Edna Jaime / El Financiero

En los días posteriores a los terremotos del 7 y 19 de septiembre de 2017, Change.org lanzó una petición al Instituto Nacional Electoral (INE) a fin de que se donara los casi siete mil millones de pesos de las prerrogativas de los partidos políticos a las víctimas de los sismos. En cuestión de horas se registraron más de un millón 600 mil firmas. En otra petición del 20 de septiembre de 2017, en la misma plataforma, se registraron más de un millón 100 mil apoyos a la campaña que llevaba por nombre “Canalizar los recursos de los partidos políticos a la reconstrucción de zonas afectadas”. La autoridad electoral y los partidos, respondieron de inmediato.

La mayoría de los partidos manifestaron su intención de donar recursos provenientes de su financiamiento público a la causa. El INE tuvo que aclarar que no era viable que el gasto etiquetado para los partidos se destinara a otros rubros. Se definió entonces como mecanismo alterno que los partidos renunciaran ante el INE a la totalidad o a parte de sus prerrogativas, de forma tal que la autoridad electoral pudiera realizar transferencias de lo donado a la SHCP, con el fin de que ésta lo destinara a su vez al fondo de desastres naturales o a otros rubros relacionados con la reparación del daño a los damnificados.

Bajo ese mecanismo el PRI donó 258 millones de pesos, seguido del PAN con 195 millones. Morena en cambio, no renunció a su financiamiento público. En su lugar, optó por la constitución de un fideicomiso privado al cual se donaron 70 millones de pesos provenientes de miembros, simpatizantes, dirigentes y legisladores del partido. El 17 de julio pasado, el INE resolvió la queja que interpusiera el PRI, con relación a una supuesta infracción a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de recursos durante las campañas a través de este fideicomiso. El INE impuso una multa al partido por 197 millones de pesos. La resolución ha sido impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se está en espera de la sentencia.

Los fideicomisos cuando se relacionan con la política y los recursos públicos suelen generar sospechas, pues por su naturaleza son regulados por el marco jurídico financiero, el cual ha sentado sus bases en la protección de la información y el patrimonio de sus usuarios. En ese sentido, pese a que existen una serie de disposiciones administrativas, dispersas en distintas leyes y reglamentos, es común que el fideicomiso permita evadir las normas referentes al control del gasto, la transparencia y la rendición de cuentas y relacionarse con actos de corrupción.

En mayo del presente año, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, presentó el documento denominado “Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público”, el cual permite dimensionar los problemas relacionados con esta controvertida figura.

Actualmente el gobierno federal reporta la existencia de 374 fideicomisos públicos, los cuales concentran más de 835,477 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación advierte que los fideicomisos permiten evadir normas de adquisiciones, contrataciones, arrendamientos y servicios, así como adquirir pasivos que no se revelan, evitar el control y la fiscalización de recursos, su devolución a la Tesorería de la Federación, y una serie de irregularidades en el manejo y el destino del gasto. Los fideicomisos son tan controvertidos como legales.

El hecho es que el fideicomiso relacionado con Morena ha terminado por amargar la celebración previo a la entrega de constancia de mayoría.

Ahora el Tribunal Electoral tiene en sus manos este asunto que es por demás delicado.

El próximo gobierno ha anunciado que cancelará los fideicomisos públicos existentes.

Bien haría, primero, en reconocer la legitimidad de las instancias electorales y acatar su fallo.

Después, tomar el tema de los fideicomisos con absoluta seriedad. La sugerencia de mis colegas de Fundar es que el próximo gobierno debe comenzar con diagnósticos de los fideicomisos de los cuales se tiene registro, así como de aquellos que sin ser públicos tienen impacto en intereses públicos y establezca y haga cumplir obligaciones de transparencia, así como controles y vigilancia sobre ellos. Las recomendaciones de Fundar merecen ser revisadas en esta coyuntura y ser consideradas en cualquier reforma que se planteé al respecto.

Esta sería una buena manera para que el próximo gobierno se saque esta espina, una que sin duda lastima su presumido halo de integridad.