En el CJF: más paridad a cambio de más opacidad
Por Laurence Pantin (@lpantin), Adriana Aguilar (@adi_aguiarias) y Sandra Escamilla (@sandritaeceron) | Animal Político
La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por fin publicó la lista de las candidatas que cumplen con los requisitos para aspirar a ocupar la vacante en el Consejo de la Judicatura Federal que dejó Jorge Antonio Cruz Ramos, en noviembre de 2021.
Después de meses de espera, los ministros parecen listos para llevar a cabo el proceso de designación, el cual no ha estado exento de sorpresas.
Avanzar hacia la paridad en el Consejo de la Judicatura Federal
La primera sorpresa es que ya se sabe que se designará a una consejera porque, por primera vez, la convocatoria de la Corte fue abierta exclusivamente para magistradas de circuito ratificadas.
Una de las características más relevantes del proceso, entonces, es la intención de buscar una integración del Consejo de la Judicatura Federal más paritaria. Actualmente, el Consejo está integrado por cuatro hombres y una mujer[1]. Históricamente, de 1995 a la fecha, de los 50 consejeros y consejeras, solamente 10 han sido mujeres[2]. De ellas, seis han sido elegidas por la Corte, dos por el Senado y dos por el Ejecutivo. Ante este panorama, el lanzamiento de una convocatoria que apunta a la paridad parece incuestionable.
Sin embargo, lo que sí podría ser sujeto a discusión es el hecho de haber excluido a las juezas de distrito. En efecto, otra sorpresa en este proceso fue que, a diferencia de todos los anteriores desde la creación del Consejo de la Judicatura Federal en 1995, que dejaban la posibildad de postularse tanto a magistrados como a jueces[3], como lo marca el artículo 100 de la Constitución[4], la convocatoria solamente permitió que las magistradas se postularan.
Esto tuvo como resultado restringir el universo de posibles candidatas, pues el Poder Judicial de la Federación solamente cuenta con 160 magistradas de circuito[5]. Sin duda, el universo de perfiles se hubiera enriquecido si en la convocatoria se hubiera incluido a las juezas de distrito, que actualmente suman 127[6].
Como consecuencia, la cantidad de magistradas que integran la lista de aspirantes elegibles es baja, pues son solamente 14.
La baja cantidad de mujeres que aspiran a ser consejera es una característica reiterada en este tipo de procesos. En tres convocatorias anteriores[7] –mixtas y abiertas a magistrados, magistradas, jueces y juezas–, el promedio de mujeres participantes solamente fue del 16%, es decir, por cada candidata, en promedio, se presentan seis candidatos. Además, de estas candidatas, varias han participado en más de un proceso[8].
¿Por qué se postulan tan pocas mujeres? Una de las razones que dificulta a las mujeres postular a este tipo de cargos es el requerimento del cambio de domicilio, sobre todo porque esto puede implicar una alteración en los roles de género vinculados a las labores de cuidado[9]. De hecho, no es sorprendente que 12 de las 14 de las candidatas estén actualmente adscritas en la Ciudad de México (en nueve casos) o sus alrededores (en tres casos)[10]. Las dos restantes están adscritas en Campeche y Jalisco.
También la carga de responsabilidad y trabajo que implica ser consejera y las dificultades para conciliar los ámbitos laboral y personal puede inhibir la postulación. Otra razón puede ser el hostigamiento laboral que resienten algunas mujeres cuando llegan a cargos de alta jerarquía como el de consejera, pues su labor es mucho más cuestionada que la de sus homólogos hombres[11]. Finalmente, otro punto a considerar tiene que ver con que, aunque no es un requisito explícito, se sabe que para tener posibilidades de acceder al cargo se requiere tener ciertos vínculos políticos con los pares, y, quizá, también con los propios ministros y ministras, y suele ser más difícil para las mujeres obtener estos apoyos que para los hombres.
Por ello, si bien es positivo que la convocatoria se haya centrado en mujeres, hubiera sido deseable que dejara la posibildad a las juezas de postularse también.
