Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

El segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo federal fue la lectura de un sueño. El repaso del estado idílico que el presidente desea para el país. Como manifestación de intenciones, sin duda fue satisfactoria. Como informe de gobierno, resultó desmesurado, porque lo que el presidente presentó como logros son apenas propósitos cuya materialización se ve cada día más lejana, puesto que el mandatario ha decidido ahorcarse solo. Con la soga de su propia terquedad.

A la pregunta de por qué el presidente es popular no hay que darle muchas vueltas. Es un personaje que nos presenta un sueño. Lo ha hecho desde hace años, todos los días. Nos relata ese sueño con frases bien hechas e imágenes evocadoras. Una de estas imágenes es la de la soberanía ligada a un Estado propietario de empresas fuertes, sobre todo en el sector energético. Pemex tiene un peso excesivo en el proyecto (sueño) del presidente.

Desde que ocupó la presidencia, AMLO se ha dedicado a desmantelar los fundamentos de la reforma energética que se impulsó en 2013. Una reforma que busca (buscaba) consolidar mercados en lo que antes sólo había un monopolio. Uno de sus objetivos era asegurar una oferta suficiente de energéticos para un país con una proyección de demanda creciente; pero también atraer recursos que complementaran la inversión que realizaban Pemex y CFE. Cada vez se les tiene que poner más dinero para sostener su producción. Es indudable que había razones sustantivas para buscar la transformación estructural del sector.

Pero como ha sucedido con muchas otras reformas, se quedaron reductos abiertos para el abuso. Hoy la reforma energética se asocia con corrupción. Con tráfico de influencias y de dinero entre políticos para asegurar su aprobación en el Congreso. Con un Lozoya encabezando una empresa que, en teoría, se transformaba para adoptar las mejores prácticas en materia de gobierno corporativo, ja, ja…

Si hay un ‘no’ a la reforma energética, ¿cuál es la alternativa para levantar a estas empresas? No hay un proyecto sólido para fortalecerlas, para hacerlas viables, rentables, transparentes.

Sin embargo, la reforma energética era (ya no sé si hablar en pasado o presente) un buen proyecto. Abría el espacio para que las empresas estatales en el sector adoptaran prácticas para elevar su rentabilidad, su transparencia y su eficacia. Un espacio de mercados más competidos las obligaría a ser mejores. El Estado como propietario, pero también como regulador y como garante del interés público, se dotaba a sí mismo de agencias nuevas o habilitaba existentes para conformar una constelación de instituciones que debería asegurar el mejor desempeño de las Empresas Productivas del Estado (EPE).  

El mapeo de esta constelación de agentes vigilantes es la materia del más reciente estudio de México Evalúa, que lleva el título de Mapa de vigilancia del Estado sobre sus empresas productivas. Se trata de la evaluación de instituciones que tienen funciones de regulación y vigilancia sobre estas empresas. La publicación llega en un momento crítico. La agenda legislativa de Morena para el periodo que recién inicia considera una multiplicidad de reformas que impactan en el sector. No conozco los contenidos; ni siquiera sé si existen ya iniciativas en discusión en el seno del Legislativo. Es de suponerse que se trata de cambios que asentarán en las normas lo que ya ocurrió en la realidad: un revés a la reforma de 2013.

El estudio de México Evalúa contiene elementos de análisis valiosos para nutrir la discusión. Para entender el valor de fortalecer a las empresas desde adentro, con esquemas modernos de gobernanza; pero también desde afuera, con esquemas de vigilancia funcionales. Hacerlo es una obligación del Estado, quien, como dueño de estas empresas, debe velar por el cumplimiento de su misión, que es generar el mayor valor.

A partir de lo que estamos viendo, surge una preocupación: ¿no están echando al escusado la bandeja de agua con el niño adentro, como dice la expresión? Si hay un ‘no’ a la reforma energética, ¿cuál es la alternativa para levantar a estas empresas? No hay un proyecto sólido para fortalecerlas, para hacerlas viables, rentables, transparentes. Succionan recursos con mucha potencia, pero no están regresando valor. Sólo pérdidas. Y el costo de mantenerlas improductivas es enorme para los mexicanos. Casi el 20% del gasto en este 2020 se destina a las empresas en el sector, en medio de restricciones presupuestales severas, en medio de una pandemia que demanda reorientar recursos para salvar vidas y mitigar sus efectos sobre la economía y las familias. El costo del sueño de Andrés puede ser inconmensurable.  

Poner a Pemex en el centro de atención como sinónimo de grandeza, de soberanía, puede ser la soga que acabe ahorcando al presidente. Porque sin mejoras sustantivas en las EPE —y en las entidades encargadas de vigilarlas—, éstas chuparán recursos pero sólo regresaran desesperanza. Hará que los mexicanos que comparten el sueño de Andrés, acaben despertando.