El presupuesto y el desbalance de poder
La responsabilidad debe ser una característica de funcionarios hacendarios que reconocen lo que está en juego cuando los equilibrios macroeconómicos se descomponen. Pero también es función de leyes e instituciones el marcar los límites de hasta dónde estos pueden llegar.
Edna Jaime (@EdnaJaime) / El Universal
El equipo del presidente Enrique Peña Nieto ha perdido a uno de sus integrantes más prominentes. Luis Videgaray es, sin duda, una persona brillante, arquitecto de reformas positivas para el país. Como cabeza de la Secretaría de Hacienda (SHCP), sin embargo, el ex funcionario falló en una encomienda que resulta central para quien ostenta ese cargo: generar confianza, construir credibilidad ante mercados que se agitan ante signos de descomposición. Si este solo hecho hacía difícil su permanencia en el cargo, el error de agosto, llamado Donald Trump, lo acabó de tumbar.
Desde que Enrique Peña asumió la presidencia y Luis Videgaray la titularidad de la SHCP, en materia hacendaria ha existido una brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Entre el pronóstico y la realidad. Y esto tiene consecuencias. La declaración de un directivo de Standard & Poors ante la propuesta de Presupuesto de Egresos (PEF) 2017 es ilustrativa del punto. El funcionario muestra cautela en sus perspectivas respecto al país, a pesar de que el PEF plantea por primera vez en años un superávit primario, dato que debiera interpretarse como positivo en el esfuerzo por enmendar el desbalance fiscal. Dice el refrán popular que la burra no era arisca sino que la hicieron. Y esto aplica a quienes tienen que calibrar el riesgo en la economía mexicana. Declara el directivo de la empresa calificadora que no ha existido un compromiso del gobierno mexicano por revertir la situación y supongo que se pregunta por qué debería de existir ahora.
Desde el inicio de esta administración se han planteado escenarios que no se han cumplido en materia de crecimiento, deuda y gasto. Con cada escenario incumplido se ha ido erosionando la confianza en nuestra autoridad hacendaria. Un hecho que muestra esta inconsistencia fue el anuncio de recorte de gasto hecho en 2015. El secretario de Hacienda comprometió un recorte por 124 mil 300 millones de pesos, 2.6% del presupuesto aprobado para ese año, pero en los hechos acabó gastando 4.2% más. Cuando la autoridad hacendaria no cumple su palabra, deja de generar certidumbre y esto lo cobran caro los mercados en nuestros días. No me asombra, entonces, que la propuesta de presupuesto 2017 no anime a los desconfiados. Dados los antecedentes, ellos pagan por ver.
La responsabilidad debe ser una característica de funcionarios hacendarios que reconocen lo que está en juego cuando los equilibrios macroeconómicos se descomponen. Pero también es función de leyes e instituciones el marcar los límites de hasta dónde estos pueden llegar. Después de nuestras crisis sexenales, originadas precisamente en desbalances fiscales, dejamos de confiar en el buen juicio del gobernante o funcionario e intentamos acotar su margen de acción. Establecimos distintos candados que, en estos días, han mostrado no ser un ancla suficiente para mantener las finanzas públicas en equilibrio.
En realidad, en temas presupuestales, se hace muy evidente el desbalance de poder. A pesar de nuestros cambios en materia política, en este ámbito el Ejecutivo tiene margen para hacer y deshacer. Cuanto y más si cuenta con el apoyo de una coalición mayoritaria en el Legislativo (en materia de egresos, la facultad es exclusiva de la Cámara de Diputados) y legisladores sumisos del otro lado. Más preocupados por el moche que por fungir como un contrapeso efectivo.
Por eso entiendo el escepticismo de los analistas frente a la propuesta de egresos 2017. Creo que entienden la debilidad de nuestros controles, lo frágil de nuestros contrapesos y el enorme margen con que cuenta Hacienda para hacer adecuaciones al presupuesto aprobado durante su ejercicio. Frente a este panorama, debemos plantearnos con seriedad una agenda para fortalecer al Legislativo en materia presupuestal. Para cerrar la brecha en este desbalance de poder.
