Por Mariana Campos (@mariana_c_v) | El Universal

La reforma constitucional en materia de salud busca hacer hincapié en la “universalidad de la salud”, y hacer explícito el alcance del derecho a la salud para las personas sin seguridad social, las que deben hacer uso de los servicios del IMSS-Bienestar. El propio texto de la iniciativa aclara que esta población debe tener acceso a estudios, cirugías y medicamentos. Intenta así responder a las críticas provocadas por la forma en que el Gobierno procuró sustituir al Seguro Popular: lo hizo con tanta vaguedad en torno a los beneficios a los que tenía derecho tal población, que acabó inhibiendo el acceso efectivo. Difícilmente los usuarios eran conscientes de los servicios que podían reclamar.

Esta reforma, sin embargo, no va a traducirse en beneficios tangibles para la población de manera automática. Y es que en realidad no propone resolver la falta de capacidades y mecanismos que mina el cumplimiento del derecho a la salud; más bien parece divorciada de la realidad del sector. Los datos indican que hay una parálisis en los sistemas de salud públicos. Se acumulan permisos de la industria pendientes de resolver por parte de Cofepris, lo que impide una adecuada provisión de insumos. No se ha podido revertir el abasto de medicamentos. Siguen bajos los niveles de consulta médica y la cobertura de la vacunación infantil, entre otros déficits.

Otra de sus limitaciones es que no aborda el problema latente: la falta de presupuesto público. El gasto en salud sufrió un recorte de 3.5% en 2023 frente a lo gastado en 2022, y de 6.9% en relación con lo que se había programado para ese año (el más afectado con el ajuste fue el IMSS-Bienestar, por cierto). Con esto cayó el gasto en salud como porcentaje del PIB a 2.5%, y se alejó aún más de la recomendación internacional, que es al menos 6%. Los ingresos cayeron, sí, pero claramente la salud no es una prioridad, pues otros rubros sí vieron incrementos. Por último y no menos importante: a pesar de que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria exige en su artículo 18 que las reformas se acompañen de su costo y fuentes de financiamiento, ésta se presentó sin eso.

Con todo, más presupuesto de salud no nos garantiza un gasto efectivo en ella, dadas la discrecionalidad y la falta de rendición de cuentas. Desde México Evalúa hemos documentado que parte de este gasto se deposita en el Fonsabi, un movimiento que contablemente se registra como gasto en salud, aunque algo de ese monto no se gaste estando en el fondo y acabe regresando a la Tesorería, ya como un ingreso por aprovechamiento. Debido a que en la cuenta pública no hay suficiente transparencia en torno a la relación entre ingresos y gastos, se desconoce qué programas de gasto se financian con los recursos que proceden del Fonsabi. Todo indica que bien pueden financiar programas distintos a los de salud. Esta vulnerabilidad es preocupante ahora que los estados están devolviendo a la Federación los recursos del FASSA (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud), depositándose de la forma que describí.

Será difícil de creer que este Gobierno está decidido a hacer realidad el acceso efectivo a la salud si no fortalece la transparencia de la cuenta pública y la gobernanza del gasto del Fonsabi. Y no olvidemos: se debe recuperar la presupuestación por usuario.