Documentar, medir, incidir: las herramientas civiles para reducir la violencia

Por Romain Le Cour (@romainlecour) | Animal Político

En México, las estadísticas de violencia homicida y de inseguridad están en alza casi constante desde 2006. En los últimos 15 años, la lista de estados y municipios afectados por múltiples dinámicas de violencia creció exponencialmente, así como las actividades y el poder de las organizaciones criminales, mientras que el uso de la fuerza militar se ha consolidado como principal (¿única?) herramienta para tareas de seguridad pública.

En este contexto, y a pesar del sinfín de operativos policiacos y militares implementados por las autoridades de los gobiernos sucesivos, la violencia parece haberse instalado en el paisaje político y social, alimentada por el léxico de la guerra contra las drogas y del narco. Ambos, asociados con las cifras de homicidios –entre otros delitos–, se han convertido en el inicio y el final del análisis rutinario sobre la(s) crisis de violencia(s) que vive el país. Funcionan como bloques narrativos que, lejos de aclarar dinámicas complejas, participan de la banalización de la violencia. El vocabulario y cifras de la violencia –que ya nadie ve o lee– alimentan la ceguera respecto a lo que sucede al nivel más local, obstaculiza nuestra capacidad de diseñar propuestas innovadoras e impide acompañar y evaluar la acción gubernamental con seriedad.

A pesar de la alternancia de partidos y discursos al frente de los tres niveles de Gobierno, la política pública no ha encontrado la solución a la violencia. Ancladas en el uso de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, las estrategias gubernamentales presentan una rigidez cada vez más dependiente de un camino trazado por las doctrinas de la guerra contra las drogas. No obstante las iniciativas de prevención, diálogo y desarrollo social, el país está atrapado en una postura que oscila entre omisión, reacción y represión, sin señal objetiva de mejora. Es más, el creciente peso institucional y político otorgado al Ejército no solamente representa un fracaso táctico –la violencia no baja–, sino también un obstáculo mayor a la adopción de una vía basada en herramientas civiles de prevención y reducción de la violencia.

Con todo, hay que insistir en esa vía. Y para ello es indispensable la articulación y la coordinación entre las escalas de análisis y de gobierno. Por eso resulta crucial identificar los desafíos de seguridad en función de su impacto y de su fuero, sin enfocarse exclusivamente en el ‘crimen organizado’, entendido como palabras mágicas que encubren cualquier fenómeno delictivo. De hecho, hay que tener cuidado de no invisibilizar o minimizar fenómenos como el robo común, el asalto o la extorsión, entre muchos, los cuales sólo se pueden atender si hay voluntad política para acercar a los tres niveles de gobierno, más allá de sus consideraciones partidistas.

En efecto, es fundamental avanzar hacia la consolidación de instituciones sólidas, independientes y ajenas a lógicas electoralistas, pero también dispuestas a resistir la imposición de un modelo diseñado desde arriba, que entorpece la cooperación y acentúa los conflictos entre niveles de Gobierno. El compromiso, creo, debe venir principalmente de las y los funcionarios encargados de brindar la seguridad pública, y por ello el esfuerzo de capacitación e inversión financiera se debe dirigir hacia fuerzas civiles capaces de actuar en lo local, más no aisladas y abandonadas por la Federación.

Nuestro paso al frente

Desde el programa de Seguridad y Reducción de la Violencia de México Evalúa consideramos que nuestro papel consiste en producir conocimiento, datos confiables y diagnósticos desagregados sobre los desafíos de seguridad que afectan el país, para que la ciudadanía y las autoridades los ‘consuman’.

En México, a pesar de los esfuerzos indudables provenientes de diversos sectores, nos enfrentamos a la escasez de evidencia abierta y de calidad acerca de las dinámicas de violencia e inseguridad y lo más común es encontrarse con datos deficientes, difíciles de obtener y con un grado de transparencia bajo. Esto es grave, porque la falta de transparencia se llega a convertir en arma política: si la sociedad no tiene acceso a datos fidedignos, no hay chance de que los gobiernos se hagan responsables de sus acciones frente a la ciudadanía, ni que ésta pueda estar en condiciones de exigirle a sus gobernantes. Por ende, la incapacidad de trabajar con datos abiertos y confiables merma la confianza de la sociedad en las instituciones públicas, pone en entredicho la palabra gubernamental y dificulta la evaluación de la acción gubernamental.

Desde la sociedad civil el reto es cada vez mayor. ¿Cómo aportar propuestas realistas frente a los niveles y prácticas de violencia que se observan? ¿Cómo producir evidencia y cuestionamientos que sirvan, tanto para la ciudadanía como las autoridades públicas? ¿Cómo apoyar el diseño de políticas públicas, mientras se conserva la indispensable distancia y el ojo crítico?