Las vicisitudes del proceso
Es importante mencionar que esta medida fue anunciada con bombo y platillo el pasado 12 de enero por el presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, durante su conferencia de prensa mensual. En ésta, el presidente comentó que el Pleno de la Corte había tomado esta decisión por unanimidad. Esta afirmación llama la atención ya que el acuerdo que determina el procedimiento para la designación de la próxima consejera de la judicatura federal fue aprobado en sesión privada un mes después –el 15 de febrero de 2022– y sólo 10 ministros votaron a favor, mientras que la ministra Piña Hernández votó en contra y anunció voto particular[12]. Esto daría pie a pensar que el ministro presidente se podría haber adelantado a la decisión de sus pares con este anuncio.
Otra particularidad de este proceso es que hasta ahora se ha desarrollado con lentitud y opacidad. Lo primero, porque la publicación de la lista de las 14 aspirantes elegibles se realizó casi dos meses y medio después del plazo fijado para la recepción de la documentación de las candidatas. Lo segundo, debido a que la Corte, a diferencia del Senado –donde se realiza un proceso de selección de un consejero de la judicatura federal desde diciembre pasado, al cual hemos dado seguimiento, y que publicó en su página web el expediente de cada una de las personas aspirantes–, no dió acceso a ninguno de los expedientes, ni a información o datos sobre el perfil de las candidatas.
La omisión de publicar información de las candidatas por parte de la Corte ha representado una barrera importante en términos de transparencia del proceso. De hecho, tal parecería que la Corte estaba guardando celosamente esta información, ya que como parte del seguimiento a este proceso, enviamos diversas solicitudes de acceso a la información al Consejo de la Judicatura Federal (sobre el universo de magistradas) y a la Suprema Corte, entre ellas una dirigida a esta última para conocer el nombre de las magistradas que se habían postulado para dicho cargo. Sin embargo, en respuesta a esta solicitud, la Corte se declaró incompetente. Al solicitar una aclaración sobre su incompetencia –ya que parecería bastante inverosímil que la Corte no tuviera acceso a esta información cuando es ella misma quien lleva el proceso–, ésta señaló que se trataba de un error en la respuesta y que sí eran competentes. Sin embargo, más de 39 días después de haber realizado la solicitud de información, todavía no nos han dado respuesta[13].
Esta falta de transparencia representa un obstáculo importante para la realización de un análisis profundo respecto de la idoneidad de las magistradas que pretenden ocupar el cargo. La omisión de la Corte de publicar información de las candidatas nos impide saber, por ejemplo, cuál es el plan de trabajo de las candidatas, qué parte de su experiencia consideran relevante para ejercer el cargo como consejera, si tienen alguna queja administrativa en contra, entre otras cosas.
En un esfuerzo por hacer pública la información sobre los perfiles de las candidatas, el Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa contactó a cada una de las participantes para solicitarles que nos compartieran la versión pública de la información que entregaron a la Corte como parte del procedimiento. Como respuesta a nuestra petición, sólo una de las candidatas, la magistrada Elba Sánchez Pozos, envío todos los documentos solicitados, y otra, la magistrada Lorena Pérez Romo, envió su currículum. Las demás candidatas señalaron que no deseaban compartir información o no respondieron nuestro correo. En resumidas cuentas, la transparencia no parece ser una prioridad para ellas.
Desafortunadamente, aunque estar comprometido con la transparencia sería una característia deseable entre los consejeros y consejeras, no es un requisito para obtener el cargo. Adicionalmente a los que señala la Constitución[14], el Acuerdo 1/2022 del Pleno de la Corte estableció como requisitos el contar con conocimientos y habilidades administrativas, gozar con reconocimiento en el quehacer jurisdiccional, además de presentar una serie de documentos para conocer mejor el perfil de las candidatas[15]. Otro requisito es que las aspirantes debían haber sido ratificadas como juzgadoras “a la fecha de publicación de este Acuerdo General [el 1/2022] en el Diario Oficial de la Federación”, es decir, el 17 de febrero. Tenemos allí otro elemento sorprendente: la magistrada Lorena Josefina Pérez no cumplió con este requisito, pues su ratificación fue posterior a la publicación de la convocatoria[16] y, sin embargo, la Corte decidió admitirla en la lista de las candidatas elegibles.
¿Tienen las candidatas formación y experiencia para el cargo?
