Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

Parece un enigma: ¿bajo qué condiciones aceptamos acatar la ley y las normas que emite (y debe hacer cumplir) una autoridad? Se lo pregunta una mexicana que ve como una hazaña que una colectividad se organice alrededor de lo dispuesto por una norma escrita.

Existen teorías muy interesantes al respecto. Hay las que enfatizan el tema cultural. El respeto a la ley es una práctica arraigada entre personas de una sociedad, que se repite y se transmite entre generaciones. La ley se asume como parte de un intercambio legítimo (las partes están de acuerdo con los términos) y no hay disputas en torno a ella. Lo muy raro en esas sociedades es el desacato. Una verdadera anomalía.

También existen teorías económicas que explican el cumplimiento de la ley como una elección racional por parte de personas que calculan beneficios contra costos, frente a la decisión de cumplir o no con la ley. Si el castigo y la probabilidad de que se aplique son altos, las personas preferirán mantenerse a raya. Más que un contrato interiorizado, es el miedo a las consecuencias lo que mueve a la obediencia.

Otra perspectiva la ofrece la psicología social. Su foco es el rasgo de demostración implícito en el comportamiento de las élites o los liderazgos en una sociedad. Si éste es íntegro y enmarcado en la ley, se producirá un ‘efecto contagio’ en otras escalas de la sociedad. Un efecto de cooperación entre todos.

Como en todo fenómeno humano, una combinación de estas teorías explican la realidad.

Aunque todas estas explicaciones me convencen, persiste, para mí, la pregunta importante, el enigma. ¿Cómo entender el tránsito? Ese punto en que una sociedad deja de ser rebelde ante la ley para someterse a ella. O viceversa: cómo se derrumba el Estado de derecho o la construcción del mismo.

Ese esfuerzo de institucionalización de la política, que no es otra cosa que establecer reglas de acceso al poder y el control del poder mismo, hoy está detenido y en entredicho…

Me pregunto en qué punto estamos hoy en el país. En años pasados, creíamos que avanzábamos en la institucionalización de la política y de nuestras interacciones en diversos ámbitos, a través del establecimiento de reglas y la promoción de mecanismos para su cumplimiento. En lo electoral, por ejemplo, pienso que avanzamos muchísimo. Veo casi como una proeza que los actores políticos decidieran someterse a un método o mecanismo no ‘cargado’ para competir por el poder. Tiene mil defectos nuestro sistema electoral, pero no ha habido desacato de sus resultados o de las resoluciones a las que llega el Tribunal Electoral.  

Ese esfuerzo de institucionalización de la política, que no es otra cosa que establecer reglas de acceso al poder y el control del poder mismo, hoy está detenido y en entredicho. Hoy se ha instalado una práctica de desacato a la ley que se está haciendo cotidiana. Y lo más grave es que los mexicanos no imponemos castigo a la infracción de la ley. ¿Acaso la ‘domesticación’ reciente era una simulación?

Estimado lector, usted sabe a qué refiero. A las prácticas ilegales previas a la consulta de revocación de mandato, a las campañas anticipadas, a la opacidad del gobierno violando múltiples disposiciones en materia de transparencia, a la contratación fuera de la ley, al desacato de órdenes judiciales y a la práctica de torcer la Constitución para dar categoría de seguridad nacional a proyectos que por ningún lado la ameritan. A la violación de aspectos relevantes del T-MEC. Y los supuestos contrapesos, casi todos, del lado del presidente de la República. ¿Servirán los que se activen en el marco del T-MEC?

La elección interna de Morena para conformar sus órganos de gobierno constituye un ejemplo de aquellos espacios de disputa por el poder que no están organizados en torno a reglas. Los conflictos que vimos son la antítesis de la institucionalidad. Esas imágenes, tan impactantes, me recuerdan de dónde venimos y de dónde no logramos salir.

Estas prácticas cotidianas de violación a la ley tienen consecuencias. El ‘efecto contagio’ del que nos hablan los psicólogos sociales (“si el presidente no coopera, ¿por qué yo sí?”).

Es también el resultado de la incapacidad de disuasión de las instituciones del Estado (“el presidente viola la ley sin consecuencias, ¿por qué yo no?”).

Todo esto se arraiga en los componentes culturales: es mejor un presidente justiciero que otro que respeta la ley, en la lógica de que el fin justifica los medios.

Pero pensemos en los parientes del presidente, aquellos grupos del viejo PRI que hace pocas décadas tuvieron que ceder poder porque era la única manera de no caerse junto con el país. Cedieron ante la demanda de un órgano electoral porque la presión para hacerlo fue apabullante. Cedieron ante un mecanismo comercial como el TLCAN, porque las certezas básicas para atraer inversión eran la única alternativa para darle viabilidad económica al país y al grupo en el poder.

Si este presidente no lo entiende, por fuerza lo asumirá su sucesor. AMLO podrá tener la fortuna de esquivar los costos de sus decisiones, pero no la tendrá quien lo suceda.

Lo que es un hecho es que el fantasma del desacato recorre al país con su efecto contagio. ¿Tendremos los resortes y las razones para pararlo?