El Tamaulipas del miedo
A la luz de la más reciente encuesta de victimización del Inegi, no se sostienen los dichos del secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, respecto a que se observaban “grandes resultados en materia de seguridad en Tamaulipas” por la disminución de los índices delictivos en la entidad.
Por: Lilian Chapa Koloffon (@cklilian)
En abril pasado el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que observaban “grandes resultados en materia de seguridad en Tamaulipas” que eran notorios ante la disminución de los índices delictivos en la entidad. Un mensaje igualmente incompleto –no ofreció cifra alguna– había dado casi un año atrás, cuando presumió en julio de 2014 que la nueva estrategia de seguridad en la entidad había traído en tan solo 75 días, menos delitos y mayor tranquilidad. A la luz de la más reciente encuesta de victimización del Inegi, los dichos del Secretario no se sostienen.
Tanto el número de delitos como el de víctimas crecieron más que en cualquier otro estado del país entre 2013 y 2014, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe). En ese mismo orden: la incidencia delictiva en Tamaulipas creció 72 por ciento (alza de terror) y la tasa de víctimas 32 por ciento, incremento dispar que indica que aumentó el número de víctimas blanco de más de un delito.
En tercer término, la Envipe también revela que la percepción de inseguridad, referida ya a 2015, no mejoró respecto al año anterior. La población que se siente insegura en el estado aumentó 3.6 por ciento, por lo que no se puede decir que se logró llevar la tranquilidad a Tamaulipas. Así, 86.9 por ciento de la población considera hoy que su entidad federativa es insegura, muy por encima del promedio nacional de 73.2 por ciento. ¿Y cuál fue el delito más frecuente en el estado de acuerdo con la Envipe? La extorsión, lo que tiene todo el sentido: la entidad es el escenario ideal para un delito que, como pocos, depende del miedo como condición indispensable para su éxito. Es precisamente este miedo y la desconfianza en la autoridad las que hacen de Tamaulipas un terreno fértil para que florezca la actividad delictiva.
Extorsionar implica en muchos casos intimidar a alguien cara a cara para que pague a cambio de no dañar su negocio, persona o familia[1]. Una vez consumada la extorsión, las víctimas deben pagar una especie de impuesto para no ser víctimas de otros delitos. En este entorno, los tamaulipecos se ven obligados a comprar su tranquilidad, lo que contradice lo dicho por Osorio Chong. La deuda con la población, hay que decirlo, es también del gobierno estatal, cuyo titular, Egidio Torre, está en la recta final de su mandato sin que haya podido cumplir con su obligación de garantizar la integridad de los tamaulipecos.
El siguiente es el fragmento de un relato hecho a México Evalúa por un contratista que ha vivido toda su vida en la entidad y que por seguridad evita tener oficinas fijas. En estas líneas describe la mecánica de lo que parece una nueva acepción del término “levantón” –normalmente utilizado para referirse a un secuestro cuya finalidad es privar de la vida a la víctima– y que ahora es una vía para infundir más miedo que facilite la extorsión:
Ahora sólo hay levantones. Un levantón es cuando algún comerciante no quiere pagar el cobro de piso, entonces lo levantan, se lo llevan días y lo torturan. Ni piden rescate ni lo matan, el chiste es que quede vivo y cagado de miedo y así lo regresan a su casa para que le cuente a su familia y a sus amigos el infierno que vivió. Lo hacen para sembrar terror, para ver quién se atreve a dejar de pagar derecho el piso. Ya le pasó como a tres conocidos, uno de plano se fue a vivir al otro lado pero tuvo que regresar porque no prendió su negocio. La lección es: “flojito y cooperando”. Ya nos acostumbramos.
Su conclusión es de una sumisión pragmática que hiela:
El chiste es entenderle como está la cosa y no salirse de las reglas.
Reglas no escritas para la supervivencia, en un lugar donde la ley parece simplemente no operar.
El tan llevado y traído término de mafia implica, de acuerdo con el historiador italiano Salvatore Lupo, además de la venta de protección por parte de las organizaciones criminales –lo que ocurre desde hace tiempo en Tamaulipas–, su participación en sectores como el de la obra pública. No se tiene evidencia de que esto ya ocurra en la entidad, pero no significa que no estemos cerca de ese escenario o entrando en él. El miedo, la impunidad y la corrupción abren puertas difíciles de cerrar hacia dinámicas que son el infierno en la tierra, como lo revelaron las matanzas de San Fernando.
Claramente las políticas y estrategias para recuperar la confianza en las instituciones, el combate a la corrupción, la prevención del delito basada en evidencia y el fortalecimiento de los organismos encargados de la seguridad y justicia en Tamaulipas son urgentes. Sin embargo también necesitamos que las autoridades de los tres niveles de gobierno sean claras en torno a lo que quieren para la entidad en los próximos años. Metas específicas, realistas y medibles en estos ámbitos, así como responsables de cumplirlas para reconstruir la confianza en la entidad.
* Lilian Chapa Koloffon es investigadora del Programa de Seguridad Pública de@mexevalua. La autora agradece la colaboración de Leslie Solís y Layda Negrete para la realización de este artículo.
[1] De acuerdo con el INEGI, la extorsión es un delito contra el patrimonio, en el que se obliga a una persona a dar dinero o alguna cosa, o tolerar algo (hacer algo o dejar de hacerlo), causándole un perjuicio económico, a su persona, familia o a sus propiedades.