Abrimos una nueva etapa de trabajo en el programa de Seguridad y Reducción de la Violencia, con el afán de acompañar el cambio de paradigma en el diseño e implementación de la estrategia de seguridad pública, basando nuestro esfuerzo en la construcción de una respuesta civil de atención, prevención y reducción de las violencias en todas sus manifestaciones. Por eso creamos un equipo con perfiles complementarios, que acumulan décadas de experiencia en temas de seguridad, aportando capacidades de investigación cualitativa y trabajo de campo tanto en México como en el extranjero; de producción y análisis de datos cuantitativos, mapas y modelos estadísticos; en diseño de propuestas, herramientas y estrategias de diálogo e incidencia, tanto con organizaciones de la sociedad civil como con las autoridades públicas.

Para lograrlo, nuestro equipo basa su acción en tres pilares y objetivos centrales: documentar; medir; incidir.

Documentar

Nos inscribimos en la larga y fructífera trayectoria que tiene México Evalúa en la producción de evidencia y conocimiento.

En los últimos años, las crisis de seguridad han sido acompañadas por el crecimiento exponencial de un sector profesional interesado en cuestiones de violencia. Esto ilustra el dinamismo de la sociedad civil mexicana y la voluntad de atender el fenómeno desde múltiples perspectivas. Sin embargo, también ha contribuido a diluir los mensajes, a duplicar los esfuerzos y a privilegiar enfoques de corto plazo, generalmente tributarios de los requerimientos de los donantes. Luego, en algunos casos, las organizaciones se han dejado atrapar por la “narcotización” del debate, siguiendo así cierta agenda mediática y atracción por la violencia espectacular.

Por eso construimos un equipo multidisciplinario, capaz de elaborar planteamientos independientes, basados en experiencia y metodologías sólidas. Esto nos permitirá articular diferentes escalas de análisis, desde lo local a lo nacional. Partiremos de casos, regiones y problemáticas que nos permitan ofrecer análisis y propuestas basadas en evidencia robusta, a disposición de la ciudadanía y de las autoridades públicas de los tres niveles de gobierno para lograr, cuando se pueda, transformarlas en lineamientos políticos, administrativos, legislativos y operativos claros.

Medir

Responderemos a la falta de datos confiables a partir de la producción de material cuantitativo –bases de datos, mapas, gráficas–. Aquí, nuestro objetivo es consolidar el programa como un espacio central de difusión de estadística realmente útil. Estamos convencidos que los datos deben permitir entender mejor la realidad que pretenden explorar. Si no, terminamos produciendo ‘cifras’ que no yacen en experiencia alguna y que, lejos de ofrecer claridad, contribuyen a la perpetuación de narrativas que buscan el por qué de la violencia, y no el cómo.

Luego, consideramos que la producción de datos se debe acompañar de la publicación de la metodología completa que sirvió para su creación, así como de la apertura al público de las bases utilizadas. Así, nuestro equipo se compromete a ofrecer datos que sirvan al diálogo con otras organizaciones de la sociedad civil, la academia, y las autoridades públicas de los tres niveles de gobierno.

Incidir

El conocimiento producido tiene como objetivo apoyar el diseño y la implementación de una estrategia de seguridad pública basada en instituciones civiles de atención, prevención y reducción de la violencia.

Para lograrlo, necesitamos consolidar las herramientas de diálogo entre la sociedad civil y las autoridades públicas. Esto pasa primero por la construcción de alianzas estratégicas con organizaciones que nos permitan fortalecer nuestras propuestas, ya sea añadiendo competencias que no poseemos o sumando fuerzas para reforzar nuestro impacto. Luego, requiere de posicionarnos siempre como un espacio abierto a la discusión con las instituciones de los tres niveles de Gobierno. Manteniendo siempre su independencia y capacidad de critica, nuestro equipo buscará ser una fuente de ideas y líneas de acción pública para la reducción de la violencia en México.

Finalmente, nuestra capacidad de incidencia pasa por la capacidad de llevar nuestros mensajes hacia el público más amplio posible, fuera de nuestras audiencias tradicionales. Para lograr un cambio de paradigma, debemos ser capaces de interactuar y de convencer a quienes no están de acuerdo con nuestras posturas, en la sociedad civil y dentro de las oficinas gubernamentales, así como de hablar con los más jóvenes. Esto nos pide ser innovadores a la hora de comunicar y difundir nuestros trabajos, y de no desviarnos de nuestras convicciones a la hora de hacer propuestas.

Nuestro equipo, y quienes se sumen a él en el futuro, trabajará en base a este tríptico, con el afán de que sepamos más y mejor lo que sucede en el país, desde la certeza de que las crisis de violencia que vive México son políticas, sociales y económicas, y no solamente criminales. Por ende, requieren de una solución de política pública que queremos contribuir a diseñar.