Edna Jaime / El Financiero

Hace seis años, en la contienda por la presidencia, un joven telegénico, bien parecido, con un récord valorado como positivo como gobernador del Estado de México, se posicionaba como puntero en las preferencias electorales. El candidato Enrique Peña Nieto se convirtió en el presidente de México en una elección en la que obtuvo una cómoda ventaja. Su oferta: modernizar a México.

Al transcurrir la administración fue quedando claro que a pesar de ser el representante dilecto de una nueva generación de políticos priístas, no lo desembarazaba de la manera de ejercer el poder de sus propios mentores, de quienes abrevó que el poder no se comparte. Lo contrario, se concentra. En los últimos meses, esta lógica de poder se ha hecho patente. Lo mismo con el control del legislativo que logra a través de billetazos, que con el control de medios, para lo que utiliza el mismo instrumento, el dinero. También infiltra instituciones clave, las que creíamos en vías de consolidación para fungir como verdaderos contrapesos. El TRIFE, el INAI, la PGR, el propio INEGI.

Sí, esta administración se lleva el crédito de reformas clave para el desarrollo del país. Pero también el retroceso en la institucionalización democrática del país. La institucionalización del poder, que no es otra cosa que someterlo a controles, a contrapesos y a la ley, se debilitó por decisiones deliberadas, no por azar.

Así llegamos a una extraña paradoja. Nunca antes se habían promovido reformas para habilitar un sistema rendición de cuentas, pero también y por lo mismo, no habíamos palpado las enormes resistencias para instalarlo cabalmente. Lo último, que no único, es la amenaza de albazo para aprobar la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, con lo que ésta quedaría instalada con un fiscal a modo y un diseño deficiente. Ese será el legado de la administración que prometió “modernizar al país”.

Traigo esto a colación no como balance de una administración que recorre su último tramo, sino como un llamado para mirar al futuro. Mucho se ha dicho que esta elección es definitoria de ese futuro. Lo es y de una manera dramática. Y no porque se privilegie una u otra política pública, o se enfatice tal o cual tema dentro de una plataforma de campaña. Lo es porque en esta elección va en juego el orden político bajo el que tendremos que coexistir.

Veo tres posibilidades para ese futuro. Seguir igual. El statu quo sostenido seis años más, en un esquema en el que se simula, se comparte el poder, y en el que se dan dos pasos adelante para retroceder tres. Retroceder de una manera franca, y ya sin miramientos, se desdeñe la pluralidad y se combatan los contrapesos con la justificación de un fin ulterior; o dar un paso adelante, si hay una decisión consciente de regular el poder por parte de quien lo detenta, por convicción o reconocimiento de los costos de no hacerlo.

Desde mi perspectiva, está es la dimensión clave de esta elección, el vector definitorio. Lo que debemos evaluar en los candidatos.

Considerando este vector, ¿qué nos dice el debate del domingo pasado sobre los contendientes? No fue un tema explícitamente expuesto en las temáticas abordadas. Por eso hay que leerlo entrelíneas. Mirando a los contendientes con este lente, valorando su respuestas, sus reflejos, sus dichos y no dichos, su trayectoria. Hay que escarbar más que en la superficie. Quizá encontremos pistas que nos den optimismo, quizá nos sintamos desolados.

Pero también es una invitación a que desdoblemos el origen de nuestra frustración, el denominador común de los temas que nos ofenden, las semillas de nuestro desencanto. Creo que vamos a encontrar lo mismo: abuso de poder e instituciones inútiles para contenerlo. Si coincidimos, creo que no debemos distraernos: este es el eje o dimensión definitoria.

Pero hay tarea para nosotros los ciudadanos. La decisión el día de la elección, ciertamente. Pero también insistir en tareas y esquemas de rendición de cuentas. Para lograr ese punto de inflexión en el que los políticos, más allá de su convicción, se rindan ante la exigencia de que se sometan a la ley.