Disminuir subejercicio del gasto: ¡bibbidi-bobbidi-boo!

Por Mariana Campos (@mariana_c_v) | Animal Político

Durante 2020, mes tras mes la SHCP reportó un subejercicio creciente; es decir, que se gastaba menos de lo que el Congreso había aprobado gastar mensualmente. A noviembre de 2020, se registró que 7% del total del presupuesto aprobado no se había erogado durante los primeros 11 meses del año.

Este subejercicio, aunque indeseable en medio de una contracción económica aguda, se venía venir: después de todo, el Gobierno había registrado ingresos considerablemente menores a los presupuestados. Es lógico que si se ingresa menos de lo planeado, también se gasta menos de lo esperado. A lo que se sumaba la supuesta y firme voluntad del Gobierno de no endeudarse (cosa que acabó pasando). El ánimo oficial era mantener la disciplina fiscal a cualquier costo, y no intervenir en la economía con una política contracíclica (por ejemplo, mediante la expansión del gasto público) para contrarrestar los estragos que fue generando la pandemia.

Sin embargo, en las cuentas del mes de diciembre algo nos sorprendió; un cambio en el comportamiento del gasto. Hubo un sobrejercicio de tamaño considerable, tanto, que logró compensar en gran medida el subejercicio acumulado durante los 11 meses previos, el cual se redujo a 1.8% del gasto aprobado. En el año se observó un gasto neto de 6 billones de pesos.

¿Qué tanto se ‘aceleró’ el gasto en diciembre? Bueno, el gasto neto fue de 876.9 mil millones de pesos (mmdp), 276 mmdp (o 45.9%) por arriba de lo aprobado. Y respecto al mismo mes pero de 2019, fue 117.9 mmdp superior (15.8%).

Las preguntas que surgen de inmediato: ¿cómo hicieron los ejecutores de gasto para gastar tanto en tan poco tiempo?, ¿en qué se gastaron los recursos?

Me temo que todavía no tenemos respuestas completas para estas preguntas. Pero aquí va lo que sabemos.

Los fideicomisos como baúles del mago

El gasto excesivo de diciembre obedece a que se transfirieron 157.9 mmdp de recursos del presupuesto a fideicomisos. El monto efectivamente transferido triplicó lo presupuestado. Visto en el transcurso de los años, la cifra es considerable: es la mayor observada, por lo menos desde 2013.

También se observó que un mayor número de ejecutores de gasto (24 en total) ‘guardaron’ recursos en fideicomisos. En 2019 fueron 11 y en 2018, 15. Por la cantidad de recursos que transfirieron a fideicomisos en 2020, destacan cuatro ejecutores: Ramo 23, Salud, SHCP y Defensa Nacional.

Esta administración ha sido muy enérgica al condenar el uso de fideicomisos, pero los está utilizando con singular alegría. Emprendió una cruzada para extinguirlos, pero la verdad es que ese “esfuerzo” no tuvo el efecto suficiente en las finanzas públicas. Pese a los recursos obtenidos, no fue posible compensar el desplome de los ingresos petroleros y por ende fue necesario incrementar el endeudamiento el año pasado.

Ahora, ya con los recursos transferidos a los fideicomisos, no sabemos si efectivamente se gastaron o, en su caso, en qué se gastaron. La transparencia del gasto público que se eroga a través de fideicomisos sigue siendo muy limitada. Se siguen manejando con opacidad.

La presente administración no ha mejorado las prácticas de transparencia de los fideicomisos. Las que existen son resultado de esfuerzos hechos en el pasado, impulsados por organizaciones de la sociedad civil e instancias de control (ASF e INAI), e implementados por las administraciones públicas de sexenios anteriores.

La omisión va más allá: esta administración ignora incluso las obligaciones contenidas en la nueva Ley de Federal de Austeridad Republicana, que en su artículo 18[1] establece la obligación para el Gobierno de publicar todos los estados financieros de los fideicomisos a través de los cuales gasta recursos públicos. No se ha implementado; sigue pendiente.

De hecho se podría argumentar que en materia de transparencia de fideicomisos se está retrocediendo. La Secretaría de Salud, a través del nuevo Insabi, envió 46 mmdp a fideicomisos al cierre del año pasado. Sin embargo, esta institución no ha publicado los reportes como le corresponde para rendir cuentas sobre sus gastos, algo que su antecesor, el Seguro Popular, sí hacía.

Disimulo por aquí, disimulo por allá…

Considerando los datos publicados al cierre de 2020, si no se hubieran transferido los 157.9 mmdp a fideicomisos, mandatos y otros análogos, el gasto neto total del Sector Público contablemente habría evidenciado un recorte de 3.7%, o el equivalente a 228.7 mmdp, en relación con lo aprobado. Su variación anual, con respecto a 2019, no sería positiva, como parece que fue; en realidad sería negativa, de -1.8% (-110.4 mmdp).

Enviar recursos a fideicomisos puede ser un buen truco para disimular un subejercicio incómodo, como el que se observó a lo largo de 2020. El dinero enviado a estos mecanismos puede permanecer ahí guardado por tiempo indefinido, sin ser gastado. Sin embargo, sí se registra como gastado en las cuentas del Gobierno, por el simple hecho de haber salido del presupuesto. Así es la contabilidad.

Es suma, transferir recursos del presupuesto a fideicomisos tiene como efecto una aparente reducción en el subejercicio, sin tener que haber gastado los recursos. Bastan unos cuantos pases mágicos, un bibbidi-bobbidi-boo, y se logra un efecto muy conveniente en un año en el que se acumuló un subejercicio que bordeó el escándalo, pues lo necesario era gastar de más, no de menos, pero sobre todo garantizar beneficios para una población que enfrenta la mayor crisis de salud de los últimos 90 años.

[1] “Artículo 18. Todos los fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos que reciban recursos públicos en la Administración Pública Federal Centralizada, sin excepción deberán: (…) III. Publicar trimestralmente sus estados financieros; (…)”