Como es lógico, la trayectoria de todas las magistradas está vinculada de manera preponderante a la labor jurisdiccional. Sin embargo, identificamos que cinco de las 14 cuentan con conocimientos y habilidades administrativas, que pueden revelarse muy útiles para realizar las tareas que se requieren de una integrante del CJF, el cual es un órgano administrativo. Las magistradas Graciela Malja Aguirre[17] y María Elena Suárez Préstamo actualmente son visitadoras judiciales, y Sandra Verónica Camacho lo ha sido hasta el año pasado, lo cual implica que conocen una parte importante del funcionamiento del Consejo. Esta misma observación aplica a las magistradas Lilia Mónica López Benítez y Dalila Quero Juárez, quienes han tenido cargos directivos al interior del Consejo[18].
Por otro lado, es interesante advertir que al interior del Consejo de la Judicatura existe cierta predominancia en las materias de especialización de los consejeros elegidos por la SCJN. Así, de las nueve personas candidatas que fueron elegidas por la SCJN para integrar el Consejo de 2010 a la fecha, tres se dedicaron la materia penal y cuatro a la administrativa[19]. Quizá por eso no resulte una casualidad que, de las 14 candidatas, 10 hayan o estén ocupando cargos como juzgadora en una de estas dos materias. Ahora, dos consejeros que fueron nombrados por la Suprema Corte tienen experiencia en materia constitucional o administrativa, además de haber tenido experiencias en cargos administrativos del Consejo o fuera de éste en materia laboral. Quizás podría ser deseable que se buscara un perfil enfocado a otra materia[20].
Eficacia en la labor jurisdiccional
Para conocer la eficacia con la que las candidatas trabajan, analizamos los datos estadísticos (correspondientes a 2020 y 2021) de los tribunales donde fueron titulares. A partir de estos datos pudimos determinar la medida en la que tenían o no rezago[21] en sus asuntos.
Como puede verse en la tabla que se presenta a continuación, la única magistrada que no registró rezago en sus asuntos durante 2020 y 2021 fue Rosa María Temblador Vidrio. En sentido contrario, quienes reportaron rezago en los dos años fueron Claudia Mavel Curiel López, Elba Sánchez Pozos y María Dolores Núñez Solorio. La magistrada con mayor rezago en 2020 fue Elba Sánchez Pozos, con un porcentaje de 18.18%, y en 2021 fue Claudia Mavel Curiel López, con 21.51%. Es importante mencionar que la magistrada Sánchez Pozos explicó en su expediente de candidatura –el cual compartió con México Evalúa, en un claro ejercicio de transparencia–, que en 2020 desarrolló sus labores solamente de septiembre a diciembre y en 2021, lo hizo en dos tribunales distintos, lo cual dificulta el cálculo del rezago que le es atribuible. Esto, porque estuvo suspendida casi un año entre 2019 y 2020, mientras el Consejo de la Judicatura estaba investigando distintas quejas en su contra, las cuales todavía no están resueltas[22].
Publicidad de la declaración patrimonial
Es importante señalar que todas las candidatas que participan en este proceso han publicado su declaración patrimonial. Aunque no es un requisito, como lo señalamos ya, la publicación de este documento es relevante porque su análisis histórico permite identificar alguna anomalía o alerta en cuanto a actos de corrupción, el manejo indebido de recursos o posibles conflictos de interés. Por lo anterior, consideramos que la declaración patrimonial y la de intereses debería ser un requisito a tomar en cuenta por la Corte en su próximo proceso de selección. De hecho, una magistrada[23] reporta, sin especificar los montos, tener cinco fondos de inversión en las Islas Caimán, conocido paraíso fiscal. Es interesante que lo incluya en su declaración patrimonial, pero valdría la pena saber si el Consejo cotejó la declaración patrimonial de la magistrada con la fiscal.
Vínculos de las candidatas y otra información relevante
También es importante hacer un análisis de los vínculos de las candidatas con empresas, organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones, ya que esto es un buen punto de partida que nos permite conocer cuáles son los intereses de las candidatas, así como los posibles temas que conformarán la agenda de la futura consejera.
