El alto costo del retiro anticipado de los docentes
Las pensiones anticipadas se cubrirán con los mismos recursos que hoy se necesitan en educación, salud y seguridad. Lo que se presenta por el gobierno como un acto de justicia laboral se financiará con el esfuerzo de generaciones más jóvenes.
Marco Antonio Fernández (@marco_fdezm), Ana Gabriela Nuñez y Javier García Patiño | Programa de Educación | Publicado en: Nexos
Corre el año 2034; una maestra podrá cerrar la puerta de su aula y jubilarse a los 53 años con pensión completa. Para entonces, la ola de retiros habrá sumado más de 600 mil docentes a lo largo de la década. El origen de este escenario se remonta al decreto del 20 de junio de 2025, en el que el gobierno federal redujo la edad mínima de jubilación para trabajadoras y trabajadores del Estado. La disposición congeló la edad de retiro en 56 años para mujeres y 58 para hombres, con una reducción gradual hasta 53 y 55 años, respectivamente, en 2034. El beneficio aplica únicamente para quienes permanecieron en el régimen solidario del ISSSTE, vigente para cerca de 860 mil personas, de las cuales 40% pertenecen al magisterio. La medida no aplica a todas las personas trabajadoras al servicio del Estado. Quedan excluidas aquellas que se retiren bajo las modalidades de Pensión por edad y tiempo de servicios y de cesantía en edad avanzada del artículo décimo transitorio. Asimismo, quedan excluidas las personas que optaron por la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE en sus cuentas individuales y a quienes cotizan bajo el régimen de cuentas individuales.
El beneficio está reservado únicamente para quienes —estando activos al 31 de marzo de 2007— decidieron permanecer en el sistema solidario de pensiones.
Al momento de la firma del decreto, la cobertura alcanzaba a casi un millón de personas trabajadoras del Estado, entre ellas más de 340 mil docentes. Ese gasto se prolongará durante al menos 25 años y se cubrirá con los mismos recursos que hoy se necesitan en educación, salud y seguridad. Lo que se presenta por el gobierno como un acto de justicia laboral se financiará con el esfuerzo de generaciones más jóvenes.
La medida nació bajo la presión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que durante semanas mantuvo movilizaciones para exigir la reversión de la reforma de 2007 y luego de 24 días de un paro que afectó a estudiantes principalmente en Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero y algunas escuelas de la ciudad de México, Estado de México y Zacatecas. El decreto fue el desenlace político para contener las protestas, no el resultado de un análisis técnico. El propio Gobierno reconoció que implicaría un costo fiscal “muy importante”: más de 36 mil millones de pesos entre 2025 y 2030. Cálculos independientes estiman un gasto adicional de entre 30 y 40 mil millones de pesos anuales a partir de 2030. Este monto equivale a más de veinte veces lo que se está invirtiendo en infraestructura de educación media superior.
El cambio en las edades de retiro no incorporó nuevas personas beneficiarias, sino que acortó los plazos para jubilarse. La transición que debía darse de manera escalonada se concentra en un solo tramo, cuando las generaciones que se acercaban a los sesenta se superponen con quienes, a partir del decreto, podrán jubilarse antes. Dos olas que corrían por distintos cauces “chocan” y elevan la cresta de retiros. Así, la salida se acelera y el sistema debe absorberla con recursos finitos.
Con ese ritmo de salida, las cuentas públicas ya muestran la escala del compromiso. En 2025, el gasto en pensiones federales superará los 2.1 billones de pesos, lo que equivale a más de 23% del presupuesto neto del Gobierno Federal. Sólo en pensiones contributivas, el Presupuesto de Egresos prevé un gasto de 1.63 billones de pesos, cifra que representa 17.6% del gasto aprobado. En términos del producto interno bruto (PIB), este compromiso ya roza 6% y, de mantenerse la trayectoria actual, podría ascender a 7.1% para 2030 (Ver gráfica 1).
Mientras tanto, a la educación se le asignará apenas 1.11 billones de pesos, equivalente a 10% del presupuesto federal y 4.2% del PIB. Por cada peso público que llega a las aulas, 1.26 pesos se destina a pensiones. Esta tendencia marca una ruptura estructural. Entre 2018 y 2024, el gasto en pensiones creció 2.2 puntos del PIB, mientras que los ingresos públicos aumentaron sólo 0.2%. Por cada peso adicional recaudado, se asumieron once pesos adicionales en nuevas obligaciones pensionarias. En otras palabras, el país gasta más en retiro de los docentes que en formación del estudiantado.
