De dudas educativas y sinsabores legislativos
Marco Fernández (@marco_fdezm) | Nexos
El pasado 31 de octubre, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, acudió a la Comisión de Educación del Senado para explicar, conforme a lo mandata el artículo 93 constitucional, detalles de lo reportado por el gobierno federal en el informe de labores que se presentó el 1 de septiembre. Un ejercicio que debiera representar un espacio mínimo para la rendición de cuentas, en el que los representantes de los estados fueran capaces de entablar diálogos críticos y constructivos sobre los principales avances y retos de la política educativa. Sin embargo, en las 4 horas y 33 minutos que duró la comparecencia del secretario Nuño fueron escasos los cuestionamientos que buscaron entender a cabalidad el estado que guarda hoy la reforma educativa y los demás aspectos de la política en esta materia.
Al inicio de la reunión, el presidente de la comisión, el panista Juan Carlos Romero Hicks, señaló que no se trataba de dibujar ni una leyenda rosa ni tampoco negra de la Reforma Educativa. Entre diversos temas, el panista ironizó sobre la persistencia de la opacidad en la política educativa, cuestionó la forma en que se centralizó la nómina magisterial a “decretazos” y con la persistencia de pagos ilegales de personas que cobran como maestros y se desempeñan en otras labores administrativas educativas y/o sindicales. Romero Hicks recordó que no ha habido hasta ahora cambio alguno al plan de estudios de las escuelas normales, lo que dificultará la correcta implementación del nuevo modelo educativo que comenzará —oficialmente de forma completa— en agosto del próximo año. Sin embargo, el formato de la comparecencia permitió al secretario de educación ignorar por completo el posicionamiento inicial del panista y, por ende, con tranquilidad evitó responder a los señalamientos del presidente de la comisión legislativa.
Las intervenciones que se sucedieron posteriormente retrataron las dolencias legislativas y la debilidad de este “ejercicio republicano de rendición de cuentas”. Por un lado, desde la oposición predominaron preguntas con poco rigor analítico, largas divagaciones de experiencias personales de los legisladores, y pocos señalamientos para entender puntualmente las fortalezas y limitaciones en la implementación de la reforma educativa. Por el otro lado, si bien es de esperarse que los legisladores del partido en el gobierno busquen “proteger” la visita que les hacen sus compañeros correligionarios al recinto legislativo, esto no debiera significar que sus intervenciones fueran sólo un recuento de halagos al presidente y a su secretario, o preguntas de escasa profundidad, inútiles para avanzar en la evaluación de los resultados de la política educativa. No obstante, al escuchar la intervención de los diversos legisladores del PRI y del PVEM es imposible encontrar un cuestionamiento que apunte a las dificultades o errores que se han cometido en la implementación de la reforma educativa. Por ejemplo, la senadora Hilda Flores del PRI atacó a quienes cuestionan la reforma educativa –en particular a sus compañeros senadores del PAN– porque en su visión nada se hizo en materia educativa durante el panismo y, “pese a quien le pese” el actual gobierno es un verdadero defensor de la promoción educativa. Por ende, sólo le bastaba dar reconocimiento a Nuño y a su equipo. No sorprende que literalmente no hiciera cuestionamiento alguno al secretario. Otros, como el senador Raúl Aarón reconoció que aún faltaba mucho por avanzar en la reforma educativa —sin señalar cuáles pendientes específicos tienen que atenderse— y se limitó a cuestionar a Nuño sobre la forma en que el gobierno ha incorporado a los padres de familia como parte de la comunidad educativa y las acciones para fortalecer el proceso de autogestión de la escuela.
Desde la oposición el escenario no fue mucho mejor. Por ejemplo, el senador, antes perredista y ahora miembro del PT, Fidel Demédicis se concentró en expresar su preocupación por la obesidad infantil, al tiempo que apeló a sus recuerdos de cuando se desempeñaba como profesor, para referir que en la visita a las antiguas escuelas donde había dado clase en Morelos aún estaban las mismas herramientas de taller que utilizó para enseñar a sus alumnos, lo que a su parecer, revela el abandono de las escuelas en el país. Demédicis recalcó su preocupación sobre la calidad educativa, destacando la importancia de la nutrición de los niños que acuden al aula, pero omitió cualquier pregunta sobre políticas fundamentales asociadas a la búsqueda de dicha calidad educativa.