Al respecto, encontramos que seis[24] de las 14 candidatas pertenecen a la Asociación Mexicana de Juzgadoras y/o la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Dos son asociadas y cuatro[25] desempeñan o han desempeñado cargos como presidentas o coordinadoras en dichas asociaciones. Cabe resaltar que estas asociaciones generalmente concientizan al gremio jurídico en temas como paridad de género y derechos de las mujeres. Además, se encontró que 10 de las 14 candidatas contaban con vínculos con instituciones educativas[26]. Y, en cuanto a vínculos con empresas, sólo una reportó ser accionista de una empresa[27].
Por otro lado, analizar los vínculos profesionales y personales de las candidatas es útil ya que son un indicio de los posibles conflictos de interés que pudieran tener y que podrían impactar en su desempeño como consejera. La tabla a continuación ilustra algunos de estos posibles vínculos analizados a partir de información pública.
Reputación
Finalmente, dado la poca información pública sobre la reputación de las candidatas, nos dimos a la tarea de realizar una extensa búsqueda hemerográfica en fuentes especializadas, así como en motores de búsqueda y otros documentos. Es importante aclarar aquí que la información compartida no corresponde a afirmaciones, acusaciones o señalamientos hechos por México Evalúa ni por las autoras de este artículo, sino que es información de acceso público, que puede ser encontrada en línea por cualquier persona que la busque. El único objetivo de compartirla es que si existen tales señalamientos, los ministros de la Suprema Corte tengan conocimiento de ella y la institución pueda realizar las eventuales indagaciones correspondientes[28].
A continuación se reportan los resultados:
Candidatas relacionadas con supuestas prácticas que amenazan la independencia judicial
- El diario Reforma tuvo acceso a un audio en el que, al parecer, se escucha a la magistrada Claudia Mavel Curiel López comunicar a algunos compañeros magistrados que el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, habría llamado a la prudencia a los miembros del Poder Judicial de la Federación, pidiéndoles evitar las críticas al presidente, e indicando que, en caso de hacerlo, podrían ser sujetos de responsabilidad administrativa. De acuerdo con el medio[29], la magistrada aparentemente explicó que el consejero Alfonso Pérez Daza habría solicitado al director de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados de Circuito comunicar la orden. El Consejo de la Judicatura Federal emitió un comunicado para aclarar que lo expuesto en la nota de prensa era falso.
- De acuerdo con La Jornada, la ex directora de área de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Lilia Cortés García, señaló supuestos actos de corrupción vinculados con el cese de su cargo y con las impugnaciones que ella interpuso para recuperar su puesto, en particular por parte de tres magistrados, que habrían sido objeto de una investigación por parte del Consejo de la Judicatura Federal, ya que la oficial mayor de la PGR habría ordenado a dos de sus colaboradores que les entregaran 50 millones de pesos. Los magistrados a quienes se habría iniciado la investigación son quienes integraban en ese momento el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del primer circuito, entre los que se encuentra la magistrada Alicia Rodríguez Cruz.
Candidatas con criterios jurisdiccionales que han ocasionado polémica
- De acuerdo con una nota de 2013, como jueza de distrito, Graciela Malja Aguirre habría notificado la libertad de José Omar Romero Esquivel, a quien las autoridades de procuración de justicia señalaban como responsable de al menos cuatro secuestros en la zona del Ajusco, y al parecer era miembro de una banda de secuestradores.
- Cuando ocupó el cargo de jueza de distrito, María Dolores Núñez Solorio habría aplazado el dictado de la sentencia del amparo con el que Rosario Robles buscaba la libertad condicionada. En otro caso, habría concedido una suspensión de oficio y de plano al presunto narcotraficante Rafael Caro Quintero quien en ese entonces ya se encontraba prófugo y, de esa manera, podía frenar su extradición a Estados Unidos en caso de ser recapturado. Según reporta una nota de prensa, en mayo de 2021 los magistrados de un tribunal de circuito en material penal consideraron que María Dolores Núñez Solorio, quien ocupaba entonces el cargo de jueza de distrito, habría actuado de manera errónea al determinar la inexistencia de la autoridad señalada por Manlio Fabio Beltrones en la ampliación de una demanda de amparo que éste presentó contra una posible orden de aprehensión. Por ello, se le ordenó a Núñez Soto dejar insubsistente el acuerdo que emitió el 4 de noviembre del 2020 y pronunciarse en relación con la eficacia de la ampliación del juicio de amparo.
