esperaba más determinación.

La reforma que se plantea en materia de servicio docente es importante, no sólo por sus efectos en términos de calidad educativa, sino también en términos de quien ejerce control sobre el proceso educativo. En la actualidad, el sindicato tiene control sobre las carreras magisteriales y la promoción dentro de las mismas: la lealtad y no el mérito es lo que se premia. La reforma en materia de servicio docente cambiaría esta lógica paulatinamente. Serían capacidades y méritos los que permitirían promociones y una ruta con más certezas en la carrera magisterial. La reforma, por tanto, tiene dos efectos que se retroalimentan virtuosamente.

Algunos conocedores del tema educativo han criticado los contenidos de esta iniciativa por sus acentos en instrumentos de evaluación para el ingreso y promoción, dejando de lado otros aspectos también centrales que deben considerarse. Sin duda, toda iniciativa puede beneficiarse del consejo de expertos en lo académico y en la operación. Pero lo cierto es que el sentido y la lógica de esta iniciativa son correctos. Además, no plantea un esquema drástico de transición para los maestros en funciones. La iniciativa no busca vulnerar los derechos laborales sino trata de adecuar las capacidades de los docentes a las exigencias de mayor calidad.

La iniciativa contempla tres evaluaciones consecutivas para los maestros en funciones, acompañadas de procesos de actualización y formación, que les permitirían acumular capacidades suficientes para solventar dichos exámenes. No se les deja solos ni a su suerte. Si al cabo de estos procesos, el docente prueba no tener las cualidades para estar al frente del aula, será separado de sus funciones para ser reubicado en tareas administrativas en el servicio educativo. Un esquema sensato que además ofrece una salida digna, aunque costosa e irracional para el erario.

Para los docentes de nuevo ingreso el esquema es más riguroso: si al cabo de esas tres evaluaciones consecutivas no logran acreditar conocimiento y habilidades suficientes, serán retirados de su función, sin consecuencias para la autoridad. Lo que es común para ambos grupos es la separación del cargo para quien se niegue a ser examinado. La evaluación deja de ser opcional.

La iniciativa en materia de servicio docente es el corazón de la reforma en materia educativa. Sin ésta, la reforma pierde su potencial. Lo saben quienes colocaron este tema en la agenda del país, del Legislativo y del Pacto y aun así parece que la están dejando morir. El propio Ejecutivo reconoció que una reforma de esta naturaleza tendría riesgos porque movilizaría a quienes se oponen. Me imagino que por eso decidió arroparse en el Pacto, para no transitar solo por estas decisiones. Sin embargo, hoy es una iniciativa a la que han dejado sola.

Escuché a un buen político decir que el trabajo político consiste en no dejar ni un cabo suelto. En los mitos que acompañan la presidencia de Salinas, se rumoraba que para cada decisión el expresidente tenía desplegada y estudiada una ruta crítica estratégica que aseguraba su consecución. En el manejo político de esta reforma se dejaron los cabos sueltos y se está mostrando indecisión. Una combinación que no augura nada bueno para esta reforma y las que están por venir. Por eso, creo que en esta iniciativa se juega el resto de la administración.