Un debate inaplazable: el Poder Judicial que necesitamos

Laurence Pantin (@lpantin) y Adriana Aguilar (@adi_aguiarias) | Animal Político
La reciente vinculación a proceso e imposición de prisión preventiva a Rosario Robles por el caso conocido como la Estafa Maestra suscitó cuestionamientos, en particular por la relación familiar que el juez de control que dictó la resolución tiene con la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados por Morena, Dolores Padierna. Y es que poco después de esta resolución, se supo que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna es sobrino de la legisladora y, dada la notoria (y pública) animadversión de ambas después del encarcelamiento del esposo de Padierna, René Bejarano, a raíz de los videos divulgados por la expareja sentimental de Robles, Carlos Ahumada –donde se veía al primero recibir un soborno de manos del segundo–, se alzaron algunas voces para denunciar el conflicto de intereses del juzgador[1].
Y el tema es que, más allá de que la resolución pueda ser sustentada, e incluso del hecho, resaltado por el Consejo de la Judicatura Federal en un comunicado, de que el caso le fue asignado de manera aleatoria, lo correcto hubiera sido que el juez se excusara. En efecto, según los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, “un juez se descalificará de participar en cualquier proceso en el que no pueda decidir el asunto en cuestión de forma imparcial o en el que pueda parecer a un observador razonable que el juez es incapaz de decidir el asunto imparcialmente”. Es decir, para ser confiable, la justicia no solamente debe ser independiente, sino también parecerlo.
Este caso de “rabiosa actualidad” ilustra uno de los mayores problemas que padecen los poderes judiciales hoy: la desconfianza en torno suyo, a causa de las sospechas de intervención política en los asuntos jurídicos o de las prácticas indebidas (llámese conflictos de intereses y actos de corrupción, entre otros) de algunos juzgadores. Este contexto es un terreno fértil para que surjan manifestaciones de rechazo hacia los poderes judiciales, como son las expresiones en redes sociales alrededor de los hashtags #RenovarPoderJudicialYa y #FueraJuecesCorruptos o la marcha que realizaron el pasado domingo ciudadanos y organizaciones para pedir la destitución de jueces y magistrados “corruptos”.
Frente a esta situación, es urgente impulsar una transformación de los poderes judiciales, tanto a nivel federal como estatal.
Así han debido pensar los diputados y senadores, que desde el inicio de esta Legislatura han presentado más de 25 iniciativas de reformas a los poderes judiciales, enfocadas esencialmente en tres ejes: por una parte, la austeridad y el combate a la corrupción y al nepotismo; por otra, el fortalecimiento de la independencia judicial; y finalmente, el impulso de la paridad de género.

Intenciones buenas, dudosa ejecución

Entre las primeras se inscriben propuestas para que los salarios de funcionarios públicos, entre ellos los de jueces y magistrados, no rebasen el del titular del Ejecutivo[2]. El senador Ricardo Monreal también presentó una iniciativa para suprimir los Consejos de la Judicatura a nivel estatal. Otras dos iniciativas presentadas por Monreal prevén la creación de una nueva sala de la Suprema Corte especializada en anticorrupción, que evitaría el gasto que implicaría la instauración de la Tercera Sección de la Sala Superior y de las cinco salas especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas prevista en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como la creación de un Tribunal Federal Anticorrupción y sus equivalentes en los estados. Destacan también las iniciativas del coordinador de la bancada de Morena para imponer exámenes de control de confianza a los empleados del Poder Judicial, y obligar al Consejo de la Judicatura a cambiar los jueces y magistrados de adscripción cada tres a seis años, con el fin de evitar que éstos desarrollen vínculos cercanos con algún despacho, o para prevenir el nepotismo.
Por otro lado, entre las iniciativas que pretenden fortalecer la independencia judicial se encuentran unas que proponen implementar nuevos requisitos y mecanismos de designación de los ministros de la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) o de los Consejeros de la Judicatura; otra que busca obligar a los estados a dedicar por lo menos 2% de su presupuesto a los poderes judiciales y armonizar el proceso de selección de los magistrados a nivel estatal, así como algunas enfocadas a fortalecer la transparencia de las sentencias judiciales[3].
Finalmente, distintas iniciativas por parte de Morena y el PES proponen reforzar la paridad de género en las estructuras de los Poderes Judiciales, mediante distintos mecanismos.
Si bien es cierto que la mayoría de las propuestas presentadas denotan buena intención, como ya lo mencionamos algunas de ellas carecen de un diagnóstico basado en evidencia sobre los problemas que pretenden atender y, de entrar en vigor, podrían llegar en ocasiones a vulnerar principios rectores de los órganos judiciales. Por otra parte, estas iniciativas no atienden temas fundamentales, como lo es el fortalecimiento de los procesos de selección y formación continua de los funcionarios judiciales, por ejemplo.
El tema, como ven, requiere de una discusión más profunda, con un involucramiento de la ciudadanía más puntual. Por eso, junto con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, el colectivo #LoJustoEsQueSepas[4] convoca el próximo 4 de septiembre al Foro “Debate inaplazable, las transformaciones que los Poderes Judiciales necesitan en el México del siglo XXI”. A partir de las 8:30 horas, en la antigua sede del Senado, representantes de los poderes judiciales, legisladores, académicos y ciudadanos dialogaremos sobre los cambios necesarios para contar con poderes judiciales independientes, eficientes, accesibles, transparentes y que rindan cuentas.
La intención es poner sobre la mesa tres temas que nos parecen de gran relevancia: independencia y gobierno judicial, mecanismos de selección y perfiles idóneos de jueces y magistrados, y, finalmente, transparencia judicial y participación ciudadana.
El próximo 4 de septiembre los invitamos a acompañarnos y sumarse a este debate, que representa un primer esfuerzo para reflexionar, en conjunto, sobre las reformas que se necesitan para consolidar una infraestructura judicial eficiente, efectiva, imparcial, independiente, transparente, indispensable para avanzar hacia una sociedad con menos corrupción e impunidad.

[1] De hecho, por esto, los abogados de Rosario Robles presentaron una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.
[2] En octubre de 2018, la diputada de Morena María Chávez Pérez presentó una iniciativa para reformar los artículos 94 y 116 de la Constitución mexicana, que prevén que los sueldos de los más altos funcionarios judiciales no pueden ser reducidos durante su encargo. Asimismo, el pasado 13 de agosto, el Ejecutivo presentó una iniciativa para reformar los artículos 116 y 127 de la Constitución de tal modo que ningún servidor público pueda obtener un salario mayor al que percibe el presidente de la República, lo que ya es el caso de los funcionarios de la Administración Pública Federal, por lo que, en la práctica, esta reforma impactaría a los funcionarios federales del Poder Judicial y de los órganos autónomos, así como a los funcionarios estatales, que todavía no han alineado sus sueldos sobre los del Ejecutivo.
[3] Algunas de las iniciativas que buscan obligar a los poderes judiciales a publicar todas sus sentencias fueron impulsadas por el colectivo #LoJustoEsQueSepas.
[4] El colectivo #LoJustoEsQueSepas está integrado por México Evalúa, Equis Justicia para las Mujeres, Artículo 19, Borde Político, Controla tu Gobierno, MCCI y Fundar.