El neopetista y el resto de los miembros de la comisión de educación, mostraron poco interés para entender los avances y retos que persisten en uno de los ejes fundamentales de la reforma educativa: la evaluación magisterial. Nada sobre la implementación de la evaluación educativa, su diseño, sus ajustes, el uso de sus resultados para los cursos de formación docente, el retraso en el avance de la evaluación de desempeño de los profesores, que se había prometido sería de su totalidad hacia finales de 2018 y que no lleva ni siquiera más de un 20 por ciento del total del magisterio.
Los legisladores no se han enterado, al parecer, de las quejas de los docentes de nuevo ingreso sobre la insuficiencia de las tutorías que mandata la ley del servicio profesional docente para prepararlos adecuadamente antes de su evaluación obligatoria al concluir sus primeros dos años de servicio, y que de no ser aprobatoria conlleva una separación inmediata del servicio docente sin responsabilidad para el Estado. Estas quejas las ha apuntado el INEE en un informe especial entre los docentes para entender los aciertos y problemas de las primeras rondas de implementación de la evaluación al ingreso, promoción y desempeño magisterial. No obstante, los legisladores y sus asesores no están enterados sobre dichas preocupaciones docentes o a lo mejor las consideran secundarias, porque no fueron materia del intercambio de opiniones con el secretario Nuño.
Además del inicio crítico del presidente de la comisión, destacan dos momentos “polémicos” en la reunión legislativa. El primero, cuando el senador Mario Delgado de Morena cuestionó al secretario sobre la renta de oficinas por parte de la SEP en la antigua sede del centro Bancomer en el sur de la ciudad, lo que según Delgado, lejos de representar un ahorro presupuestal —como ha señalado la autoridad educativa— termina siendo un gasto oneroso para el gobierno. Dicho gasto es criticable, según el senador morenista, en particular por el contraste de la situación en la que se encuentran cientos de escuelas afectadas por el sismo y en el que hay alumnos o que no han regresado a clases o están asistiendo a aulas temporales y precarias. Este gasto es aún más preocupante si se observa el reiterado gasto por encima de lo aprobado por los diputados para el arrendamiento de oficinas, que de acuerdo con Delgado fue 20 por ciento más en 2015 y superior en 47 por ciento en 2016. Nuño aclaró que no se ha cambiado de despacho, sino que sigue laborando desde República de Argentina donde está la sede histórica de la SEP. Pero explicó que los 81 edificios dispersos de la SEP que se encuentran en la Ciudad de México, de los que varios resultaron afectados por el sismo, están siendo consolidados en la referida sede al sur de la capital con ahorros para los contribuyentes y seguridad para los trabajadores de la secretaría.
La segunda polémica se presentó al final cuando Romero Hicks preguntó si se le permitía el uso de la palabra al coordinador petista Manuel Bartlett, lo que provocó la molestia de los legisladores priistas. Entre descalificaciones y señalamientos de un lado y el otro con “a mí no me callas”, “diles Nuño que no tienes miedo”, “no estaba en la orden del día”, entre otros, el secretario observó con tranquilidad la polémica entre los legisladores. Al final, el expriísta y de quien, con el antecedente de que fue secretario de educación al inicio del gobierno de Carlos Salinas, se hubiera esperado cuestionamientos de mayor calado sobre la política educativa, se limitó a repetir la perorata de que la reforma es una imposición de la OCDE y del Banco Mundial y meramente laboral. Ningún cuestionamiento, por ejemplo, sobre el escaso sustento educativo que ha acompañado el reparto primero de las laptops y tabletas educativas, para ahora ser sustituidas ante la escasez presupuestal y deficiencias educativas por la estrategia Aprende 2.0.
