A través de los impuestos a la gasolina, este gobierno nos pasa la factura de los excesos de sus primeros años.

Edna Jaime (@EdnaJaime) / El Universal

Por muchos años, los precios de las gasolinas estuvieron subsidiados. Los mexicanos pagamos precios muy por debajo de su valor de mercado. Este subsidio tuvo un costo distributivo enorme. Con recursos públicos abaratamos el precio del combustible para los grandes consumidores: los mexicanos de ingresos más altos. La crítica al subsidio fue sistemáticamente rebatida por políticos profesionales. Argumentaban que cerrar la brecha entre el precio internacional y el doméstico tendría un efecto inflacionario que afectaría a los más pobres y de paso golpearía a la clase media. Entre argumentos a favor y en contra pasaron años y se destinaron cuantiosos recursos a un subsidio que implicó un enorme costo de oportunidad.

Ahora se plantea la liberalización de los precios. El precio internacional será, a partir de ahora, una referencia para la determinación de los domésticos. Esto estaba planteado en la reforma energética aprobada hace unos años y es positivo que no se asignen recursos escasos a subsidiar su consumo. Pero también hay que decir que en el ajuste a los precios de las gasolinas impera un criterio fiscal. En la Ley de Ingresos recientemente aprobada se establece una proyección de ingresos vía estos impuestos de 1.5% del PIB. Una decisión clara de compensar, a través de este gravamen, lo que se dejó de percibir por concepto de venta de petróleo.

Lo cierto es que a través de los impuestos a la gasolina, esta administración nos pasa la factura de los excesos de sus primeros años de gobierno. A su llegada, abrió la llave del gasto como si el contexto fuera de abundancia, cuando lo que teníamos en puerta era una caída de los precios del petróleo y de la plataforma de exportación. Aun con señales reiteradas de deterioro en el entorno y de déficits crecientes que han tenido que financiarse con deuda, el gobierno no ha dejado de gastar. Sus promesas de ajuste no se han concretado. No lo hicieron en 2015 y es muy posible que tampoco en 2016. Por eso necesita tanto que el impuesto a las gasolinas cierre la brecha entre lo que ingresa y lo que gasta.

El Presupuesto 2017 plantea recortes sensibles en aspectos estratégicos como la salud, la educación y la inversión en infraestructura física, lo que acentúa las condiciones para perpetuar una tasa de crecimiento mediocre. Un círculo vicioso preocupante si además agregamos inflación y las contingencias que acompañen la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Pero el gobierno insiste en pasarnos la factura a los ciudadanos. De su parte no hay intención de corrección. Así lo muestra su desdén por atender una demanda reiterada de reforma al gasto que se hace necesaria, hoy más que nunca, y que se anunció sin que se avanzara realmente. Ahí está también su negativa a las recomendaciones del FMI de establecer en el país un Consejo Fiscal. Una entidad profesional que permitiera elevar la calidad del debate técnico en materia fiscal y presupuestal. Y de paso sirviera como contrapeso a una Secretaria de Hacienda que como vimos, no está exenta de cometer errores.

Por eso el gobierno gasta en comunicación social y publicidad como si no hubiera problemas. Para 2015 tenía aprobado un presupuesto de casi 3 mil millones de pesos, pero acabó sufragando 8 mil millones de pesos. Por eso no cesa el crecimiento de servicios personales. En los primeros tres años de gobierno este rubro creció casi 10% en términos reales. Y gasta cada vez más en programas de subsidios y transferencias que no tienen siquiera reglas de operación No sigo más. Evidencia basta y bien estructurada sobre la calidad del gasto y su evolución en los últimos años se pueden encontrar en esta publicación de México Evalúa (https://www.mexicoevalua.org/2016/11/15/las-dos-caras-de-tu-moneda/).

Estamos en la lógica del todo para mi y nada para ti, a pesar de que la aprobación presidencial está en lo suelos y el ambiente social en un punto de ebullición.