Discurso de Ana Lilia Moreno en Parlamento Abierto: #ReformaEléctrica
La misión social de la CFE
- Apreciables legisladoras y legisladores;
- funcionarios públicos, especialistas, y colegas de la sociedad civil;
- amigos de los medios de comunicación;
- señoras y señores:
Buen día a todos.
Desde México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, A.C. agradezco mucho el espacio para expresar nuestras preocupaciones respecto de la misión social y el desarrollo productivo de la Comisión Federal de Electricidad en el marco de la reforma constitucional presentada por el presidente López Obrador.
Como preámbulo quisiera compartir que llevamos más de diez años analizando el sector energético desde los ángulos de las finanzas públicas, la gobernanza, la regulación, la política energética, y la competencia económica. Ponemos a su disposición nuestros estudios en el portal de internet de México Evalúa.
La reforma que hoy comentamos plantea el retirar a la CFE su mandato principal de generar valor y rentabilidad con sustentabilidad. Y, lo sustituye por un triple mandato:
- Hacerse cargo de toda la cadena de suministro de la industria eléctrica,
- Convertirse en el regulador de sí mismo y en el operador de todo el Sistema Eléctrico Nacional, y
- Hacerse cargo de la política pública y la política industrial relacionada con la transición energética.
En palabras sencillas, la CFE se mandaría sola, sin contrapesos y sin mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas ya que operaría bajo un régimen de excepción legal en materia económica, aunque de facto se comporte como un monopolio y un monopsonio de un insumo esencial para toda la actividad económica, política, social y cultural del país.
¿Qué tiene que ver esto con la misión social de la CFE?
Mucho. El aislar a la CFE en este sentido podría abrir puertas a la discrecionalidad, a la corrupción, a la opacidad en la determinación de contraprestaciones en contratos, en la revelación de información sobre los impactos sociales y medioambientales, en el ejercicio de atención a los consumidores. Todo esto en contra de las tendencias actuales que están incorporando al modelo capitalista en el cual estamos insertados aunque no nos guste, la atención a los actores interesados en el desempeño de las empresas (los clientes, los proveedores, los empleados, las comunidades afectadas por los impactos, entre otros) como generación principal de valor.
Con esta reforma, CFE estaría en una posición administrativa que dificultaría a personas físicas y morales a acceder y defender sus derechos.
En el pasado, y esto se defiende a lo largo de toda la exposición de motivos de la iniciativa, lo normal era que los países tuvieran sistemas verticalmente integrados para generar, transmitir, distribuir y entregar al usuario final el servicio eléctrico.
La electricidad era considerada como un servicio público exclusivamente suministrado por el Estado.
Sin embargo, el cambio tecnológico que se ha dado en los últimos años permite generar electricidad a partir de fuentes descentralizadas y estructuras horizontales y más flexibles.
Aquí el conflicto y la disfuncionalidad en materia de gobernanza que observamos en el sector eléctrico: los autoabastos, los Productores Independientes, el mercado eléctrico mayorista y los suministradores calificados. Tenemos figuras del pasado y del presente en un esquema confuso que es necesario arreglar. Nuestra posición es que en vez de modificar la constitución se trabaje de manera seria para migrar los autoabastos y PiES al mercado y robustecerlo, abrir subastas de mediano y largo plazo y destinar el dinero publico a inversión en líneas de transmisión y almacenamiento. Para aprovechar las ventajas que da el funcionamiento del mercado para asignar de manera eficiente las centrales de carga y lograr mejores precios y competitividad.
Nos encontramos ante uno de los fenómenos más disruptivos de nuestro tiempo, y nuestras instituciones deben configurarse para aprovecharlo.
Enfrentamos ya todos los países los estragos de la emergencia climática pero también estamos ante la oportunidad descarbonizar la forma en que producimos, consumimos y transportamos.
Esto es un cambio de paradigma radical. Pero requiere de un cambio cognitivo.
Necesitamos modificar nuestra forma de escuchar y percibir lo que está ocurriendo en la realidad para entender que estar a la altura de las circunstancias requiere descentralizar, de democratizarla, de federalizarla la energía.
Soy madre de una niña de 8 años, me preocupa mucho su futuro. Los errores que hoy se cometan serán cargas que ellos, las generaciones que vienen detrás y que no cuentan con espacios de expresión como este Parlamento tendrán que pagar.
Esta iniciativa va en el sentido contrario. Perdonen mi expresión. Pero este diseño que se propone votar corresponde a mentalidades obsoletas.
Para México, los diagnósticos de vulnerabilidad ante el cambio climático son preocupantes. Según el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, ante aumentos en la temperatura promedio en nuestro territorio nacional
En términos económicos, los costos acumulados por sequías e inundaciones podrían implicar pérdidas de por lo menos el 50 por ciento del Producto Interno Bruto actual de México.
Quiero ser muy vocal: la mejor política social es establecer las mejores condiciones para el crecimiento económico: empleos bien pagados y bienes y servicios accesibles y asequibles para la población provistos por agentes privados y públicos en una convivencia sana, bajo una regulación inteligente y fuerte.
Según los cálculos que han desarrollado mis colegas del Instituto Mexicano para la Competitividad, de aprobarse la reforma, CFE enfrentaría hasta 418 mil millones de pesos en costos adicionales durante el periodo 2022-2028.
Costos que la planta productiva tendría que trasladar a los precios finales. ¿Quién pagaría el costo social? Los consumidores.
Sabemos, por estudios que hemos realizado en México Evalúa, que, dada la Hacienda pública tan débil que tenemos, México no podría aumentar significativamente el subsidio eléctrico para estabilizar un aumento generalizado en precios de la electricidad.