Lo que debió haber servido de un intercambio productivo para explicar a la sociedad cuáles son los logros, los errores y retos que se enfrentan en materia educativa, se tornó un ejercicio fútil de críticas endebles, halagos fáciles y una tarde-noche tranquila para el secretario de educación. Es por ello, que ante la fragilidad de los cuestionamientos de los legisladores, me permito compartir cuestionamientos que pudieran servir para reflexionar sobre los avances y pendientes educativos, máxime la especulación de la posible aventura político-electoral del aún secretario de educación Aurelio Nuño. Es un deseo —y muy probablemente sólo eso— que la autoridad educativa responda algunos de ellos para rendir cuentas a la ciudadanía sobre el desempeño de una política toral para el futuro del país como lo es la reforma educativa en curso. Dicha reforma representa desde mi perspectiva, cambios sustantivos y —muchos de ellos positivos— en el funcionamiento del sistema educativo, pero a su vez adolece de deficiencias y errores importantes en su implementación, los cuales urge atender si queremos avanzar en la agenda de calidad y equidad educativa necesarias para el país.
Preguntas puntuales al secretario Aurelio Nuño
1. Los resultados de la ASF en la revisión de las cuentas de 2015 y 2016, han detectado una suma significativa de recursos bajo observación, principalmente del programa nacional de inglés o el programa sectorial de educación.
a. ¿Qué medidas se han tomado para corregir dichas inconsistencias en el transcurso del ejercicio del 2017 y que sanciones ha interpuesto la dependencia contra los responsables?
2. Se han agotado los recursos contemplados con los seguros de las escuelas. ¿Qué medidas adicionales se tienen para permitir la reparación – reconstrucción de escuelas– en caso de que se presente un fenómeno meteorológico o un temblor que afecte a la estructura de educación básica durante lo que resta del país?
¿Se tiene contemplado incrementar los seguros de protección de infraestructura educativa para el próximo año? ¿Cuál será la diferencia respecto a los que entraron en vigor este año?
3. ¿Cuántos recursos y plazas se necesitan para implementar el nuevo modelo educativo? Por ejemplo, se habla de la importancia de la enseñanza no sólo de inglés, sino de tener educación física y actividades culturales en las escuelas de educación básica. Esto implicará un número de plazas y recursos adicionales para el sector que no ha hecho público la SEP. ¿Nos puede dar un diagnóstico detallado en esta materia?
4. Se dio a conocer la suspensión de la evaluación docente por razones asociadas al temblor. Sin embargo, dentro del listado de estados en los que suspendió la evaluación se incluye a Michoacán. ¿Por qué es éste el caso?
5. Recientemente se presentó un trabajo en el senado sobre el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), contemplado en el marco de la reforma educativa como un insumo fundamental para brindar información educativa del país. De hecho el director de éste estuvo presente en dicho evento. ¿Por qué sigue operando con deficiencias sustantivas dicho sistema? ¿Cómo se están solucionando problemas en la calidad de la información en materia educativa que se intercambia con las autoridades estatales? ¿Cuándo estará lista su implementación?
6. ¿A cuánto ascienden los ahorros asociados a la centralización del pago de la nómina docente mediante el FONE? Se habló en su momento de economías que oscilarían entre 30 mil y 90 mil millones de pesos. En septiembre de 2015 en un punto de acuerdo del Senado se solicitó al gobierno federal información sobre dichas economías. Sin embargo, de acuerdo a la propia secretaría técnica de esta comisión nunca se recibió esta información. ¿Hubo o no economías al centralizar la nómina? ¿A cuánto ascienden y en qué han consistido?
7. Usted ha referido que hicieron por primera vez una auditoría de la nómina magisterial, detectando el pago indebido de 40 mil plazas con un costo de 5 mil millones de pesos. ¿Por qué no ha enviado un informe detallado de dicha auditoría a esta comisión? ¿Qué acciones legales se han tomado en contra de quienes permitieron y recibieron los pagos ilegales detectados ?
