La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó esta semana los resultados de su investigación respecto de los hechos ocurridos en Apatzingán a principios del año en curso, cuando fuerzas federales instrumentaron un operativo en dicho municipio para desalojar la alcaldía, ocupada entonces por grupos de civiles.

Concluyó que hubo violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por elementos de la Policía Federal, en la que se incluye un ejecución extrajudicial.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepeade) dio a conocer, también en esta semana, la consignación de una averiguación previa que involucra a Arturo Escobar, integrante prominente del Partido Verde y en ese momento subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, en hechos constitutivos de delitos en materia electoral. Ilícitos, por cierto, que ya habían sido sancionados administrativamente por el Instituto Nacional Electoral, pero que ahora pudieran ameritar una sanción privativa de la libertad.

Ambos eventos deben ser analizados y seguidos con cuidado. Pueden tener repercusiones importantes para el país.

Respecto del primero, me parece crucial que la CNDH salga del profundo sueño en el que había permanecido. Lo hace, además, en un momento crítico para el país y sus instituciones de seguridad, en particular, para la Policía Federal. Este cuerpo de seguridad es, sin duda, el más avanzado en el país, pero también, por su despliegue, el más expuesto a situaciones de crisis. Su respuesta ante ellas es indicativo de su grado de profesionalización, una medida para saber si hemos completado la tarea o estamos todavía en el proceso.

Apatzingán, y presumiblemente Tanhuato, nos muestra el flanco todavía débil de la Policía Federal: el del ejercicio de la fuerza que se extralimita recurrentemente. Un aspecto que no  hemos podido domar en la actuación policial. Como todo aparato que administra poder (en este caso el ejercicio de la fuerza del Estado), si no se le limita adecuadamente, se pervierte. Y no queremos a casi 50 mil elementos usando la fuerza a su libre albedrío. La recomendación emitida por la CNDH es un freno para que este caballo no se nos desboque. Un acicate para encauzar y transitar el tramo de institucionalización que todavía hace falta. Buena señal es que el titular de la Comisión Nacional de Seguridad haya aceptado, sin reservas, las recomendaciones de la Comisión. Todavía mejor, el que actúe en consecuencia.

El tema de Escobar tiene una lógica parecida, pero en una pista distinta. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), adscrita a la PGR pero con autonomía técnica, consignó un expediente en el que se le imputa un delito electoral al exsubsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Desacostumbrados como estamos a que las instituciones operen de esta manera y, sobre todo, contra un funcionario recién nombrado en un cargo de alta jerarquía por el mismo Presidente o el secretario de Gobernación, conjeturamos distintas motivaciones detrás de la acción. El hecho es que hay evidencia que permite suponer que la imputación tiene sustancia, lo que puede llevar al exfuncionario a la justicia. De ser el caso, la Fepade podría inaugurar una nueva etapa en materia electoral si logra construir una amenaza creíble de sanción para quienes violen las reglas en materia electoral. No hemos tenido algo así en el pasado. Las autoridades electorales y sus instrumentos de sanción no son lo suficientemente potentes para disuadir conductas fuera de la ley. Quizá lo más patente de esta situación lo vimos en la elección pasada, cuando el Instituto Nacional Electoral multó al Partido Verde en distintas ocasiones y por diferentes actos sin provocar un cambio de conducta en este partido político.

Será muy interesante ver la evolución de este caso y si realmente se lleva hasta sus últimas consecuencias. Será crítico discernir si la Fepade está siendo utilizada como instrumento de revancha o control político o si su titular está actuando con el margen de autonomía suficiente para proceder en los casos que lo ameriten. Su desempeño es particularmente relevante en estos momentos que se discute el diseño de la Fiscalía Anticorrupción, que será su par de esta otra en materia electoral. Me puedo imaginar lo que dos fiscalías fuertes, potentes, autónomas, pueden hacer para revertir el panorama de impunidad que hoy prevalece en la política nacional.

Bien dice el dicho que una o dos golondrinas no hacen verano y estos dos eventos, solos, no elevan la calidad de nuestra democracia. Lo cierto es que a la madurez se llega no de golpe sino por efecto de un proceso. Y siempre será una buena noticia que las instituciones que hemos creado para limitar el poder finalmente funcionen, aunque sea en un proceso de avance incremental.