Se ha dicho también en este Parlamento que la CFE buscaría incorporar tarifas sociales eléctricas. Pregunta: ¿cómo se financiarían? La cobija es corta. Unos consumidores acabarían subsidiando a otros.
Actualmente nuestra economía tiene un tamaño similar al que tenía en el segundo trimestre de 2016. El país necesita un plan de desarrollo económico con inversión privada y pública que genere empleos de calidad que detonen el crecimiento para recuperarnos. Por lo menos requerimos 24% del PIB de inversión pública y privada y 300,000 empleos. Esta reforma no lo va a lograr.
Va a ocasionar el efecto contrario. Ya lo estamos viendo con la sola presentación de la misma.
¿El arreglo institucional que plantea la iniciativa de reforma constitucional resuelve los problemas que el país debe enfrentar?
Hablaré brevemente de dos temas:
1. La responsabilidad ambiental y social de la CFE ha sido una deuda con el pueblo de México
Desde México Evalúa hemos sido muy vocales en apuntar los errores del pasado y los del presente. Nuestra la labor es evaluar la acción gubernamental.
La CFE, ni como empresa paraestatal, ni como empresa productiva del estado ha desarrollado una política de responsabilidad social y medioambiental proporcional a su tamaño y mucho menos al impacto de sus operaciones.
En el año 2018 recibió recomendaciones respecto de la pertinencia de tomar este tema con seriedad y continuidad desde el Consejo de Administración. Era en ese entonces pertinente, y es ahora urgente, que la CFE desarrolle diagnósticos transparentes sobre sus riesgos no financieros con un carácter estratégico.
En el año 2022, la firma de evaluación del estándar ASG (ambiente, social y gobernanza) en materia de transparencia financiera Sustainalytics ya hizo pública la calificación de riesgo de la CFE. Y como se puede ver en la lámina, con datos a octubre de 2021, la CFE registra una calificación de riesgo severo ubicándose dentro de las 10 empresas más riesgosas de su categoría.
Actualmente, la CFE no cuenta con una política de responsabilidad social y medio ambiental acorde con las mejores prácticas. Es más, Pemex cuenta con una, perfectible, pero al menos cuenta con reportes de sostenibilidad desde 1999 y programas como el PACMA que si bien son perfectibles, existen y son sujetos de evaluación. En CFE no hay nada. Es urgente que la CFE se actualice y ponga a disposición del público información y mecanismos de retroalimentación con sus partes interesadas. Estamos en la mejor disposición de apoyarlos.
Hace seis días, la CFE emitió un bono verde por 1750 mdd y fuentes periodísticas han difundido sobre intenciones de la CFE de acelerar el paso en materia de ASGs. Pregunto. si la CFE dejara de ser empresa, ¿tendría acceso a este tipo de financiamiento? ¿querría?
Se que para muchos de ustedes, todo lo que huela a capitalismo debe ser condenable. La iniciativa de reforma plantea desde su primer párrafo una condena total a la reforma 2013. Y es difícil hablar en defensa de los mecanismos de mercado sin exponerse a la denostación y a la descalificación.
Las señales apuntan a que en los próximos años el estándar ESG, que agrega un factor objetivo de sostenibilidad a las fórmulas tradicionales de creación de valor, será norma contable y referencia financiera mundial. El objetivo es que
ayude a guiar las decisiones de los usuarios de los estados financieros en un contexto de mercado; es decir, las empresas con buenas calificaciones ESG tendrán mejores oportunidades de financiamiento global en los mercados financieros.
2. La pobreza energética
Atención a la pobreza energética: El Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE) es el único fideicomiso que hoy funciona para electrificar las comunidades aun desconectas, el Fondo de Servicio Universal Eléctrico, cuyo financiamiento proviene directamente de los excedentes de las pérdidas técnicas del mercado eléctrico mayorista. Si esta reforma se aprobara, ¿el fideicomiso tendría cabida en el presupuesto federal? ¿Cómo se atendería a la población más vulnerable?
Nuestro país enfrenta rezagos en el consumo de energéticos muy importantes. Actualmente, 2 millones de mexicanos están desconectados de la electricidad. Pero, de acuerdo con estudios realizados en el Colegio La Frontera Norte por el Dr. Rigoberto García-Ochoa, un tercio de los mexicanos podrían no estar teniendo acceso a energéticos de calidad y a buen precio. Aquí hablamos no solo de electricidad, sino de acceso a combustible.
México requiere de una política integral que habilite mecanismos de diagnóstico de forma dinámica e independiente que den cuenta del status de los mexicanos en relación al acceso a energéticos asequibles. De eso se trata el derecho humano a la energía.
El caso más extremo son los 13.5 millones de hogares que, según datos del INEGI a 2020, utilizan leña o carbón como principal energético, exponiéndose a enfermedades respiratorias graves, siendo los grupos más vulnerables -mujeres, niños y ancianos- los más afectados. Como se ve en la lámina, 70% de los estados en México presentan este tipo de carencia.
Por todo lo anterior, considero que los grandes problemas que un arreglo institucional efectivo debe resolver son:
- Los riesgos y las necesidades que establece la emergencia climática para México;
- una política efectiva de sustentabilidad y responsabilidad corporativa que le permita a la empresa ser más eficiente para la generación de valor, de innovación, de rentabilidad;
- la pobreza energética que debe combatirse a través de un sistema que brinde seguridad energética a la población;
- y la resolución de problemas que inhiban que el sector eléctrico sea más competitivo.
Muchas gracias.