8. Hablando de los múltiples retos que persisten en materia de transparencia sobre estadísticas educativas ¿Por qué no se publican los detalles de la nómina educativa en la Ciudad de México que depende de la secretaría a su cargo? Los informes trimestrales del FONE contemplan detalles desde el RFC, CURP, clave de la plaza, centro de trabajo, salario, licencia, fecha de licencia en caso dado, etc. En el caso de la Ciudad de México se financia con recursos del ramo 25, pero diversas peticiones de información sobre el tema han argumentado datos personales para no transparentar esta información. ¿Por qué la resistencia a transparentar la nómina educativa en Ciudad de México y al mismo tiempo se habla de las irregularidades en los estados? La ASF señaló en su informe de la cuenta pública el año pasado que detectó pagos indebidos no sólo en las entidades federativas, sino en esta ciudad, ¿qué acciones ha tomado la secretaría a su cargo para corregir estas anomalías en las escuelas de educación básica a su cargo en la capital del país?
9. Además de los esfuerzos hechos con la nómina federalizada, y en consonancia con la coordinación que se dice hay con las autoridades estatales, ¿qué evidencias tenemos de que se ha terminado con el pago de los comisionados financiados con recursos estatales? Esto se relaciona a la problemática del SIGED anteriormente referida, ¿por qué no tenemos información completa de la nómina magisterial total del país? ¿Cómo se están coordinando con las autoridades estatales para hacer pública la información de la nómina financiada con recursos de las entidades?
10. ¿Cuántos maestros han sido despedidos en términos del artículo 76 de la ley del servicio profesional docente desde que entró en vigor? ¿Por qué no se ha hecho pública la lista de estas remociones? ¿Tenemos este número y el listado de profesores por entidad federativa?
11. Ligado a lo anterior. ¿Cuáles son las cifras de ausentismo magisterial que se observa en educación básica? En el caso de la Ciudad de México esa información depende de ustedes. ¿Tenemos al menos cifras para la Ciudad de México?
12. Hace meses se hizo un evento para anunciar la estrategia para las escuelas normales. Sin embargo, es la fecha que no se ha hecho público el diagnóstico de las mismas. ¿Por qué no se ha publicado dicho diagnóstico, máxime que se hicieron consultas desde la gestión de su antecesor y, entre otros temas, se discutió la reforma de las escuelas normales? ¿Cómo se implementará una reforma a las mismas cuando no conocemos dicho diagnóstico?
¿Cuáles son las principales debilidades y fortalezas que la Secretaría a su cargo ha detectado en el funcionamiento de las escuelas normales?
13. Se habla de una estrategia de inclusión digital. Nuevamente se presentó hace meses dicha estrategia pero las evaluaciones de la ASF revelaron problemas sustantivos en la primera etapa con las laptops y tabletas. Problemas técnicos y una ausencia de estrategia pedagógica que acompañe a la introducción de estas herramientas tecnológicas. El año pasado los diputados eliminaron el presupuesto para este programa. ¿Cómo se está financiando su implementación durante este año?, ¿qué evidencias se tienen de los beneficios académicos que esté produciendo el programa?
14. ¿De qué forma piensan debe nuevamente reformarse la evaluación docente de cara a la implementación del nuevo modelo educativo? ¿Cuáles son los ajustes que contemplan?
15. Al anunciarse el programa de “escuelas al cien” se destacó que se lograría financiar el programa de mejora a las escuelas de educación básica mediante los bonos de infraestructura de educación, los cuales ascenderían a 50 mil millones de pesos. En su momento se insistió que dichos bonos no son deuda pública. A un año de que termine esta administración, de acuerdo a cifras del propio Instituto de Infraestructura Educativa (INIFED), sólo se tiene suficiencia presupuestal por 26 mil millones de pesos para dicho programa. ¿Cómo lograrán colocar los bonos para alcanzar la meta prometida de escuelas a atender cuando además ahora se tiene el reto de la reconstrucción de cientos de escuelas afectadas por los sismos de septiembre?
Marco Fernández
Profesor-investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa.
