Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

Para los interesados en instituciones y el poder, analizar cuál fue el comportamiento del Gobierno federal durante la emergencia será un trabajo fascinante. No quiero decir una verdad de Perogrullo, pero en países con altos grados de institucionalidad política no hubo controversia sobre qué le correspondía a quién en esta crisis, dentro de la administración pública y en las distintas instituciones del Estado. Esta crisis y su escala no fue prevista. No obstante, ante el reto de lidiar con lo desconocido, algunos países han actuado diligentemente para atender las distintas crisis que, junto con la sanitaria, hoy los sobrecogen. La verdad, qué envidia.

En este país, el peculiar contexto nos ha regalado una mala y una buena noticia. La mala es que el presidente está muy necio. Sus prejuicios limitan su visión: podría contar con un panorama de 180 grados, pero se queda con uno de 15. Por eso, de todos los instrumentos disponibles se queda con unos cuantos: los que son compatibles con su estrecha visión del mundo. La buena es que el presidente no es el único que mueve al país.

Como en otros países, nuestra Constitución prevé situaciones de emergencia. Y también establece las rayas, que incluso en momentos de emergencia, no se pueden cruzar: el Legislativo nunca pierde el lugar que corresponde como contrapeso del Ejecutivo y como instancia de representación política fundamental. La emergencia no es salvoconducto para el ejercicio del poder unipersonal.

En el país estamos en medio de una discusión muy sustantiva, que conlleva riesgos profundos. El presidente envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 21, en el que se regula, precisamente, una situación como la que estamos viviendo. La ley vigente no es perfecta en la regulación de la emergencia, pero tampoco es mala. En la situación en la que estamos sería mejor acatarla que buscar su reforma. Sobre todo porque en la iniciativa del Ejecutivo, éste busca más poder en demérito del Legislativo, y bajo ningún parámetro esto es positivo. A los mexicanos no nos conviene, punto.

El presidente emitió un decreto de austeridad que ni de lejos alcanza a compensar el boquete. Y envió una reforma de ley que anula al Legislativo en los hechos.

Como está previsto en la ley vigente, una estimación de pérdida de recaudación de más de 3% en relación con la Ley de Ingresos es indicativo de una situación de emergencia. El citado artículo 21 plantea como siguiente paso que el Ejecutivo envíe a consideración de la Cámara de Diputados un proyecto de reducción y reasignación de recursos, para ajustarse a las nuevas circunstancias. De hecho esto ya sucedió, parcialmente. En 1 de abril, con la presentación de los Precriterios Generales de Política Económica, la autoridad hacendaria ya reconocía una fuerte caída en los ingresos públicos. Si seguimos con lo estipulado en la ley, esto debió motivar una respuesta por parte del Ejecutivo, con la presentación de una propuesta de reducción o adecuación del presupuesto frente una a la actualización de la estimación de la estimación de los ingresos. Esto, en el lapso de los 15 días subsiguientes.

En lugar de ello, el presidente emitió un decreto de austeridad que ni de lejos alcanza a compensar el boquete. Y envió una reforma de ley que anula al Legislativo en los hechos. Si se aprueba en sus términos, los legisladores se presentarán como siervos del presidente, no como representantes de los ciudadanos.

No se ve así comúnmente, pero una buena democracia se asienta en procesos equilibrados en materia presupuestal. Si éste fuera el único parámetro con que medimos la democracia, México apenas quedaría en la raya. Por eso es difícil defender lo que teníamos (tenemos), un esquema en el que el Legislativo simula que juega un papel. Pero que en la propia ley se prevean situaciones que anulan su papel de contrapeso, vigilancia y control, no es aceptable. No porque el pasado sea reprochable, esto pueda verse bien.

Mejor aspirar a tener los mecanismos legales y de gobernanza hacendaria que nos permitan conciliar la flexibilidad para lograr objetivos de política pública con la debida rendición de cuentas. Y que la discusión legislativa abra el espectro de visión del presidente a más de 15 grados. Si se queda solo en la toma de decisiones, nos condenamos a cerrar nuestras opciones a su propia visión.

Los países que nos anteceden en la crisis han respondido a ella de manera diferenciada, de acuerdo a su grado de desarrollo político. Esta crisis está dejando ver el nuestro. Hay una buena y una mala. ¿Cuál prefiere usted?