Edna Jaime

“Siempre hay un tuit”. Esta frase se usa cuando una persona es sorprendida sosteniendo posiciones contradictorias en el tiempo, sobre un tema específico. Puede ser un cambio de opinión abrupto o una inconsistencia declarativa. Los políticos incurren en ello frecuentemente, porque lo suyo es acomodarse a las circunstancias. Recuerdo de manera muy vívida las declaraciones del senador Monreal respecto a los consejos de la judicatura; sostuvo que debían desaparecer, porque estaban controlados por los ejecutivos estatales. Incluso presentó una iniciativa de ley en ese sentido.

Me resulta paradójico que el senador, que tanto se preocupaba por evitar injerencias indebidas en el judicial, sea el mismo que votó a favor de un transitorio que amplía el mandato del presidente de la Suprema Corte y de los integrantes de este órgano judicial, contraviniendo la Constitución y arremetiendo contra la independencia del Poder Judicial entero. Por eso digo que siempre hay un tuit o una declaración que nos recuerda lo volátiles que son los ideales de nuestros políticos.

Tengo muy fresco este “debate” porque a partir de él en México Evalúa nos dimos a la tarea de estudiar a fondo a los consejos de la judicatura, en cuatro entidades federativas. El resultado es un documento extenso y profundo que revisa los marcos normativos, la composición y operación de estos órganos en Querétaro, Yucatán, Guanajuato y Estado de México. La investigación fue exhaustiva: presentamos incontables solicitudes de información y entrevistamos a cientos de funcionarios judiciales y también a actores externos.

El Estado de derecho se sostiene en instituciones que serán fuertes o débiles dependiendo de su diseño, de sus procesos, de su talento, de sus recursos. A esta tarea debemos abocarnos, porque así se abre la posibilidad de la justicia.

Esta publicación actualiza un debate largamente evadido sobre los consejos de la judicatura. Pone por delante vasta evidencia sobre lo necesarios que son, sobre todo a nivel local, y lo mucho que importa resolver sus limitaciones y áreas de oportunidad.

Los consejos de la judicatura se encargan del gobierno judicial. Esto es, administran recursos humanos, materiales y financieros del Poder Judicial. Llevan entonces los procesos de selección de jueces y administran la carrera judicial. Tienen responsabilidades en el régimen disciplinario y el control anticorrupción. Son garantes de la independencia judicial. A pesar de ser tan importantes, como digo, pocos lo voltean a ver. Casi podría apostar a que si pasamos a examen a los cientos de candidatos a puestos de elección popular del próximo 6 de junio, poquitos nos podrían decir qué son; mucho menos tendrían una propuesta para fortalecerlos. Por eso, con la mano en la cintura hay quien propone desaparecerlos, más como ocurrencia que como solución basada en evidencia.

Por eso, además del objetivo de ser útil, con sus recomendaciones y hallazgos, para los funcionarios judiciales que nos abrieron las puertas, quisiéramos que este documento tuviera más resonancia. Para proteger a los consejos de la judicatura de futuras embestidas, para lograr que se financien adecuadamente, para que entendamos que el Estado de derecho se construye, no se proclama.

Para mí uno de los grandes aprendizajes es ése: la complejísima labor que implica construir Estado de derecho. Éste se sostiene en instituciones que serán fuertes o débiles dependiendo de su diseño, de sus procesos, de su talento, de sus recursos. A esta tarea debemos abocarnos, porque así se abre la posibilidad de la justicia. El resto es la venta de espejitos que nos deslumbran, pero que no cambian la realidad.

Por eso agradezco mucho a Laurence Pantin y al resto del equipo de Transparencia en la Justicia de México Evalúa que hayan puesto este tema en la agenda, y los poderes judiciales que nos abrieron las puertas tienen mi gratitud. Cuando se construyen puentes de confianza, los resultados pueden ser prometedores. 

Ahora, sobre la foto en la mañanera…

No es inapropiado que los mexicanos participemos en organizaciones de sociedad civil que promueven distintas causas lícitas y legítimas. Es un derecho consagrado en nuestra Constitución. Tengo el enorme honor de encabezar una de ellas y de formar parte de consejos consultivos y de órganos de gobierno de muchas otras, de distinto signo, origen y mandatos. Me gusta hacerlo porque lo considero una oportunidad para aportar algo a las organizaciones que me invitan y también al país. Mi participación en ellas es honorífica. No recibo remuneración ni monetaria ni en especie por hacerlo. La retribución tiene mucho más valor que eso: aprendizajes, camaradería y la ilusión de un futuro prometedor. Estoy convencida de que mientras más sociedad civil haya, más soluciones a los problemas públicos encontraremos. Con más sociedad, menos abuso de poder. ¿Será esto lo que le molesta al presidente?