El presupuesto de la justicia en México: ¿lujo o necesidad?
Uno de los rubros más castigados en el Presupuesto de Egresos de la Federación es la justicia. En ese sentido, la pregunta es: ¿Acaso la justicia es un servicio público no prioritario?
Susana Camacho (@susanacamachomexeva) y Diego Labougle | Programa de Justicia
Publicado en: El Sol de México
Recientemente se presentó en el Congreso el Paquete Económico 2026. Éste incluye el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que se discutirá y aprobará antes del 15 de noviembre. Uno de los rubros más castigados en materia de recursos es la justicia.
Del total del presupuesto, lo asignado apenas roza el 1.06% incluso considerando que hubo un aumento sustancial de 17.02% para el Poder Judicial respecto al presupuesto aprobado en 2025 y ajustado a precios de 2026. La asignación, de poco menos de 108.2 mil millones de pesos, se repartirá entre la Fiscalía General de la República (FGR), el Poder Judicial Federal, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Mientras tanto, para comparar, a la Secretaría de Defensa Nacional se le planea asignar 1.68% del PEF, con algo más de 170.7 mil millones de pesos.
Si bien podemos coincidir en que los gobiernos deben ser austeros, hay servicios públicos esenciales en los que es indispensable invertir. En el caso de la justicia, el fortalecimiento a través de la asignación presupuestaria permite contar con mecanismos que, como sociedad, faciliten la resolución de conflictos, la protección de derechos y —en el contexto actual— la urgente necesidad de pacificación.
En ese sentido, la pregunta es: ¿La justicia es un servicio público no prioritario?
De la austeridad al empobrecimiento
Hay que diferenciar entre austeridad y pauperización. La austeridad debería estar relacionada con cortar lujos y reducir gastos para enfocarse en mantener lo esencial, pero cuando se quita incluso lo esencial, se vuelve empobrecimiento, y afecta seriamente la capacidad de las instituciones para operar.
En el caso del PEF 2026, lo que vemos son instituciones de justicia estancadas. La FGR tiene una tasa de crecimiento real de 1.12% y la CEAV una de 1.16%. Esto significa que muy probablemente mantendrán su condición actual de no contar con el personal, espacios y materiales suficientes para atender dignamente a las personas.
La “austeridad republicana” del Gobierno anterior y que continúa en este sexenio, tenía quizás el propósito de reducir la corrupción. Lejos de conseguir esta meta, está ahorcando la capacidad de generar resultados. Esta pauperización es grave en todos los sectores gubernamentales, pero para un país con tanta sed de justicia, es especialmente grave.
La presentación del paquete económico subraya la postura del gobierno en materia de justicia federal:
1. La diferencia de gasto en militares y la inversión en justicia señala la preferencia de la fuerza pública sobre la justicia.
2. Es preferible destinar recursos para sustituir a quiénes no se alinean a los principios del nuevo régimen en el sistema de justicia, que invertir en justicia. Recordemos que la elección judicial hasta ahora costó 13 mil millones de pesos (el equivalente al 12.02% del gasto total programado para 2026 para las tres instituciones de justicia federal señaladas). Además, todavía faltan contabilizar los recursos que se deberán destinar (y parece que no se previeron en el presupuesto) en prestaciones e indemnizaciones del personal que no será parte del cambio judicial y que deberá salir del presupuesto.
3. La dignificación de la justicia como servicio público no es prioridad.
El efecto colateral en los estados
El gran problema de esta visión de las autoridades federales es que muy probablemente se replicará en lo estatal. Este ámbito carga con la responsabilidad del mayor número de casos por resolver.
En ese terreno de lo local vale la pena preguntarnos: ¿Cómo exigir a los ministerios públicos, jueces y defensores resultados de calidad cuando algunos ganan menos de 8 mil pesos al mes y tienen responsabilidad sobre cientos (a veces miles) de casos? ¿Cómo esperar que no se corrompan? ¿Qué talentos se van a quedar en un sistema con salarios insuficientes, horarios extenuantes y condiciones laborales inadecuadas? ¿Cómo hacer confiar a la ciudadanía en los sistemas de justicia, si cuando acude a las instalaciones de las fiscalías las encuentra con goteras, sin baños, sin papel, sin impresoras, sin lugar para víctimas, sin internet y un sinfín de carencias? Ese primer contacto es la cara de la justicia en México, y no estamos pensando en invertir, sino en empobrecerla más.
Si el Gobierno busca combatir a la corrupción en el sector justicia, la solución no es estancar los presupuestos de las instituciones. Al contrario, se deben identificar prioridades, planear los cambios, asignar recursos para su implementación y transparentar la inversión del presupuesto. Y ante la sospecha de malversación de fondos u otros posibles actos de corrupción, realizar auditorías, órganos de vigilancia u oficinas de asuntos internos (hay varias entidades que no tienen), utilizar la tecnología para el seguimiento de casos y del personal, testigos sociales o mecanismos más transparentes para las compras de Gobierno. También se podrían mejorar los mecanismos de denuncia anónima y protección de denunciantes.
En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer cuando la justicia es una prioridad, porque la precarización de las instituciones civiles de justicia lo único que va a lograr es que sean tan inoperantes que los conflictos sociales no resueltos orillen a que tengan que ser sustituidas por militares —que quizás ése sea el verdadero objetivo: más militarización.
Ahora que el paquete económico 2026 está en revisión, ojalá se considere que la justicia es una prioridad y se corrija el rumbo, porque hablamos de una necesidad básica, no de un lujo.