- De acuerdo con una nota de prensa, la magistrada Martha Gabriela Sánchez Alonso ha sido señalada por algunas decisiones polémicas. Primero, habría invalidado la orden de aprehensión que enfrentaba Gastón Azcárraga, ex presidente del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación, por el desvío de 110 millones de pesos de un fideicomiso de la compañía aérea a Grupo Posadas. En 2005 habría determinado que no existían elementos jurídicos suficientes para demostrar la responsabilidad del empresario Carlos Ahumada Kurtz en el fraude por más de dos millones de pesos en perjuicio de la delegación Tláhuac. Por otro lado, en 2004 habría rechazado los alegatos de irregularidades presentados por los familiares de la abogada defensora de derechos humanos Digna Ochoa —quien presuntamente fue asesinada en 2001—, en contra de la decisión por parte de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal de cerrar la investigación y concluir que se había suicidado.
Candidatas relacionadas con supuestas prácticas de acoso laboral
- Un usuario manifestó en Facebook que los trabajadores adscritos al Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco Guerrero, agradecían al Consejo de la Judicatura Federal, supuestamente, por haber atendido sus quejas y removido de ese tribunal a la magistrada Sandra Verónica Camacho Cárdenas, quien, a decir del mismo usuario, habría ejercido prácticas de acoso laboral en contra del personal del Tribunal mencionado.
Para concluir, en procesos tan importantes como el de la designación de una consejera de la judicatura, resulta de gran relevancia que el órgano encargado de los mismos garantice su transparencia y el acceso a la información relacionada con los perfiles de las personas candidatas. La opacidad tiñe de gris las designaciones y genera suspicacias respecto a la posibilidad de que la elección de consejera responda a factores políticos, en lugar de criterios de idoneidad. Una mayor transparencia permitiría darle mayor legitimidad a la magistrada que finalmente ocupe el puesto.
[1] El Consejo se integra por siete personas, pero en este momento hay dos vacantes, una que deberá llenar la Corte y otra el Senado.
[2] Consejo de la Judicatura Federal. (s. f.) Galería de consejeros. Integración del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. https://w3.cjf.gob.mx/sevie_page/fichas_page/plenos.asp
Informes Anuales de labores de la SCJN y del CJF de 2018 a 2021.
[3] Así fue en las convocatorias de junio de 1999, octubre de 2002, febrero y agosto de 2004, noviembre de 2006, noviembre de 2008, septiembre de 2011, febrero y noviembre de 2014 y octubre de 2019.
[4] El párrafo dos del artículo 100 constitucional establece que “El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República”.
[5] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal [Tabulados]. https://www.inegi.org.mx/programas/cnijf/2021/
[6] Ídem.
[7] Convocatoria derivada del Acuerdo 2/2019 del Pleno de la SCJN y Lista de aspirantes a ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal
Convocatoria derivada del Acuerdo 15/2019 del Pleno de la SCJN y Lista de aspirantes a ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal
Convocatoria derivada del Acuerdo 8/2016 del Pleno de la SCJN y Lista de aspirantes a ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal
[8] Las magistradas Sonia Rojas Castro y Rosa María Temblador Vidrio participaron en dos de los tres concursos y Martha Gabriela Sánchez Alonso en los tres
[9] Ceja, A. (2014). Concursos de oposición para jueces y juezas de Distrito. Un derecho formalmente instituido para todos, sustancialmente desigual para las mujeres. Revista del Instituto de la Judicatura Federal Escuela Judicial. Número 37. https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/judicatura/article/view/32129/29122
[10] Es el caso de 3 de ellas, que se encuentran en el Estado de México, Querétaro y Puebla.
[11] Ceja, A. (2014). Concursos de oposición para jueces y juezas de Distrito. Un derecho formalmente instituido para todos, sustancialmente desigual para las mujeres. Revista del Instituto de la Judicatura Federal Escuela Judicial. Número 37. https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/judicatura/article/view/32129/29122
[12] Hasta este momento se desconoce el contenido del voto particular emitido por la Ministra Piña ya que la Corte no lo ha hecho público en su página web.
[13] Normalmente, deberían haber respondido en 20 días y en caso de pedir una prórroga, en 10 días adicionales.