Cuando el gasto en retiro vacía las aulas
El decreto de 2025 amplía el déficit estructural sin ofrecer fuentes de financiamiento. El Fondo de Pensiones para el Bienestar —creado un año antes con recursos extraordinarios, activos incautados y cuentas inactivas de AFORES— no es suficiente ni sostenible. No se establecieron aportes nuevos ni medidas tributarias permanentes que sostengan la expansión del gasto. El ajuste ocurrirá en otro lado y ese “otro lado” suele ser la inversión social.
El impacto será visible en la educación. En 2025, el Gobierno anunció 2.5 mil millones de pesos para infraestructura de educación media superior, esta cifra representa apenas 7% del costo del decreto jubilatorio.
Para 2030, se proyecta que el gasto en pensiones alcanzará 7.1% del PIB. Sin una reforma que fortalezca las finanzas públicas, el Estado mexicano tendrá cada vez menos margen para financiar la educación. De mantenerse esta tendencia, la situación podría empeorar aún más hacia ese año. Para entonces, las pensiones del magisterio absorberán 41% del presupuesto educativo y rondarán 600 mil millones de pesos, mientras que el gasto por estudiante en infraestructura y formación seguirá estancado.
El Banco Interamericano de Desarrollo ubica a México entre los países latinoamericanos con estructura de gasto social más desbalanceada. La expansión del gasto pensionario no se acompaña de reformas que fortalezcan la recaudación, ni existen reglas que vinculen el aumento de las prestaciones con la productividad o el ahorro.
El deterioro no es únicamente contable, también implica pérdida de capital humano. Miles de docentes se retirarán antes de los 55 años, cuando aún conservan experiencia, liderazgo pedagógico y capacidad para acompañar procesos escolares. México se priva de ese talento y agrava su déficit en formación y cobertura educativa.
Donde la longevidad suma y no resta
El envejecimiento poblacional está obligando a los países a repensar sus sistemas de retiro. Francia, Alemania y Estados Unidos han elevado la edad de jubilación para garantizar la sostenibilidad. Japón destina más de 11% de su PIB a pensiones, pero compensa con políticas que fomentan la participación laboral de mujeres y adultos mayores. México tomó el rumbo contrario y optó por anticipar la salida de su fuerza laboral pese a que la esperanza de vida nacional es de 75 años y podría llegar a 76.7 al cierre del sexenio. En términos demográficos, el país renuncia a su bono de longevidad cuando debería capitalizarlo.
El Fondo Monetario Internacional advierte que el retiro anticipado reduce la acumulación de capital humano, la innovación y la productividad. En su World Economic Outlook de abril de 2025, el organismo destaca que la expectativa de vida saludable ha crecido y que los adultos mayores pueden seguir contribuyendo al crecimiento económico. Esta tendencia da origen a la “economía plateada”, que aprovecha el conocimiento y la experiencia de las personas mayores.
México pierde capital humano experto justo cuando más lo necesita. En lugar de incentivar la participación laboral de las personas mayores de 55 años, les retira anticipadamente. En vez de promover programas de actualización o de mentoría intergeneracional, acelera la salida de un sector que aún puede aportar valor educativo.
Expectativas altas y un decreto que se queda corto
Para sostener las pensiones a través de un decreto que no se acompaña de medidas compensatorias, el Estado tiene dos opciones: aumentar impuestos o recortar servicios. Desafortunadamente no es necesario esperar a ver los efectos, ya en 2025, el gasto federal en pensiones iguala el presupuesto conjunto de salud y educación. De continuar esta tendencia, para 2030 el país enfrentará un dilema distributivo explícito entre financiar el retiro de quienes enseñan en las aulas o apostar por el aprendizaje de los estudiantes.
De manera irónica, la autoridad educativa busca reforzar una narrativa de “dignidad jubilatoria” y cuidado de las y los docentes. Empero, las reacciones inmediatas al decreto de algunas secciones de la CNTE revelan otra lectura. La Sección 7 de Chiapas calificó el decreto como “nulo” al no responder a la demanda de abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Representantes de la Sección 18 de Michoacán subrayaron que “el reclamo fue muy claro, queremos la abrogación total, no una solución parcial que solo beneficie a unos cuantos” y se anunció el regreso de protestas. En Oaxaca, la Sección 22 rechazó lo que llamó “migajas maquilladas de justicia” y acusó continuidad con las políticas neoliberales. En San Luis Potosí y Zacatecas, las dirigencias también cuestionaron la medida por considerarla insuficiente y limitada.
La inconformidad no se ha diluido, y el pasado 16 de octubre, integrantes de la CNTE protestaron afuera de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública amenazando con boicotear las actividades programadas para el Mundial de Futbol 2026 si no se abroga la Ley del ISSSTE —la cual establece que las mujeres debían esperar hasta los 58 años y los hombres hasta los 60 para acceder a la jubilación— (Ver Tabla 1). A través de diversas movilizaciones, el magisterio busca visibilizar sus demandas a nivel internacional y aumentar la presión sobre el gobierno mexicano para lograr la abrogación de dicha ley.
