Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

El presidente López Obrador se caracteriza por ser una persona de ideas fijas. Pese a que nos cambió el contexto de manera dramática, él toca la misma partitura con extraordinaria disciplina. No importa que el barco esté medio hundido. Pero hay un tema en el que de plano el presidente no sabe qué hacer. No le entendió, no le entiende y quizá ni le importa. Es la seguridad.

López Obrador sostiene que inseguridad y neoliberalismo van de la mano. Ergo, si se extinguen las políticas neoliberales se acaba el problema. Supongo que así lo decide entender porque carece de una estrategia para afrontar el problema —que no es uno, son muchos, aunque tengan una base común—. La decisión de enorme trascendencia que el presidente tomó al respecto, la hizo en los primeros meses de 2019, cuando entregó el resguardo de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Y tan, tan: se deshizo del asunto.

El decreto que se presentó esta semana estaba considerado en el paquete de reformas consitucionales del 2019, con que se dio vida a la Guardia Nacional. Una reforma que contó con el aval de los partidos representados en el Legislativo. En el artículo V transitorio de dicho paquete de reformas, se plantea la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad por un periodo de cinco años, justo lo que queda de gobierno del presidente López Obrador. Este asunto, que estuvo en disputa por más de 10 años, se resolvió así. Con un transitorio que ahora se regula con el decreto emitido. Con esto, los militares reciben lo que habían pedido durante años, un marco legal que sustente su trabajo en tareas de seguridad, con un pilón: un cheque en blanco adherido.

El texto del artículo V transitorio establece que las Fuerzas Armadas deben actuar en materia de seguridad de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. En el decreto no se establece ningún mecanismo para asegurar que esto suceda así. Todo parece indicar que se dio un intercambio que, por parejo, dejó tranquilas a las partes: el presidente cedió la responsabilidad de la seguridad a las Fuerzas Armadas a cambio de darles manga ancha. No quiero decir para la corrupción —aunque sin duda podría ser—, sino para el uso de la fuerza.

Las implicaciones de esto podrían ser muy profundas y quizá irreversibles. Los colegas defensores de derechos humanos y sus organizaciones han escrito y sustentado por qué los derechos se ponen en riesgo cuando los militares hacen funciones para las que no fueron entrenados, y cuando el mecanismo que se ofrece para regularlos es francamente débil. Tenemos una luz roja encendida en un momento en que no hay a quién acudir. La CNDH ha optado por el bajo perfil, cuando no a ser una ventanillas de cosas intrascedentes.

Lo más lamentable es que el peso apabullante que tendrá el Ejército en materia de seguridad acabe con los esfuerzos de fortalecimiento de los cuerpos civiles de seguridad en el ámbito local.

Comparto esa preocupación de manera profunda pero tengo otra que me inquieta de la misma manera. Ésta tiene que ver con las capacidades del Estado mexicano. El presidente López Obrador encontró instituciones con las que no se siente cómodo y las ha acorralado; burocracias que consideraba de Cartier y las ha compactado. Le parece tan indigno el piso institutional y burocrático con que contamos que opta por el Ejército como sustituto de nuestros malos mecanismos para hacer gobierno. La pregunta es cómo vamos a terminar después de esta etapa de desinstitucionalización/militarización.

En el campo de la seguridad, si no hay ajustes, anticipo un proceso de debilitamiento institucional todavía más agudo. No alcanzo a ver cómo es que la Guardia Nacional pueda consolidarse como una institución civil, cuando ni siquiera queda claro quién manda ahí (bueno, sí queda claro). Pienso que será un brote de las Fuerzas Armadas y que estará siempre en un conflicto falso de identidad.

Si nuestro piso institucional civil en materia de seguridad se acaba por desfondar, si el proceso de desinstitucionalización se profundiza, entraremos a un terreno con muchos riesgos. Estudios recientes en materia de violencia en zonas de alto conflicto como Guerrero o Michoacán, son muy reveladores sobre el origen del problema. Les falta Estado. Y las instituciones de seguridad son tan frágiles que se acomodan a los objetivos de los grupos criminales.

Guerrero tiene más de 40 grupos armados, entre ellos autodefensas, según el más reciente reporte sobre México de Crisis Group. Ahí hay que reconstruir desde lo más fundamental. ¿O qué? ¿La Guardia, el Ejército, serán el grupo 41? ¿Con qué resultados? 

Lo más lamentable es que el peso apabullante que tendrá el Ejército en materia de seguridad acabe con los esfuerzos de fortalecimiento de los cuerpos civiles de seguridad en el ámbito local. Como víctimas colaterales, pueden perder la tracción que estaban adquiriendo. Y quedarse a la mitad de un proceso de profesionalización como sucede con tanta frecuencia en este país.

Hay tanta evidencia ampliada, tanta información por explorar para tener discusiones sustantivas… El decreto de esta semana nos calla la boca. La apuesta del presidente está hecha.