[14] Para llegar al cargo de consejera o consejero, el artículo 95 de la Constitución mexicana señala los siguientes requisitos: 1) ser de nacionalidad mexicana, 2) haber residido en el país durante los dos años anteriores a la designación, 3) tener al menos 35 años de edad, 4) ser licenciado o licenciada en derecho, 5) gozar de buena reputación, 6) no haber sido condenado por delito que amerite más de un año de prisión o que “lastime seriamente la buena fama en el concepto público” y 7) no haber ostentado distintos cargos públicos durante el año previo al nombramiento: secretario de Estado, fiscal general, senador, diputado federal o titular del Poder Ejecutivo de algún estado.
[15] La Corte solicitó los siguientes documentos: currículum vitae, escrito de manifestación, bajo protesta de decir verdad: edad, fecha de expedición del título de la licenciatura en Derecho, quejas administrativas presentadas en su contra, los resultados de las visitas de inspección realizadas a los juzgados o tribunales de la adscripción de la magistrada, la fecha del acuerdo de ratificación y datos estadísticos de la ponencia. Aunado a lo anterior, el Pleno solicitó escritos en los que hablaran sobre el perfil que, según su criterio, debe reunir una consejera de la judicatura, cuál sería su visión y propósito en el cargo, así como su plan de trabajo. Finalmente, acta de nacimiento, título profesional y cédula, además de documentos probatorios del CV.
[16] La ratificación de esta magistrada fue el 23 de febrero de 2022, con fecha efectiva desde el 22 de febrero de ese año.
[17] La magistrada Malja Aguirre también ha ocupado cargos administrativos fuera del CJF: fue Subjefa de la Defensoría de Oficio de la Sala Regional del Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas y Jefa de Departamento de la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría Del Trabajo y Previsión Social.
[18] Lilia Mónica López Benítez fue Secretaria Ejecutiva de Vigilancia Información y Evaluación del Consejo, y Dalila Quero Juárez fue Directora General de la Dirección General de Derechos Humanos, Equidad de Género y Asuntos Internacionales
[19] Las personas restantes se dedicaban a la materia civil y laboral.
[20] Cinco magistradas tienen experiencia como juzgadoras en materia civil y/o mercantil, por ejemplo.
[21] Para hacer el cálculo del porcentaje de rezago se tomaron en cuenta los asuntos ingresados y los egresados durante el periodo de labores de la magistrada, con el objetivo de identificar el rezago de ésta, en específico, y no el del Tribunal, en general.
El cálculo se realizó de la manera siguiente: a los asuntos ingresados se le restaron los asuntos egresados. Al resultado de la resta lo dividimos entre el número de asuntos ingresados y lo multiplicamos por cien.
[22] Al respecto, parece sorprendente que quejas presentadas e investigadas desde 2019 todavía no hayan sido resueltas tres años después. La magistrada también menciona que no tuvo acceso al expediente de varias de esas quejas, lo cual también es, por lo menos, sorprendente.
[23] Se trata de la Magistrada Dalila Quero Juárez.
[24] Se trata de las magistradas Martha Gabriela Sánchez Alonso, Graciela Malja Aguirre, Marisol Castañeda Rodríguez, Lilia Mónica López Benítez, Dalila Quero Juárez y Julia María del Carmen García González.
[25] Marisol Castañeda Rodríguez, Lilia Mónica López Benítez, Dalila Quero Juárez y Julia María del Carmen García González
[26] Se trata de Dalila Quero Juárez, Graciela Malja Aguirre, Elba Sánchez Pozos, María Dolores Núñez Solorio, María Elena Suárez Préstamo, Martha Gabriela Sánchez Alonso, Julia María del Carmen García González, Lorena Josefina Pérez Romo y Alicia Rodríguez Cruz.
[27] Se trata de la magistrada Dalila Quero Juárez
[28] De hecho, dado que la Corte dejó la posibilidad a la ciudadanía de aportar observaciones sobre las candidatas, el Programa de Transparencia en la Justicia compartió esta investigación con la Suprema Corte.
[29] Esto también fue reportado en los siguientes medios: https://www.am.com.mx/noticias/Se-filtra-audio-donde-presionan-a-jueces-para-evitar-critica-a-AMLO-20190315-0057.html