Tabla 1. Comparativo de edad para el retiro de los trabajadores del Estado
| Mujeres | Hombres | |
| 1. Ley ISSSTE 2007 (personal en el décimo transitorio) | 58 | 60 |
| 2. Propuesta del gobierno federal previo a manifestaciones magisteriales vs Ley ISSSTE | 56 | 58 |
| 3. Modificaciones mediante decreto publicado 24 junio, 2025 válido para el personal en el décimo transitorio | 53 | 55 |
| 4. Edad retiro para trabajadores del Estado bajo régimen de cuentas individualizadas (afores) | 65 | 65 |
Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos citados.
Una vez más, la Coordinadora busca repetir su ya probada fórmula para presionar al gobierno: “Si no se avanza, no hay copa mundial. El hartazgo nos hace pensar en acciones específicas, pero contundentes […] la CNTE ha demostrado tener el valor de denunciar y realizar acciones, [sin] importar los costos”. La política que buscaba calmar un conflicto laboral abrió otros más profundos: el fiscal y el educativo.
Rutas de corrección para la equidad intergeneracional
El decreto de 2025 resolvió una presión inmediata y dejó comprometidos recursos para financiar una mejor política a favor de aprendizajes de calidad, con equidad de acceso a la educación. Al privilegiar beneficios inmediatos para un grupo acotado, se redujo la capacidad del Estado mexicano para invertir en aquello que amplía las oportunidades y la movilidad social. Esa elección constriñe el margen de acción en los próximos ejercicios presupuestales y agranda las brechas entre generaciones. La equidad entre generaciones no se decreta, se construye con reglas que alinean el corto plazo con el horizonte común.
La tensión con la CNTE no es solo ruido de coyuntura; exhibe un problema de diseño y de incentivos que no se ha logrado resolver en décadas. Cuando la negociación se resuelve a golpe de calle y no en los resultados en el aula, el “premio” se traslada a quien presiona más con movilizaciones más disruptivas. Esa lógica encarece la negociación y mina los presupuestos destinados al aprendizaje de los alumnos, a la capacitación docente y a la infraestructura escolar. Compramos semanas de calma al precio de una reforma que no satisface al magisterio disidente y de un sistema educativo que no fortalece las capacidades para mejores oportunidades educativas.
Para lograr salir del atajo necesitamos ingresos estables y reglas que ordenen el retiro. Una reforma fiscal progresiva puede ampliar la base tributable, reducir la evasión fiscal y fortalecer la capacidad para atender los crecientes retos de los servicios públicos. A la par, una reforma pensionaria integral corrige inequidades entre regímenes, ajusta las aportaciones y define un pilar universal sostenible. La edad de retiro debe moverse de forma gradual y flexible, con capacitación y acuerdos para quienes decidan seguir activos; la experiencia de la población mayor tiene el potencial de sumar a la economía. La educación necesita un blindaje que proteja la infraestructura, la formación docente de calidad y los aprendizajes clave. Todo ello bajo una planeación intergeneracional que equilibre los derechos con el desarrollo de quienes aún no llegan a un aula.
Nuestro país no puede darse el lujo de seguir improvisando y cediendo a presiones gremiales, a costa de omisiones y de resultados débiles en el aprendizaje. En sus movilizaciones, la CNTE recordó que fue precisamente la hoy presidenta Claudia Sheinbaum quien en campaña en 2024 hizo la promesa electoral (sin sustento técnico) de abrogar la ley del ISSSTE. La reducción de la edad de jubilación para un segmento del magisterio fue el intento del gobierno de cumplir su promesa. Sí, el decreto sirvió como “paliativo”, pero generó un costo que las próximas generaciones no deberían cargar. La enmienda consiste en volver a poner la evidencia sobre la mesa y priorizar la inversión que sí rinde frutos. Si la autoridad decide por la sostenibilidad y la equidad, el sistema educativo dejará de ser la válvula de ajuste y volverá a ser la plataforma para un bienestar compartido.
El decreto de 2025 fue una respuesta rápida a la presión de la disidencia magisterial, no una política de justicia. Al aliviar una tensión política inmediata, el gobierno comprometió los recursos que debieron destinarse a garantizar aprendizajes y equidad para las próximas generaciones. Si no se corrige el rumbo con una reforma fiscal y pensionaria integral, México seguirá pagando hoy el precio del retiro de sus docentes con el futuro de sus estudiantes.
