Edna Jaime (@EdnaJaime) | El Financiero

Con el argumento de que no se necesita mucho dinero para el combate a la corrupción, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019, en el que reduce 26 por ciento las erogaciones en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Las instancias que integran el SNA: la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), así como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), también sufrieron recortes presupuestales.

La lógica de AMLO es que si la cabeza de la estructura gubernamental se conduce bajo valores éticos, el resto de los funcionarios también lo harán. Tiene razón al pensar que fortalecer la ética en el servicio público es un factor fundamental, pero se equivoca al creer que es suficiente para acabar con el fenómeno de la corrupción.

Está subestimando las verdaderas causas y las condiciones en que las estructuras institucionales propician el problema.

La corrupción opera mediante redes complejas, constituidas por actores del sector público y privado, gestionadas, perpetradas y encubiertas por grupos que aprovechan los procesos y las estructuras vigentes, así como los resquicios legales. Por eso debe entenderse como un fenómeno sistémico construido por manifestaciones muy distintas y cuyo control requiere de medidas diversas.

Si la nueva administración quiere combatir la corrupción más allá del discurso, tendrá que reorientar los esfuerzos al diseño de políticas públicas que incidan en las estructuras y en las condiciones que conducen a actos de corrupción; identificar los puntos de contacto entre gobierno, sector privado y sociedad en los que se concentran los riesgos de corrupción; desarticular los incentivos que la propician, y de manera particular fortalecer el sistema de procuración e impartición de justicia.

En ese sentido, el papel del SNA es fundamental, al ser una instancia de coordinación creada a nivel constitucional en cuyas atribuciones está el diseño de políticas públicas para prevenir y combatir la corrupción.

Precisamente la semana pasada se presentó la propuesta de Política Nacional Anticorrupción (PNA), donde se enumera una serie de medidas para combatirla, entre ellas: una mejor coordinación entre dependencias, la elaboración de un plan estratégico de persecución para este tipo de delitos que permitan abatir la impunidad, un protocolo de denuncia, protección a testigos y denunciantes, e intensificar esfuerzos para detectar a los beneficiarios finales de los esquemas financieros que se utilizan en estos actos ilegales.

La PNA articulada alrededor de cuatro ejes propone crear un “Modelo de Seguimiento y Evaluación de la Corrupción” que mida los avances del combate con base en indicadores. Señala la necesidad de corregir la escasa interacción entre gobierno y ciudadanía, y la persistencia de amplios márgenes de discrecionalidad en el servicio público, que abren la puerta a la arbitrariedad, que es una fuente de corrupción. También señala que la impunidad es un factor que propicia la corrupción y que debe de combatirse desde un Estado de derecho con instituciones de justicia fuertes y en el que además imperen la transparencia y la rendición efectiva de cuentas.

Tendremos que esperar para ver si la voluntad política que la nueva administración asegura tener para destrabar las acciones anticorrupción que no tuvieron salida en el sexenio anterior incluye, por fin, la implementación total del SNA. Desde su inclusión en la Constitución, en 2015, y su implementación, en 2016, pocas acciones se han realizado para impulsarlo. Sigue pendiente el nombramiento de un fiscal anticorrupción –como parte de la Fiscalía General de la República–, 18 jueces encargados de sancionar la corrupción administrativa y que gobiernos estatales adecúen sus sistemas locales.

La distancia que ha marcado el nuevo gobierno con el SNA, la poca claridad que hay sobre el rol que desempeñará en este sexenio y los recortes a las instancias encargadas de las acciones anticorrupción son señales muy preocupantes porque son una forma de debilitar al SNA.

El gobierno tiene que reconocer la existencia y legitimidad de una creciente comunidad integrada por académicos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, comprometida con el control de la corrupción, que debe ser vista como un aliado estratégico en la aplicación efectiva de una PNA.

Ojalá el Presidente lo entienda así y vea al Sistema y a la propuesta de Política Nacional Anticorrupción como los instrumentos que necesita para cumplir con sus objetivos. No creo que haya una ruta distinta ni aliados mejores que esta red de instituciones actuando coordinadamente.

Abandonar el SNA, como lo hace en los hechos, con insuficiencia de recursos y nulo interés vertido en él, le puede salir muy caro.