El falso conflicto entre derechos humanos y persecución del delito

Por Mara Gómez (@DoctoraMaraGo) | El Sol de México

Desde hace años escuchamos en México que velar por los derechos humanos no hace más que defender a los delincuentes. Se dice que siguen muriendo inocentes y desapareciendo personas, mientras se protegen los derechos de los criminales. ¿Qué es exactamente lo que se quiere decir con esto?

Una posibilidad es que se intente explicar que en México se favorecen los derechos humanos de los criminales en perjuicio de los derechos de los demás ciudadanos o, incluso, de las víctimas. Es decir, que se quiera describir (con torpeza) la mecánica de una suerte de juego ‘suma cero’. Vamos, que los derechos humanos benefician a “los malos”, y no a “los buenos”.

Sin embargo, en México, todos los días se violan los derechos de muchos, especialmente de quienes son acusados de cometer un delito, y más si son mujeres, migrantes, indígenas o pobres.

La Encuesta Nacional a Población Privada de la Libertad (ENPOL-Inegi, 2016) señala que más de 20% de quienes hoy se encuentran privados de la libertad fueron arrestados sin que hubiera una orden de detención en su contra. En casi 60% de los casos la autoridad empleó fuerza física para realizar el arresto; 75% sufrió violencia psicológica al momento de ser arrestado (por ejemplo, fue incomunicado, amarrado, desnudado o amenazado con vulnerar a su familia) y más de 60% sufrió algún tipo de agresión física, como patadas, puñetazos, golpes con objetos, lesiones por aplastamiento, quemaduras o violación sexual.

Los datos de esta encuesta, que desafortunadamente Inegi no ha actualizado, son reveladores. Muestran que la mayoría de las personas que están en prisión en México, sufrieron alguna vejación o, de plano, fueron torturadas. Y, para colmo, se tiene poca certeza de que verdaderamente hayan cometido un delito.

Entonces, si se protegen los derechos de los presuntos delincuentes, ¿se afecta a las víctimas? Nada más falso: es perfectamente posible y deseable proteger los derechos de los acusados de un delito (para que a su vez no se conviertan en víctimas), y proteger los derechos de las víctimas. Ése es el objetivo de lo que los abogados llamamos “debido proceso”, que básicamente se traduce en respetar la presunción de inocencia del inculpado y su derecho a la defensa y, a la vez, velar porque las víctimas obtengan justicia, verdad y reparación.

¿Será cierto, al fin, que para “detener a los delincuentes” y acabar con la inseguridad, las autoridades deben violar derechos humanos? Categóricamente, no. Aceptar eso equivale a justificar todo tipo de arbitrariedades; convertir en delincuentes a los responsables de perseguir a los presuntos criminales y, en suma, eliminar toda legitimidad, confiabilidad y fortaleza de nuestras instituciones de justicia. En última instancia, nos colocaría a los ciudadanos en una situación de extrema vulnerabilidad pues, ciertamente, todos podemos ser acusados de cometer un delito, obligados a confesar mediante tortura y ser encerrados en prisión.

Es falso que haya un conflicto entre los derechos humanos y la persecución de los delitos. Respetar los derechos de los presuntos criminales no significa ‘premiarlos’ o dejarlos de castigar, ni dejar de buscar una reparación del daño para la víctima. Significa que es tan importante sancionar penalmente a los delincuentes, como no permitir que se prive de la libertad a inocentes.